En Guaymallén, el discurso del sacrificio compartido choca con una cuenta bastante menos elegante: el grueso del ajuste sale de los bolsillos de los trabajadores. El intendente Marcos Calvente decidió restringir el pago del bono Compensación y Estímulo que cobraban los municipales y dejar de abonarlo a unos 2.450 empleados, cerca del 83% de la planta. En paralelo, envió al Concejo Deliberante un proyecto para reducir un 10% su propia remuneración y la de sus funcionarios políticos durante seis meses. La diferencia entre ambas medidas es el corazón de una crisis que dejó de ser exclusivamente salarial para convertirse en un problema político de primera línea.
El bono, que según las publicaciones periodísticas oscila entre $325.500 y $350.000 mensuales, no es un detalle menor del recibo: forma parte del ingreso con el que los trabajadores llegan a fin de mes. Su eliminación representa una pérdida que puede equivaler a entre el 30% y el 41% del ingreso mensual en determinados niveles salariales, según las remuneraciones que se tomen como referencia. Ese porcentaje no describe por igual a toda la planta: el impacto real depende del sueldo de cada agente y de los adicionales afectados. La propia comuna informó que el salario promedio de bolsillo bajaría de $1.800.000 a $1.500.000 con la quita del bono, una reducción del 16,7% para ese promedio. Para miles de familias, sin embargo, el problema no termina en ese adicional: tampoco hay nuevos aumentos salariales por el momento y la negociación paritaria quedó empantanada.
La medida tiene una característica que agrava la incertidumbre: la quita del bono no tiene una fecha de finalización definida. Calvente sostuvo que su continuidad dependerá de la evolución de las finanzas municipales. Para los funcionarios, en cambio, el recorte anunciado es por seis meses y todavía necesita la aprobación del Concejo Deliberante. Así, el sacrificio de los empleados ya tiene consecuencias concretas sobre sus ingresos, mientras que el ajuste de la conducción política sigue sujeto al trámite legislativo.
La cuenta del ajuste: quién pone la plata
Las cifras difundidas por el municipio permiten dimensionar la desigualdad del esfuerzo. La quita de adicionales a los empleados representaría un ahorro superior a los $720 millones mensuales, mientras que la reducción del 10% de los salarios políticos aportaría unos $60 millones por mes. En conjunto, el Ejecutivo calcula un ahorro cercano a los $800 millones. Si se toman esos valores, alrededor del 92% del ahorro provendría del recorte a los trabajadores y menos del 8% de la reducción salarial de la conducción política.
La proporción explica por qué el anuncio de Calvente no logró desactivar el conflicto. El recorte a los funcionarios puede presentarse como una señal de austeridad, pero su peso económico es mucho menor que el ajuste aplicado sobre la nómina municipal. Además, los empleados no solo pierden el adicional: la discusión salarial quedó congelada y el gremio denuncia restricciones sobre otros conceptos, entre ellos las mayores dedicaciones, las unidades de servicio y las horas extra.
El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Guaymallén (SOEMGM), conducido por Freddy Funes, rechazó las medidas y cuestionó que la administración suspenda las negociaciones salariales al mismo tiempo que elimina un componente del ingreso mensual. Funes calificó de injusta la diferencia entre el ajuste aplicado a los trabajadores y el recorte anunciado para los funcionarios. El gremio también planteó reclamos por las condiciones laborales y el estado de vehículos municipales, y advirtió que el conflicto podría escalar hacia una medida de fuerza que afecte la atención al público, los servicios y la emisión de licencias de conducir.
La protesta dejó de ser una amenaza abstracta. Tras el quiebre de las negociaciones, el sindicato anunció que preparaba un paro para el miércoles 14 de octubre. Si la medida se concreta, el impacto no quedará encerrado en las oficinas municipales: también podría alcanzar servicios que utilizan a diario los vecinos. El Ejecutivo sostiene que el ajuste busca preservar los puestos de trabajo, sostener los servicios esenciales y terminar las obras en marcha; el gremio responde que no se puede defender el funcionamiento municipal deteriorando los ingresos y las condiciones de quienes lo hacen funcionar.
Calvente habla de caída de recursos, pero las cuentas exigen explicaciones
El intendente atribuye la crisis a una caída de los ingresos nacionales, provinciales y municipales. Según explicó, Guaymallén podría cerrar 2026 con un 20% menos de recursos que los previstos en el presupuesto, y en declaraciones periodísticas ubicó la caída de los ingresos entre el 20% y el 30%. A ese escenario se sumó el incendio del centro de datos municipal ocurrido en abril, que afectó los sistemas informáticos y complicó durante meses la emisión de boletas y la recaudación de tasas. Calvente sostuvo que la recuperación de los sistemas todavía no es completa y que el problema tuvo consecuencias concretas sobre los ingresos de la comuna.
