Lo que comenzó como un ejercicio ciudadano de control al poder derivó en una polémica causa judicial con ribetes de censura y persecución. Javier Fernández y Marcos Adrián Neirotti, dos vecinos mendocinos que decidieron denunciar supuestos actos de corrupción en el Senado provincial, hoy enfrentan medidas judiciales que les impiden, entre otras cosas, referirse en redes sociales a la vicegobernadora Hebe Casado, a quien habían señalado como responsable política de las irregularidades.

La denuncia original fue presentada a fines de 2023 e incluía graves acusaciones contra la conducción del Senado: presunta malversación de fondos públicos, ocultamiento sistemático de información y contrataciones directas sospechadas de favoritismo. En el centro de las críticas, además de Casado, se ubicaba su equipo más cercano.

Entre los hechos denunciados se destacan, por ejemplo, la contratación de una podóloga con un salario mensual superior a los 4 millones de pesos y la adjudicación directa de servicios de limpieza a una empresa denominada “Santa Negrita”, presuntamente vinculada a personas del entorno político de la vicegobernadora. También se remarcaba la negativa reiterada del Senado a responder pedidos de acceso a la información pública, obligación legal en toda administración estatal.

Sin embargo, lejos de avanzar con la investigación de esas irregularidades, la historia dio un vuelco inesperado: los querellantes fueron denunciados penalmente por la propia Casado. La acusación: amenazas. Según la vicegobernadora, ambos se habrían presentado en su despacho para intimidarla y habrían realizado publicaciones agresivas en redes sociales. El fiscal Gustavo Stroppiana, a cargo de la causa, les impuso medidas de restricción personal pese a que en su propio decreto admitió que “no existen elementos para imputar un delito”.

“El fiscal reconoció que no hay delito, pero les prohíbe acercarse a la vicegobernadora y los censura en redes. Es una aberración jurídica”, sostiene Marcelo Brescia, abogado defensor de Fernández y Neirotti. En un extenso informe de 18 páginas, al que accedió este medio, Brescia acusa al Ministerio Público de actuar como brazo judicial del Ejecutivo provincial: “Hoy en Mendoza, quien denuncia corrupción puede terminar perseguido por el Estado”.

Según la defensa, los únicos elementos incluidos en la causa son dos videos aportados por los propios acusados, que muestran su ingreso a oficinas del Senado para solicitar información pública. En esas imágenes, que ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía, no se advierte ninguna conducta intimidante, ni amenazas, ni improperios. Tampoco se los ve intentando grabar a Casado, ni siquiera mencionándola.

Paradójicamente, quien aparece alterada y levantando la voz en la filmación es la secretaria legal y técnica del Senado, Nuria Olivera, quien además representa legalmente a la vicegobernadora en esta misma causa, lo que —según la defensa— implica una grave incompatibilidad ética por tratarse de una funcionaria pública en ejercicio.

A pesar de todos estos elementos, el fiscal Stroppiana no solo se negó a archivar la causa, sino que desoyó un recurso de reposición presentado por la defensa, omitió convocar al juez de garantías y firmó un decreto sin fundamentos jurídicos sólidos. “Parece redactado por un emperador, no por un fiscal de la democracia”, ironizó Brescia.

Mientras la querella original por corrupción sigue activa y esta semana podría derivar en las primeras citaciones a funcionarios del Senado, Fernández y Neirotti permanecen limitados en su libertad de expresión. De persistir este escenario, la defensa ya anticipó que recurrirá a instancias federales e incluso organismos internacionales, argumentando persecución política y uso arbitrario del derecho penal como herramienta de silenciamiento.

Para amplios sectores del ámbito judicial y de derechos humanos, el caso empieza a encender alarmas sobre el estado de las garantías constitucionales en Mendoza. ¿Puede el aparato judicial ser utilizado para castigar a quienes denuncian? ¿Hasta dónde llega la influencia del poder político sobre el accionar de fiscales?

Mientras tanto, la pregunta de fondo interpela a toda la sociedad: ¿qué pasa cuando investigar al poder te convierte en enemigo del sistema?