La Plaza de los Dos Congresos volvió a convertirse este jueves en el escenario de una disputa que el Gobierno de Javier Milei no consigue cerrar: la comunidad universitaria salió masivamente a reclamar que la Casa Rosada cumpla una ley aprobada por el Congreso y respaldada por la Justicia. Docentes, estudiantes, trabajadores no docentes, rectores, sindicatos y organizaciones políticas y sociales confluyeron en una jornada atravesada por un imponente despliegue de seguridad. Durante las protestas, las fuerzas policiales utilizaron gases lacrimógenos y se registraron episodios represivos que elevaron la tensión en las inmediaciones del Parlamento.
La movilización, convocada como la quinta Marcha Federal Universitaria, tiene un reclamo central y concreto: que el Poder Ejecutivo deje de postergar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta se desarrolló en paralelo con una jornada parlamentaria en la que la oposición buscaba tratar el rechazo al DNU 70/23, iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad. La concentración terminó expresando un malestar más amplio contra el ajuste, la pérdida de ingresos y el deterioro de distintas políticas públicas.
El operativo policial, con vallados y cortes en las calles que rodean el Congreso, marcó el paisaje de la jornada. Mientras las columnas avanzaban hacia la plaza, la discusión sobre el financiamiento educativo volvió a trasladarse del terreno presupuestario a las calles. La postal política es contundente: miles de personas exigen recursos para sostener las universidades públicas mientras el Gobierno mantiene una disputa institucional por la ejecución de una norma que ya fue sancionada y promulgada.
Una ley aprobada, un veto rechazado y un Gobierno que sigue sin cumplirla plenamente
La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue aprobada por el Congreso en 2025. Milei la vetó, pero el Poder Legislativo insistió con la norma y dejó sin efecto el veto presidencial. El Ejecutivo terminó promulgándola mediante el Decreto 759/2025, aunque incorporó una cláusula que condicionaba su ejecución a la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes. Esa maniobra abrió un nuevo capítulo del conflicto: el Gobierno reconoció formalmente la ley, pero frenó su aplicación efectiva.
El argumento oficial se apoyó en el costo fiscal y en la supuesta falta de identificación de los recursos necesarios para financiarla. La respuesta de las universidades y de los sectores que impulsaron la norma fue que el Ejecutivo debía cumplir una obligación establecida por el Congreso, actualizar los salarios y garantizar los fondos necesarios para el funcionamiento de las instituciones. El conflicto terminó en los tribunales, donde la estrategia gubernamental recibió un revés judicial.
El 6 de octubre de 2026, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el tramo del decreto que había condicionado la ejecución de la ley y ordenó avanzar con su cumplimiento. El Gobierno apeló esa resolución, pero la controversia judicial no eliminó las obligaciones establecidas por la medida cautelar vigente. El 14 de octubre, el magistrado impuso una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de las órdenes relacionadas con la actualización salarial y los fondos para becas universitarias.
La sanción judicial le agregó una dimensión institucional al conflicto. Ya no se trata solamente de una discusión entre el Gobierno y los gremios por porcentajes salariales o partidas presupuestarias: un juez constató el incumplimiento de una medida cautelar y dispuso una consecuencia económica para el funcionario responsable de la Jefatura de Gabinete. La Casa Rosada puede apelar, argumentar sobre el impacto fiscal y defender su política presupuestaria, pero la controversia tiene una obligación judicial concreta en el centro.
El ajuste se mide en salarios y en recursos para las universidades
Las cifras muestran la dimensión del deterioro que denuncia la comunidad universitaria. Según un relevamiento de Chequeado publicado este 15 de octubre, el presupuesto destinado a la educación superior en 2026 es 25,3% inferior, en términos reales, al de 2023. En el mismo período, los salarios docentes perdieron un 24,2% de su poder adquisitivo respecto de noviembre de 2023.
