En Mendoza, alzar la voz puede costar caro. Esta semana, César Castillo, trabajador del área de Hemodiálisis del Hospital Central con más de tres décadas de trayectoria, fue despedido luego de participar de una protesta por mejores condiciones laborales. El hecho desató una ola de repudios y una nueva declaración de alerta por parte de cuatro gremios de la salud que ya anticiparon acciones sindicales y judiciales si no se revierte la medida.
AMPROS, Sipes, Sitea y los Autoconvocados del Hospital Central encabezaron una manifestación este jueves en la puerta del nosocomio, donde dejaron claro que no se trata solo de una defensa individual, sino de una denuncia más amplia: la persecución a quienes protestan y la consolidación de la precarización como norma en el sistema de salud provincial.
De reclamar a ser despedido
Castillo fue notificado en su domicilio con presencia policial y de un escribano de que su contrato como prestador quedaba rescindido. La razón oficial: “no haberse adaptado a las nuevas normativas del servicio”. Pero para sus compañeros y dirigentes gremiales, la verdadera causa fue haber alzado la voz contra un sistema que lo mantiene como monotributista desde hace más de cinco años, sin obra social, sin aportes jubilatorios ni licencias.
Gabriela Cortez, de Sipes, señaló: “Tiene un legajo impecable. Es formador, tiene más de 30 años de trayectoria y lo echan por protestar. Esto es impropio de una democracia”. A su vez, Marcela Mora, de AMPROS, calificó el hecho como “inaudito” y denunció que hay al menos 3.000 trabajadores en la salud pública provincial en condiciones similares de precarización.
Represalias sistemáticas
El caso de Castillo no es aislado. El mismo día de la protesta, trabajadoras de Terapia del Central denunciaron que todos los que participaron recibieron calificaciones negativas en sus planillas semanales. Las represalias, lejos de reducirse a un hecho puntual, evidencian un patrón de disciplinamiento que ya suma múltiples antecedentes en la provincia.
Entre ellos, el caso del ambientalista Federico Soria, cesanteado de Parques Nacionales tras oponerse al proyecto minero San Jorge, o el de vecinos de Uspallata detenidos sin pruebas por participar en manifestaciones. Incluso una condena reciente a prisión efectiva contra un vecino por cortar una calle en una protesta en Las Heras confirma que la criminalización avanza con fuerza.
Persecución con apoyo institucional
Las denuncias por represión institucional han llegado incluso a movilizar a la Iglesia. El nodo argentino de la red Iglesias y Minería, junto a la Pastoral Social de Mendoza y el arzobispo Marcelo Colombo, emitió un duro comunicado donde advierte que la Justicia local parece actuar “en servicio de las empresas y funcionarios que promueven los proyectos mineros”, y recordó que la comunidad de Uspallata ya se había expresado en dos oportunidades contra la minería.
A la par, otros activistas, como Nora Moyano, aún enfrentan causas abiertas desde 2019 por oponerse a la derogación de la Ley 7722, una de las principales herramientas de defensa del agua en Mendoza.
Criminalizar el reclamo, el nuevo orden
El despido de Castillo se inscribe en una lógica mayor: el ajuste mediante la precarización y el castigo a quienes resisten. La estrategia oficial combina mecanismos administrativos —como cesantías y renovaciones contractuales selectivas— con herramientas judiciales que apuntan a quienes se manifiestan en la calle. A modo de ejemplo, en noviembre de 2024, el juez penal Juan Manuel Pina elevó a juicio una causa contra referentes gremiales por protestas salariales, una decisión que fue cuestionada por amplios sectores.
Mientras tanto, gremios, organizaciones sociales y referentes sindicales comienzan a coordinar acciones para visibilizar lo que consideran una escalada persecutoria y una amenaza directa a los derechos laborales y civiles en la provincia.
“Se está destruyendo la salud pública y se castiga a quienes denuncian. Eso no es gestión: es disciplinamiento”, concluyó Uma Flores, de los Autoconvocados del Central.
