El avance del Gobierno provincial para modificar la ley que reconoce derechos territoriales ancestrales al pueblo Huarpe Milcallac sufrió un freno tras una fuerte reacción de las comunidades originarias. Luego de una reunión con senadores de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), se acordó no someter a votación en lo inmediato el proyecto enviado por el gobernador Alfredo Cornejo, que pretendía derogar artículos clave de la Ley 6920.
El proyecto oficial apuntaba a dejar sin efecto las expropiaciones pendientes a privados, amparándose en supuestos obstáculos judiciales. Sin embargo, para las comunidades huarpes de Lavalle —que desde hace más de 20 años reclaman el cumplimiento de esa norma— la verdadera traba ha sido la desidia estatal.
“El proyecto que ha mandado el Poder Ejecutivo, firmado por el señor gobernador, es falso. Hablan de obstáculos para cumplir la ley, pero no hay obstáculos. Hay desidia. En 15 años no se notificó ni una sola demanda”, sentenció Fidel Bustelo, abogado de las comunidades, durante el encuentro con legisladores. Además, remarcó que el Estado no tendría perjuicio económico alguno en mantener vigente la norma, ya que el plazo para que los supuestos propietarios reclamen indemnizaciones venció hace años.
La postura de las comunidades recibió un respaldo clave por parte del intendente de Lavalle, Edgardo González, quien sostuvo: “Una cosa es opinar desde un escritorio, y otra muy distinta es conocer la realidad del campo, donde faltan caminos, agua, pastura y se pierden animales por la sequía. En lugares como La Josefa ya han alambrado campos y no dejan pasar a los verdaderos dueños del secano”.
También hubo pronunciamientos en la misma línea desde el propio oficialismo. El ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, coincidió con el freno a la iniciativa: “No hay ninguna duda en ninguna fuerza política sobre la preexistencia étnica ni sobre la posesión ancestral del pueblo huarpe. Este proyecto fue presentado incompleto justamente para poder discutirlo con las comunidades”.
¿Qué dice la Ley 6920?
La Ley N°6920, sancionada hace casi dos décadas, declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación una superficie de más de 700 mil hectáreas en Lavalle, equivalentes al 75 % del departamento y al 5 % de la provincia de Mendoza. Si bien parte de esos terrenos son fiscales —y fueron entregados a las comunidades— la mayoría están en manos privadas, incluidas sociedades anónimas y entidades bancarias.
El Ejecutivo argumenta que la imposibilidad de concretar las expropiaciones a privados responde a motivos económicos, lo que motivó el intento de derogar los artículos correspondientes. De prosperar la modificación, se verían afectadas unas 680 mil hectáreas.
Por ahora, esa posibilidad quedó en suspenso. Legisladores y comunidades acordaron seguir el debate en comisiones, sin fecha próxima para retomar el tratamiento parlamentario. El pueblo huarpe, en tanto, celebra una victoria parcial, pero sigue en alerta.
