Luis Petri enfrenta un nuevo escándalo político: el intento de vender 13.000 hectáreas pertenecientes al Ejército en la localidad cordobesa de La Calera. Se trata de un terreno de altísimo valor inmobiliario, rodeado de urbanizaciones privadas y emprendimientos de lujo, cuya cesión generó un fuerte pedido de explicaciones en el Congreso.
La iniciativa salió a la luz a partir de una presentación del diputado del PRO Oscar Agost Carreño, quien advirtió que la operación nunca fue formalizada y que existen “serias dudas sobre el trasfondo” de la medida. La pregunta que domina la escena es evidente: ¿qué ganancia real obtendría el Estado al desprenderse de tierras estratégicas de las Fuerzas Armadas en un mercado dominado por desarrollos privados?
Sospechas de negocios y privatización
El plan fue leído por la oposición como un nuevo intento de “optimización de recursos” que, en los hechos, podría derivar en una privatización encubierta. En el contexto de un gobierno nacional que ya mostró disposición a desprenderse de activos estatales, el caso de La Calera se enmarca en un debate sobre la defensa del patrimonio público frente a eventuales beneficios para sectores empresarios.
Una gestión bajo fuego cruzado
La polémica se suma a otros frentes que golpean de lleno a Petri. La obra social de las Fuerzas Armadas atraviesa una crisis financiera severa, con denuncias de mala gestión realizadas por altos mandos militares. A la vez, la cartera de Defensa aparece mencionada en un expediente judicial que investiga contrataciones con la droguería Suizo-Argentina por posibles hechos de corrupción.
Como si fuera poco, el mendocino combina su rol de ministro con la campaña como candidato a diputado, un doble juego que abre dudas sobre el uso político de su cargo y que acrecienta el desgaste de su figura dentro del gabinete de Javier Milei.
Congreso en alerta
La posible venta de las 13.000 hectáreas promete tensar aún más la agenda parlamentaria. Distintos bloques opositores ya adelantaron que exigirán explicaciones detalladas y advirtieron sobre el riesgo de desprenderse de tierras estratégicas del Ejército. “Está en juego no solo el patrimonio militar, sino también la transparencia en la administración de los bienes públicos”, señalaron legisladores que se sumaron al reclamo.
Credibilidad en jaque
El caso de La Calera profundiza la crisis de confianza en torno a Luis Petri. Lejos de consolidar una gestión centrada en la defensa de los intereses nacionales, el ministro acumula acusaciones de opacidad, sospechas de negocios poco claros y una agenda atravesada por cálculos electorales. Una combinación explosiva que no solo compromete su futuro político, sino también la credibilidad del propio gobierno de Milei.
