La crisis que terminó con Santiago Peña fuera de la Presidencia de Paraguay tuvo un desenlace que hace apenas unos días parecía difícil de imaginar: un mandatario destituido por el Congreso, detenido por orden judicial y trasladado a una dependencia militar mientras la Justicia investiga su presunta participación en las operaciones que rodearon el colapso de Ueno Bank. En cuestión de jornadas, el escándalo financiero se convirtió en una de las mayores crisis institucionales que atravesó el país desde el retorno de la democracia.
El viernes 6 de noviembre, el Senado paraguayo resolvió la destitución de Peña mediante un juicio político por mal desempeño de funciones. El vicepresidente Pedro Alliana asumió inmediatamente la Presidencia para completar el período constitucional hasta agosto de 2028. Pero la salida del poder no fue el final de la historia: el sábado 7, la Fiscalía formalizó la imputación contra el exmandatario y solicitó su prisión preventiva. Horas después, un juez hizo lugar al pedido y ordenó que permaneciera detenido en el Regimiento Escolta Presidencial.
El motivo que desencadenó la caída fue la crisis de Ueno Bank, una entidad que llegó a reunir cerca de tres millones de clientes y administraba cientos de millones de dólares pertenecientes a organismos públicos. El Banco Central detectó un deterioro de su solvencia y dispuso un procedimiento de resolución. Detrás de esa decisión aparecieron operaciones crediticias con empresas vinculadas al grupo controlador, vínculos empresariales del propio Peña y una concentración de fondos estatales que ahora está bajo investigación.
La pregunta que recorre Paraguay es cómo una entidad financiera de crecimiento vertiginoso pudo acumular semejante volumen de recursos públicos, mantener operaciones cuestionadas con sociedades relacionadas y llegar a una situación de insolvencia sin que los mecanismos de supervisión frenaran a tiempo el proceso. Y, sobre todo, qué papel desempeñaron quienes tenían la responsabilidad política y regulatoria de controlar ese sistema.
De la renuncia al juicio político: la caída de Peña
La salida de Peña no fue una transición ordenada ni una renuncia aceptada sin resistencia. El jueves 5 de noviembre, cuando la presión política se volvió insostenible, el mandatario anunció que dejaba el cargo. Sin embargo, el Congreso no aceptó su dimisión y avanzó con el juicio político. La oposición y sectores disidentes del propio oficialismo buscaban que la salida quedara formalizada mediante una destitución, en lugar de permitirle abandonar la Presidencia por decisión propia.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, la acusación contra Peña. El Senado actuó como tribunal y el viernes 6 resolvió su destitución con 44 votos sobre 45 posibles, según la reconstrucción publicada por Forbes Paraguay. La decisión abrió paso a la sucesión presidencial y dejó al exmandatario sin la protección institucional que conservaba mientras ocupaba el cargo.
La rapidez del desenlace muestra hasta qué punto el escándalo había quebrado los respaldos políticos del presidente. El Partido Colorado, fuerza conservadora que gobierna Paraguay desde hace décadas con interrupciones, terminó acompañando la salida de uno de sus propios dirigentes. Peña había llegado al poder en 2023 como representante de ese espacio, pero la crisis de Ueno terminó convirtiéndose en un problema demasiado grande para que el oficialismo siguiera sosteniendo su continuidad.
El nuevo presidente, Pedro Alliana, juró el 6 de noviembre ante el Congreso. Hasta entonces era el vicepresidente y un aliado político de Peña. Su mandato se extenderá hasta agosto de 2028, fecha prevista para la finalización del período iniciado en 2023. El cambio de nombres en la Presidencia, sin embargo, no resuelve el problema de fondo: las investigaciones también alcanzan a autoridades y exautoridades de organismos estatales que participaron en la supervisión y administración de recursos depositados en Ueno.
La imputación: fondos públicos, vínculos empresariales y dos delitos
El sábado 7 de noviembre, la Fiscalía paraguaya imputó formalmente a Peña por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. La acusación sostiene que habría intervenido en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales en Ueno Bank.
El punto más delicado de la investigación es la relación económica y corporativa que el expresidente habría mantenido con el grupo empresarial vinculado a la entidad. Peña fue accionista de Ueno Holding, un conglomerado del Grupo Vázquez que tenía entre sus empresas a Ueno Bank. El exmandatario sostuvo que vendió su participación en marzo de 2025. La acusación fiscal, sin embargo, investiga si los vínculos previos y su posición política tuvieron incidencia en las decisiones que favorecieron el flujo de fondos públicos hacia la entidad.