La distancia entre los aumentos recibidos y la recomposición reclamada también quedó expuesta en las negociaciones paritarias. El Gobierno había acordado un incremento del 24,3% distribuido entre junio y octubre, pero las organizaciones sindicales sostienen que para cumplir con la ley hace falta una recomposición adicional sustancial. La última oferta salarial del Ejecutivo fue del 3%, considerada insuficiente por los gremios.
El panorama presupuestario para el próximo año tampoco despeja las preocupaciones. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calcula que se necesitan unos $11 billones para sostener el sistema y atender las obligaciones previstas en la ley. La diferencia ronda los $3,7 billones. Los rectores advierten que esa brecha compromete el funcionamiento de las instituciones, los salarios, las becas, la infraestructura y la actividad científica.
La consecuencia de ese desfinanciamiento no queda encerrada en una planilla de Excel. Se expresa en trabajadores que pierden poder adquisitivo, estudiantes que necesitan becas para continuar sus carreras, universidades que deben priorizar gastos y equipos de investigación que requieren recursos para sostener sus proyectos. La educación superior pública es una estructura que depende de salarios, laboratorios, bibliotecas, hospitales universitarios y edificios en condiciones de funcionar. El deterioro de cualquiera de esas piezas afecta al conjunto.
La protesta desborda el reclamo universitario
La movilización de este jueves también reunió a sectores que atraviesan conflictos diferentes, pero que confluyen en su rechazo a las políticas del Gobierno. Organizaciones de personas con discapacidad reclamaron respuestas para el sector y la continuidad de las medidas de emergencia; agrupaciones de familias endeudadas buscaron impulsar iniciativas frente a la morosidad y las dificultades para afrontar obligaciones financieras. Sindicatos y organizaciones sociales, por su parte, se sumaron a la convocatoria contra el DNU 70/23.
El decreto, dictado en diciembre de 2023, reúne una amplia batería de desregulaciones económicas y cambios normativos que desde entonces enfrentan impugnaciones políticas, judiciales y sociales. Su posible derogación volvió a la agenda parlamentaria, aunque la oposición necesitaba reunir el quórum para habilitar el debate. La movilización buscó presionar desde la calle mientras se desarrollaban las negociaciones dentro del Congreso.
La jornada también estuvo atravesada por el debate sobre la discapacidad, en un contexto de cuestionamientos a las prestaciones, las pensiones y el financiamiento de los servicios que utilizan las personas con discapacidad y sus familias. La confluencia de estas demandas muestra que el malestar excede a la comunidad académica: distintos sectores afectados por decisiones oficiales encontraron en la protesta una oportunidad para reclamar respuestas.
La universidad pública vuelve a ponerle un límite político al ajuste
La marcha vuelve a ubicar a Milei frente a una resistencia social que ya tuvo expresiones multitudinarias en defensa de la educación pública. El Gobierno hizo del equilibrio fiscal una prioridad central y utilizó el costo de la ley como argumento para resistir su ejecución. Pero el conflicto ya no se limita a cuánto dinero destinar: también plantea quién tiene la autoridad para decidir si una norma sancionada por el Congreso se cumple y qué sucede cuando el Poder Ejecutivo demora su aplicación pese a las órdenes judiciales.
El reclamo universitario tiene una dimensión material —salarios, becas y presupuesto— y otra institucional: la exigencia de que las decisiones del Congreso tengan efecto y de que los fallos judiciales sean acatados. En ese punto, la multa a Santilli refuerza el peso de la disputa y convierte el incumplimiento en un problema que alcanza directamente a la conducción del Gobierno.
Con gases lacrimógenos en las calles, vallados frente al Parlamento y una multitud reclamando financiamiento, la jornada dejó una imagen que contradice la idea de que el conflicto universitario está resuelto. La ley sigue en el centro de la pelea, los salarios continúan bajo presión y el presupuesto proyectado para 2027 queda por debajo de lo que reclaman los rectores. La universidad pública volvió a llenar las calles para exigir algo elemental: que el Gobierno cumpla la ley y garantice los recursos necesarios para sostenerla.
