El Gobierno de Javier Milei quedó frente a una contradicción difícil de disimular. “Nos preocupa la informalidad”, reconoció Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, durante su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. En la misma intervención, el funcionario pidió promover la inscripción al monotributo y defendió el rumbo económico de la administración libertaria. La declaración cobra especial relevancia porque llega después de meses en los que el Presidente utilizó el crecimiento del empleo informal y del trabajo por cuenta propia para cuestionar las denuncias sobre la pérdida de puestos formales.
La escena se produjo mientras Cordero defendía el proyecto de Presupuesto 2027. Según sostuvo, la iniciativa apunta a mantener el equilibrio fiscal, profundizar la desaceleración inflacionaria, fomentar la generación de empleo y favorecer el crecimiento salarial. Sin embargo, el propio secretario puso sobre la mesa una preocupación que golpea uno de los argumentos centrales del oficialismo: tener más personas ocupadas no significa necesariamente que se estén creando empleos registrados, estables y con derechos laborales.
El planteo contrasta con el discurso que Milei pronunció en septiembre ante empresarios y profesionales de las finanzas, durante la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Allí rechazó que el país atravesara una crisis de desempleo y aseguró que durante su gestión se habían creado alrededor de 500.000 puestos de trabajo. Para respaldar su posición, cuestionó que se contabilizara principalmente el empleo formal y afirmó que el trabajo informal también debía considerarse empleo. Incluso remató su argumento con una frase contundente: “Lo que no es de calidad es robar, trabajar está bien”.
El problema es que la discusión no se agota en determinar si una persona tiene alguna actividad laboral. También importa qué clase de trabajo consigue, cuánto cobra, si cuenta con cobertura social, si aporta para su jubilación y si tiene protección frente a un despido. La informalidad puede significar una salida para quien necesita generar ingresos, pero también puede reflejar la falta de oportunidades para acceder a un puesto asalariado registrado. Presentar el crecimiento de esas modalidades como respuesta suficiente a la pérdida de empleo formal deja fuera una parte central del problema.
El monotributo como respuesta: ¿formalización o cambio de categoría?
Ante los diputados, Cordero defendió el monotributo como una vía de formalización y sostuvo que las personas que trabajan de manera independiente deberían inscribirse. Argumentó que el régimen permite acceder a cobertura de salud y aportar para una futura jubilación, y señaló que hay trabajadores que prefieren la autonomía antes que una relación de dependencia.
La inscripción al monotributo efectivamente puede formalizar una actividad independiente. El punto central es que esa figura no equivale a un empleo asalariado registrado: tiene obligaciones, derechos y formas de protección diferentes. Tampoco resuelve por sí misma el caso de quienes trabajan bajo órdenes de un empleador, con horarios y tareas definidos, pero son encuadrados como independientes. Para evaluar una política de formalización, importa tanto cuántas personas se registran como la naturaleza real de la relación laboral.
Por eso, la convocatoria del secretario abre un interrogante sobre la estrategia oficial. Promover la registración de trabajadores independientes puede ampliar la cobertura previsional y tributaria, pero no reemplaza la creación de puestos asalariados formales ni resuelve automáticamente las condiciones de quienes ya trabajan en la informalidad. El monotributo puede ser una herramienta; no constituye, por sí solo, una solución integral a la precarización.
La contradicción que el Gobierno deberá explicar
La declaración de Cordero no implica que el oficialismo haya abandonado su defensa del programa económico. El secretario respaldó el Presupuesto 2027 y la reforma laboral, y sostuvo que el equilibrio fiscal y la baja inflacionaria son condiciones para impulsar la actividad y los salarios. Pero su reconocimiento de que la informalidad preocupa al Gobierno pone en primer plano un problema que la Casa Rosada había intentado relativizar al destacar el número total de puestos de trabajo.
La contradicción es concreta: cuando se cuestiona la caída del empleo registrado, Milei responde que el trabajo informal también es trabajo y reivindica el aumento de la ocupación total. Cuando su secretario de Trabajo presenta la agenda laboral ante el Congreso, admite que la informalidad preocupa y convoca a los trabajadores a registrarse. Ambas posiciones pueden coexistir en términos formales, pero juntas exponen la dimensión del desafío que enfrenta la política laboral del Gobierno.
La pregunta que queda abierta no es si una persona que trabaja informalmente merece reconocimiento: lo merece. La discusión es si el país está generando empleos con estabilidad, ingresos suficientes y derechos, o si una parte creciente de la población debe resolver por cuenta propia su acceso al trabajo. Con los asalariados privados registrados en retroceso y la desocupación en 7,9%, el Gobierno tiene por delante algo más complejo que cambiar la forma de contar los puestos de trabajo: debe mostrar cómo convertirá esa ocupación en empleo formal y de calidad.