La diferencia es importante: no se investiga solamente si Peña tuvo acciones en una compañía, sino si desde el poder político intervino para que organismos estatales mantuvieran o colocaran recursos en un banco relacionado con su trayectoria empresarial. La Fiscalía también apunta a operaciones crediticias de Ueno con sociedades presuntamente vinculadas al grupo económico controlador, sobre las que los organismos de supervisión habían formulado observaciones.
La defensa del expresidente rechaza las acusaciones y sostiene que Peña no intervino en las operaciones del banco. El exmandatario había negado anteriormente cualquier conducta irregular y defendido la venta de su participación empresarial. La investigación judicial deberá determinar si existió una intervención concreta, qué decisiones se tomaron y si esas actuaciones encuadran en los delitos atribuidos.
La imputación no equivale a una condena, pero el caso ya dejó de ser una controversia política. La Fiscalía formalizó cargos, pidió medidas cautelares y un juez ordenó la prisión preventiva. Según la agencia Associated Press, los delitos investigados podrían exponer a Peña a una pena de hasta 20 años de prisión en caso de ser condenado.
Ueno Bank: el crecimiento que terminó en una crisis financiera
Ueno nació como una entidad financiera digital y creció a una velocidad extraordinaria. En pocos años pasó de ser una propuesta relativamente nueva en el mercado paraguayo a convertirse en uno de los bancos con mayor presencia entre los usuarios. Llegó a declarar cerca de tres millones de clientes en un país de aproximadamente 6,5 millones de habitantes.
El crecimiento no se limitó a captar ahorristas particulares. La entidad también concentró una cantidad significativa de depósitos estatales y recursos de organismos previsionales. Reuters informó que Ueno administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos. Forbes Paraguay estimó que, hacia fines de junio de 2026, los depósitos del Gobierno en el banco rondaban los 869 millones de dólares, equivalentes al 29% del total de sus depósitos.
El volumen de recursos públicos adquiere especial relevancia cuando se observa la situación financiera que terminó desencadenando la intervención. El 2 de noviembre, el directorio del Banco Central del Paraguay resolvió iniciar el procedimiento de resolución de Ueno después de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal requerido, tras ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización.
La resolución fue comunicada oficialmente el 3 de noviembre. El Banco Central explicó que la medida buscaba proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero. Técnicamente, se trata de un procedimiento de resolución de la entidad, no de una declaración judicial de quiebra o de una liquidación definitiva ya consumada. Pero para millones de usuarios, el efecto inmediato fue concreto: las cuentas quedaron temporalmente inaccesibles y comenzó la incertidumbre sobre la recuperación de los ahorros.
La entidad había llegado a concentrar cerca de 2,9 millones de clientes. Muchos utilizaban sus servicios para recibir salarios, cobrar jubilaciones, realizar transferencias y administrar sus ahorros. El problema dejó de ser una discusión entre accionistas y reguladores cuando miles de familias descubrieron que no podían disponer de su propio dinero.
Los fondos del Estado: el dato que convierte el caso en una crisis política
La presencia de organismos públicos entre los principales depositantes de Ueno es uno de los aspectos más sensibles del escándalo. No se trata solamente de dinero de particulares que eligieron una entidad financiera. También hay recursos administrados por instituciones estatales, fondos previsionales y entidades binacionales.
Uno de los casos más relevantes es el del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de administrar recursos vinculados con la seguridad social paraguaya. Distintos informes periodísticos situaron su exposición frente a Ueno en torno a los 355 millones de dólares. El dato adquiere una dimensión todavía más delicada si se considera que el banco también administraba cuentas utilizadas por jubilados para cobrar sus haberes.
El propio IPS informó el 6 de noviembre que había presentado documentación ante el Banco Central para formalizar su intervención en el procedimiento de resolución y defender los créditos que mantiene depositados en la entidad. La previsional explicó que sus inversiones están instrumentadas bajo distintas modalidades y que debía acreditar la documentación correspondiente para reclamar esos recursos.
También apareció el caso de Itaipú Binacional. Según informó Euronews, la hidroeléctrica tenía más de 163 millones de dólares depositados en Ueno y había iniciado acciones ante la Fiscalía para recuperar ese dinero. La cifra muestra que el problema no quedó encerrado en el sistema bancario: alcanzó a instituciones que administran recursos estratégicos para el Estado paraguayo.
La garantía legal de depósitos en Paraguay cubre hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes por depositante y por entidad, según informó el Banco Central. Los saldos que superan ese límite quedan sujetos al procedimiento de resolución y a la recuperación de activos. Para los organismos públicos, las sumas comprometidas superan ampliamente la cobertura individual del sistema de garantía.