El argumento no puede ignorarse, pero tampoco alcanza para cerrar la discusión. Una cosa es que el municipio haya sufrido una caída de recursos y un problema tecnológico que afectó la recaudación; otra es que la respuesta termine recayendo principalmente sobre los salarios. La gestión administra el presupuesto, define prioridades y decide qué gastos recortar. Por eso, el interrogante que atraviesa el conflicto es qué decisiones llevaron a que la comuna llegue al último tramo del año con semejante presión sobre sus obligaciones salariales y qué medidas se están tomando para que el problema no se repita en 2027.
El propio Calvente advirtió que el año próximo podría ser todavía más complejo y que la comuna deberá seguir ajustando gastos para equilibrar las cuentas. También aseguró que el equilibrio fiscal es innegociable. Sin embargo, cuando el equilibrio se busca retirando un adicional mensual a más de cuatro de cada cinco empleados, mientras la negociación salarial queda suspendida, la discusión deja de ser una cuestión técnica: se transforma en una definición política sobre quién absorbe el costo de la crisis.
El dinero de Cornejo y el interrogante sobre el supuesto salvataje
La controversia sumó un nuevo capítulo este martes 13 de octubre. El Gobierno de Alfredo Cornejo autorizó una transferencia de $1.703.603.319 para Guaymallén, consignada en la Resolución 223 del Ministerio de Hacienda y Finanzas y publicada en el Boletín Oficial. El desembolso se conoció en plena disputa por los salarios, cuando el municipio justifica la poda de adicionales por la caída de sus recursos y el conflicto amenaza con paralizar áreas de la administración.
El dato alimenta la pregunta política sobre el estado real de las finanzas municipales: ¿cómo llega una comuna que proyecta perder una quinta parte de sus recursos presupuestados a recortar ingresos de su personal mientras recibe una transferencia provincial de semejante magnitud? ¿Se trata de una asistencia para sostener el funcionamiento de un municipio en dificultades o de un mecanismo ordinario de distribución que coincide con una crisis de caja?
La precisión importa: la transferencia no fue presentada por la Provincia como un rescate extraordinario ni como un préstamo de emergencia. Según la resolución y las explicaciones del Ministerio de Hacienda, corresponde al mecanismo previsto por el artículo 14 de la Ley 6.396 y el Decreto 1.445/07, destinado a compensar a municipios que reciben menos recursos de coparticipación por habitante. Guaymallén aparece históricamente en el último lugar de esa distribución per cápita. El aporte forma parte de un esquema vigente desde hace años y no demuestra por sí mismo que la comuna esté quebrada.
Pero el carácter regular de esos fondos tampoco borra el problema que quedó expuesto. La transferencia suma oxígeno a las arcas municipales en el mismo momento en que el Ejecutivo reclama un esfuerzo extraordinario a los trabajadores. Calvente negó que se trate de un auxilio financiero solicitado por su gestión y sostuvo que todavía no necesitó pedir asistencia adicional a la Provincia, aunque dejó abierta esa posibilidad si las cuentas lo requieren. La pregunta no es si la transferencia es legal o si existe un mecanismo de compensación: es por qué la situación de caja llegó a un punto en el que el ajuste salarial se convirtió en una de las principales herramientas para sostener el funcionamiento municipal.
La pelea ya desbordó la paritaria
El conflicto también sacudió el tablero político. Calvente cuestionó a los dirigentes que criticaron el ajuste y los acusó de intentar obtener rédito de la situación. En sus declaraciones, calificó esas críticas como maniobras de la “política vieja” y defendió la necesidad de adecuar los gastos a los recursos disponibles. El intendente busca presentar las medidas como una decisión de gestión frente a un escenario económico adverso; sus críticos ponen el foco en la distribución del sacrificio y en la responsabilidad de la administración municipal.
Desde la oposición, el caso abrió un frente para cuestionar tanto la política salarial como la situación financiera del departamento. También dejó expuesta una contradicción para el oficialismo: la misma conducción que promueve el orden de las cuentas debe explicar por qué necesita recortar de manera tan abrupta un adicional que cobraba la mayor parte de la planta. El conflicto, además, involucra a un municipio gobernado por el radicalismo, dentro del espacio político provincial de Cornejo, por lo que la crisis no queda aislada en el despacho del intendente.
La discusión no se resolverá con un anuncio de reducción salarial para los funcionarios ni con acusaciones cruzadas sobre el uso político del conflicto. La salida exige conocer el detalle de las cuentas, transparentar la evolución de los ingresos, explicar qué gastos se revisaron antes de avanzar sobre los adicionales y reconstruir una negociación salarial que permita evitar que la tensión termine trasladándose a los servicios que recibe la comunidad.
Guaymallén no está formalmente declarado en quiebra y la transferencia provincial no equivale a un salvataje extraordinario. Pero el cuadro es lo suficientemente serio como para exigir explicaciones: una caída de recursos que la propia gestión calcula en hasta el 30%, un recorte que alcanza a más del 80% de los empleados, una reducción política mucho menor y un conflicto gremial que amenaza con paralizar servicios. Mientras el Ejecutivo habla de austeridad, el recibo de sueldo de los municipales se convirtió en el lugar donde se mide quién está pagando el costo de la crisis.
