Trabajadores judiciales de Mendoza han denunciado una gran diferencia salarial entre ellos y los jueces, con un aumento del 290% para los jueces y del 170% para los trabajadores en el mismo periodo de tiempo. La situación es aún más preocupante en el contexto de un presupuesto judicial en disminución desde el 2015 hasta ahora. Los trabajadores han dicho "basta" y se han declarado en estado de alerta y movilización.
La diferencia entre los salarios de los jueces y los trabajadores del poder judicial es de aproximadamente 120 puntos. Un recién ingresado al sistema pasa a ganar $130 mil, mientras que un ministro de la corte recibe un básico aproximado de $1.125.000, y en algunos casos se llevan más de $2 millones por mes con todos los ítems y la antigüedad. Esto es particularmente grave considerando que más de la mitad de los trabajadores del poder judicial ganan por debajo de la canasta básica.
La última reunión de conciliación se celebró el pasado 5 de abril, y aunque podría haber una nueva audiencia el 27 de abril, el gremio ha quedado sin fecha de paritaria. La conducción provincial ha denunciado la situación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, solicitando su intervención y revisión de la situación de los trabajadores de Mendoza.
El gremio de judiciales anunció que permanecerá en estado de alerta y movilización. Esto implica un "quite de colaboración", que incluye trabajo a código, apagón informático y no cargar información en el sistema durante el horario de las asambleas, entre otras medidas de presión. Además, se han convocado asambleas de una hora y se llevarán a cabo acciones de visibilización del conflicto, como cartelazos, bocinazos y movilizaciones dentro y fuera de los edificios judiciales.
El endurecimiento en la postura de los trabajadores llegó luego de que el Ejecutivo provincial manifestara que este año sólo otorgarán las subas salariales acordadas en las paritarias y que no habrá aumentos por decreto para los sectores que no firmaron los acuerdos.
Cabe destacar que el gremio de judiciales ha convocado una marcha para el próximo 1 de mayo, en un intento de visibilizar su conflicto y exigir cambios en la situación salarial de los trabajadores del poder judicial de Mendoza.