El Banco Central informó que 1,2 millones de clientes habían recibido reembolsos parciales o totales de sus depósitos hasta el sábado 7 de noviembre. Sin embargo, ese avance no resuelve la situación de quienes todavía no recuperaron sus fondos ni la exposición de las instituciones estatales. Tampoco elimina la discusión sobre cómo se concentraron tantos recursos públicos en una entidad que terminó con un nivel de solvencia inferior a la mitad del mínimo legal.
El Banco Central bajo sospecha: ¿quién controlaba al banco?
La crisis también puso bajo la lupa a los organismos encargados de supervisar el sistema financiero. Uno de los nombres que aparece en el centro de la controversia es Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay, quien había presidido anteriormente la Financiera Ueno, antecedente de la entidad bancaria.
Carvallo renunció a la conducción del Banco Central después de que se dispusiera el procedimiento de resolución de Ueno. La Fiscalía también lo imputó y solicitó su prisión preventiva por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. El exfuncionario fue detenido en el marco de la investigación.
Su trayectoria previa dentro del grupo financiero abrió interrogantes sobre la independencia y eficacia de los controles. El Banco Central sostuvo que Carvallo se había apartado de las decisiones vinculadas con Ueno para evitar conflictos de intereses. Sin embargo, su salida y las denuncias posteriores profundizaron las dudas sobre el funcionamiento de los mecanismos de supervisión.
La reconstrucción publicada por Forbes Paraguay describe una serie de advertencias durante 2026. Entre ellas aparecen observaciones sobre créditos a empresas vinculadas, operaciones de venta de cartera y cuestionamientos sobre la concentración de fondos públicos. También se menciona un memorándum técnico de julio que describía una presunta maniobra financiera vinculada con la transferencia de cartera a Vinanzas SA, operación que habría contado con financiamiento indirecto de empresas relacionadas con el grupo controlador.
En septiembre, el Senado pidió información al Banco Central sobre esas operaciones, los préstamos a empresas vinculadas y la concentración de fondos del Estado y del IPS. Las respuestas del regulador fueron cuestionadas por legisladores y representantes del sector bancario, que las consideraron incompletas. En octubre, la calificadora Fitch mantuvo la nota de Ueno, pero cambió su perspectiva a negativa, entre otros motivos por el crecimiento acelerado, las operaciones con partes relacionadas y la concentración de fondos públicos.
La intervención llegó el 2 de noviembre, cuando la solvencia de la entidad ya había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido. La secuencia deja una pregunta que atraviesa toda la crisis: cuánto tiempo estuvieron disponibles las señales de alarma y por qué los controles no lograron evitar que el problema llegara a semejante dimensión.
El vínculo empresarial de Peña y la venta de sus acciones
La relación de Peña con el Grupo Vázquez es otro capítulo clave para entender por qué el caso terminó golpeando directamente a la Presidencia. El expresidente había tenido participación accionaria en Ueno Holding, sociedad vinculada al conglomerado que controlaba el banco. En abril de 2025, después de que medios paraguayos publicaran detalles de esa relación, Peña anunció que había vendido su participación.
La documentación societaria difundida por ABC Color ubicó a Peña entre los accionistas de Ueno Holding en marzo de 2025, pocos días antes de una asamblea que resolvió cambios en el capital y la estructura accionaria de la compañía. El mandatario sostuvo que había concretado la venta a fines de ese mes.
El dato no demuestra por sí solo que haya existido una operación ilegal. Pero, en el contexto de la investigación actual, adquiere una relevancia evidente: mientras Peña ocupaba la Presidencia, el grupo empresarial con el que había tenido una relación accionaria recibió una porción considerable de los depósitos públicos y previsionales del país.
La discusión sobre el conflicto de intereses tampoco se limita al vínculo personal del expresidente. Incluye a empresas del conglomerado que participaron en contrataciones públicas y a funcionarios que pasaron de posiciones de conducción dentro del sector privado a cargos de supervisión estatal. La investigación busca reconstruir si esas relaciones influyeron en decisiones públicas y si los recursos estatales terminaron expuestos a operaciones que beneficiaban a sociedades vinculadas.
El caso deja al descubierto una zona de tensión particularmente delicada para cualquier democracia: la frontera entre los intereses empresariales de quienes llegan al poder y las decisiones que toman desde el Estado. En Paraguay, esa frontera ahora forma parte de una investigación penal y de un juicio político que terminó con la salida del presidente.
