PROVINCIALES
24 de julio de 2024
El tribunal rechazó la prisión domiciliaria para Walter Bento, quien seguirá preso
El juez federal Walter Bento, acusado de liderar una red de coimas, continuará detenido mientras su juicio se reanudará el próximo 7 de agosto.
El tribunal a cargo del caso de Walter Bento, juez federal acusado de encabezar una asociación ilícita dedicada a recibir sobornos, rechazó la solicitud de prisión domiciliaria presentada por su defensa. La decisión se tomó tras una audiencia realizada esta mañana, en la que se discutió la situación del imputado, cuya esposa, Marta Boiza, sufrió una fractura de tibia y peroné, lo que la imposibilita cuidar a su hijo con discapacidad mientras Bento está en prisión.
La defensa de Bento argumentó que la gravedad de la situación familiar justificaba la prisión domiciliaria, pero la fiscalía se opuso al pedido. Las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra finalmente determinaron que Bento seguirá detenido en la cárcel mientras avanza el juicio.
### Avances y expectativas del juicio
El juicio contra Walter Bento se interrumpió temporalmente este martes debido a la solicitud de la defensa, pero se reanudará el próximo 7 de agosto. En esa fecha, continuarán los testimonios de los testigos, y no se descarta que el propio Bento pueda declarar.
Fuentes judiciales indicaron que el proceso aún tiene para unos tres meses más de audiencias, ya que la fiscalía ha solicitado la inclusión de nuevos testigos. Se estima que el juicio podría concluir hacia finales de este año.
Walter Bento enfrenta cargos graves: es considerado el "jefe" de una organización ilícita y se le imputan 15 hechos de cohecho activo, prevaricato, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, falsedad ideológica (en dos hechos), abuso de autoridad (en diez hechos), desobediencia y ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba (su teléfono oficial).
El proceso se lleva a cabo cada dos semanas en los tribunales federales, involucrando a un total de 33 imputados por diversos delitos, principalmente relacionados con cohecho y lavado de activos. La resolución de esta causa es de gran importancia para la justicia federal, ya que implica la revisión de conductas corruptas en uno de los poderes más sensibles del estado.
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