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POLÍTICA

21 de julio de 2025 · 00:00

Fernández Sagasti denunció penalmente a Cornejo por el convenio con Vialidad Nacional

La senadora acusa al gobernador de comprometer fondos provinciales en obras de competencia nacional, lo que implicaría malversación de fondos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La denuncia ya fue presentada ante la Justicia Federal.

 Fernández Sagasti denunció penalmente a Cornejo por el convenio con Vialidad Nacional

Grave denuncia penal contra Cornejo por las rutas nacionales: “Los mendocinos vamos a pagar tres veces”

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) presentó este lunes una denuncia penal ante la Justicia Federal de Mendoza contra el gobernador Alfredo Cornejo, a raíz del convenio que firmó la provincia con Vialidad Nacional. Según sostuvo, el acuerdo representa un serio perjuicio para Mendoza, ya que obliga al Estado provincial a financiar obras de mantenimiento en rutas que son de competencia exclusiva de la Nación, sin reembolso garantizado.

En una conferencia de prensa realizada en la Legislatura, Fernández Sagasti acusó al mandatario radical de incurrir en posibles delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. “Este convenio hace que los mendocinos terminemos pagando tres veces por arreglos que debe hacer el gobierno nacional”, lanzó.

La dirigente kirchnerista explicó que ya se tributan impuestos como el IVA o el impuesto a los combustibles para financiar la infraestructura vial nacional. Sin embargo, según lo anunciado por el propio gobierno provincial, se destinarán fondos de Portezuelo del Viento para cubrir parte de los costos. Como si fuera poco, se planea la instalación de peajes sobre los tramos intervenidos, lo que representa un nuevo gasto para los usuarios.

“No decimos que no se hagan las obras, sino que se hagan con los recursos que corresponden. Cornejo debería reclamarle a Nación lo que es de los mendocinos, no resignarlo sin condiciones”, sostuvo Fernández Sagasti.

Un convenio cuestionado

El acuerdo en cuestión implica que Mendoza se haga cargo del mantenimiento de tramos clave de las rutas nacionales 7, 40 y 143, entre ellos el acceso a la capital provincial por el Este y el Sur, así como la ruta entre Pareditas y San Rafael. Las tareas incluyen bacheo, fresado, construcción de terceras trochas, mantenimiento de puentes y señalización, entre otros trabajos.

Pese a que Vialidad Nacional mantendrá facultades de control y eventualmente podría reintegrar parte del dinero invertido, el convenio establece que toda responsabilidad económica y legal recaerá sobre la provincia, incluyendo indemnizaciones por posibles daños a terceros.

“El gobernador no está defendiendo los recursos de Mendoza, los está regalando. Esto no es eficiencia, es resignación ante el vaciamiento nacional”, disparó la senadora.

“Fin de ciclo”

Fernández Sagasti también aprovechó para lanzar una advertencia política: “El radicalismo mendocino atraviesa un fin de ciclo. Y cuando eso ocurre, aparecen las decisiones desesperadas y los posibles delitos”, dijo, en alusión a la interna provincial de Cambia Mendoza y la falta de control institucional que, a su juicio, se vive en la actualidad.

“La oposición debe salir de Twitter y ocupar su lugar en las instituciones. Por eso presenté esta denuncia de forma personal: no se puede naturalizar que Mendoza pague lo que debe cubrir Nación”, remarcó.

La respuesta oficial

Desde el gobierno de Cornejo defienden el convenio como una vía para agilizar obras clave ante la parálisis de la administración nacional, que ha recortado de manera drástica los fondos para infraestructura. El gobernador sostiene que no hay otra forma de avanzar en el corto plazo, pero la oposición alerta que este precedente puede comprometer las finanzas provinciales y debilitar aún más la posición fiscal de Mendoza.

Mientras tanto, la denuncia presentada ya fue ingresada en la Justicia Federal y será analizada por el fuero correspondiente. Fernández Sagasti concluyó afirmando que el objetivo es “ponerle límites al uso discrecional de los fondos públicos y defender las competencias que le corresponden a cada nivel del Estado”.

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