Protestas, ahorristas y una crisis que desbordó los despachos
Mientras el Congreso debatía la continuidad de Peña y los organismos financieros intentaban ordenar la resolución de Ueno, miles de personas salieron a las calles para reclamar por sus ahorros. Las protestas se multiplicaron frente a sucursales bancarias, edificios públicos y sedes institucionales. Hubo enfrentamientos con la Policía, disparos de balas de goma y gases lacrimógenos, además de personas heridas.
El enojo no se limitó a los clientes que no podían ingresar a sus cuentas. También alcanzó a trabajadores de empresas vinculadas al grupo económico, cuyos salarios y liquidaciones quedaron afectados por el bloqueo de fondos. Según la cobertura de RPP, más de 4.600 trabajadores estaban involucrados en el conflicto laboral que se abrió alrededor de la insolvencia.
La crisis también llegó al sistema previsional y al sector docente. El principal sindicato de maestros de Paraguay, con más de 40.000 integrantes, anunció un paro nacional por tiempo indefinido para reclamar protección de los fondos jubilatorios. El temor es que el impacto financiero termine trasladándose a recursos destinados a sostener prestaciones y derechos sociales.
Las protestas reflejan algo más profundo que la preocupación por una cuenta bancaria bloqueada. Para una parte de la sociedad paraguaya, el caso representa la sospecha de que el poder político y los organismos de control permitieron que una entidad vinculada a empresarios cercanos al oficialismo concentrara recursos públicos sin que las advertencias regulatorias tuvieran consecuencias oportunas.
La crisis también golpeó la confianza en el sistema financiero. El Banco Central insiste en que se trata de un caso puntual y que no representa una debilidad generalizada de los bancos paraguayos. Pero esa aclaración no elimina el impacto político ni la incertidumbre de quienes todavía esperan recuperar sus depósitos.
Pedro Alliana hereda la Presidencia y una crisis que no se resuelve con un cambio de nombres
La llegada de Pedro Alliana al Palacio de López abre una nueva etapa institucional, pero también plantea interrogantes sobre la continuidad política del oficialismo. Alliana fue compañero de fórmula de Peña y pertenece al mismo espacio que gobernó el país durante buena parte de las últimas décadas. Su asunción garantiza la sucesión constitucional, aunque no implica un cambio automático en las estructuras políticas y administrativas que quedaron bajo sospecha.
El nuevo mandatario prometió transparencia y aseguró que los afectados por la crisis financiera no serán abandonados. También anunció medidas para avanzar en la compensación de los ahorristas. Pero el problema excede la restitución de los depósitos: las investigaciones alcanzan a funcionarios, exfuncionarios, autoridades del Banco Central y organismos públicos que participaron en las decisiones relacionadas con Ueno.
El Ministerio Público abrió tres causas penales para investigar la supervisión y resolución del banco, la colocación de fondos públicos y las actuaciones de distintas autoridades estatales. Una de ellas incorpora la denuncia original contra Peña, presentada en octubre de 2025 y ampliada luego con hechos vinculados a Ueno. Las otras incluyen presentaciones de legisladores y del propio Ministerio de Economía.
La caída de Peña puede cerrar una etapa política, pero no responde todavía las preguntas que provocaron el estallido. ¿Por qué se concentraron cientos de millones de dólares de recursos públicos en una entidad vinculada a un grupo con el que el presidente había tenido relaciones empresariales? ¿Qué ocurrió con las advertencias sobre operaciones crediticias con sociedades relacionadas? ¿Qué responsabilidad tuvieron los organismos que debían controlar? ¿Quién responderá por los fondos que todavía no pudieron recuperarse?
Paraguay pasó de presentar a Ueno como una historia de crecimiento financiero y modernización digital a intervenirlo por problemas de solvencia. En ese recorrido, el banco acumuló millones de clientes, captó cientos de millones de dólares públicos y quedó envuelto en investigaciones por operaciones con empresas vinculadas. El desenlace derribó a un presidente, llevó a prisión preventiva a un exjefe de Estado y dejó al descubierto las debilidades de los controles institucionales.
La caída de Santiago Peña no es solamente la historia de un presidente que perdió el poder. Es la historia de un sistema donde los vínculos entre negocios privados y decisiones públicas quedaron bajo una investigación que recién comienza. Y mientras los ahorristas esperan recuperar su dinero, el nuevo Gobierno enfrenta una crisis que no se soluciona cambiando al ocupante del despacho presidencial: la pregunta central sigue siendo quién permitió que el Estado quedara tan expuesto.
