El Secretario General Ricardo Babillón habló sobre el decreto que el Ejecutivo firmó el jueves pasado en horas de la noche, por medio del cual Cornejo tomó la decisión de que para el sector judicial el aumento será del 10% para el trimestre de abril, mayo y junio, calculado sobre el sueldo de diciembre del año pasado. Afirmó que la medida, considerada por muchos histórica por el alto nivel de acatamiento y el sostenimiento en el tiempo, seguramente esta semana se incremente, pasando el 90% de adhesión y dejando a la justicia de Mendoza totalmente paralizada. Para Babillón, el hecho de que el Ejecutivo firmara el decreto luego de haberse retirado de manera unilateral de la mesa de discusión paritaria solo agrava la situación y tensiona a un sector que ha demostrado que lo que le interesa a los judiciales es una discusión seria.

Cabe recordar que el sector judicial ha sostenido distintas medidas de fuerza desde marzo de este año debido a una deuda sobre la recomposición de un ítem para el sector de oficinas fiscales del Ministerio Público, firmado en noviembre y que el gobierno aún no cumple. En el transcurso, la Corte de Justicia tampoco cumplió con la mesa paritaria de condiciones laborales firmada en febrero del corriente año, faltando a la misma pactada para el día 26 de febrero. A esto se sumó la discusión salarial que inició en abril y que, luego de mejorar solo una vez la propuesta inicial, el gobierno de la provincia decidió retirarse de manera unilateral de la discusión salarial, dando paso al conflicto que desde entonces solo ha escalado, generando una parálisis en el sistema de justicia de la provincia.

En los últimos meses de conflicto salió a la luz la endeble situación del sistema de justicia cuando, desde la misma Procuración, reconocieron la falta de personal, malas condiciones edilicias y poca retribución salarial en un informe que la coordinadora elevó al mismísimo procurador del Ministerio Público, Alejandro Gullé. Por otra parte, los judiciales también expusieron la preocupante situación salarial, ya que el poder judicial de la provincia de Mendoza se encuentra entre los dos peores pagos del país, solo por encima de Santiago del Estero. Los datos arrojan que gran parte del sector se encuentra por debajo de la línea de indigencia, otra parte por debajo de la línea de pobreza y prácticamente ningún empleado judicial alcanza la canasta básica.

En este contexto, Babillón destacó que el actual proceso de lucha que el gremio lleva adelante y que está teniendo gran relevancia en toda la provincia tiene como diferencial el hecho de que se trata de una construcción colectiva realizada desde cada una de las oficinas del poder judicial de la provincia. "Hay una lectura que el gobierno y la corte no han realizado, y es que no se trata solo de una conducción sindical. Lo más importante de esta etapa de lucha es que podemos sacar a toda la comisión directiva que no modifica nada porque esto está construido desde las charlas en los juzgados, mirándose a la cara compañeros con compañeros y diciendo entre los mismos judiciales: basta, esto no lo toleramos más y tenemos que cambiar esta realidad."

En cuanto al decreto, el secretario general aseguró que se esperaba por trascendidos, pero que no se esperaba de ninguna manera que saliera con una oferta aún peor que la rechazada en paritarias. "Entendemos que es una derrota política del gobernador, que estuvo durante dos meses diciéndole a los gremios que el que no firmaba paritarias no tenía aumento de ningún tipo y el decreto solo lo hace retroceder sobre sus palabras", aseguró el dirigente sindical.

Ante la consulta de cómo se sale de este conflicto, Ricardo Babillón aseguró: "Del conflicto se sale con diálogo, no estamos pidiendo aumentos millonarios sino que la Corte asuma su rol de patronal y cumpla con lo que establece la ley de autonomía financiera del poder judicial y sea quien coordine las reuniones para los convenios colectivos, es decir, que sea la Suprema Corte quien sea el coordinador de la discusión salarial y la carrera judicial."

Este lunes, cientos de judiciales se reunieron en asamblea provincial y tomaron la decisión unánime de seguir hasta el próximo viernes con la medida de fuerza, la cual aseguran puede ser aún más fuerte que la de la semana pasada, donde prácticamente Mendoza no tuvo servicio de justicia.