La pelea entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales volvió a entrar en una nueva ronda judicial. Apenas 24 horas después de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional el mecanismo mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley 27.795, la Casa Rosada decidió apelar la sentencia y mantener abierta una disputa que lleva más de un año atravesando al Congreso, los tribunales y el sistema universitario. El recurso fue confirmado por fuentes oficiales y por distintos medios nacionales, mientras las universidades preparan una nueva movilización para el 15 de octubre.
El dato que vuelve particularmente áspero el conflicto es el recorrido que tuvo la norma. El Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente en 2025; Milei la vetó completamente mediante el Decreto 647/2025 y, posteriormente, Diputados y el Senado insistieron con la sanción utilizando las mayorías agravadas previstas por el artículo 83 de la Constitución. El Senado confirmó la insistencia el 2 de octubre de 2025 con dos tercios y dejó constancia oficial de que, constitucionalmente, el proyecto se había convertido nuevamente en ley.
El Gobierno terminó promulgando la norma el 21 de octubre a través del Decreto 759/2025. Pero allí apareció la maniobra que ahora quedó en el centro del fallo de Cormick: la promulgación se hizo “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629”, una fórmula que el Ejecutivo utilizó para sostener que la aplicación de la ley debía quedar condicionada a la determinación de sus fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto.
Para la Casa Rosada, el problema era presupuestario: una ley no podía generar nuevas obligaciones sin que estuviera definida la forma concreta de financiarlas. El Gobierno defendió además el equilibrio fiscal como una restricción central de su política económica y sostuvo durante el conflicto que sí había transferido recursos a las universidades y que el Presupuesto 2026 contemplaba fondos para su funcionamiento. Esa es la explicación oficial que acompañó buena parte de la estrategia judicial del Ejecutivo.
Pero Cormick acaba de poner el foco en otro lugar. En su sentencia, sostuvo que el Decreto 759/2025 terminó funcionando como un “mecanismo extraconstitucional” porque permitió suspender, en los hechos, una ley que el Congreso había vuelto a aprobar después de rechazar el veto presidencial. El magistrado consideró que esa fórmula produjo los efectos de una nueva instancia de veto que la Constitución no contempla y ordenó al Ejecutivo dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para cumplir inmediatamente con la Ley 27.795. La UBA difundió el fallo y sus fundamentos, mientras Noticias Argentinas confirmó que la resolución hizo lugar al amparo colectivo promovido por el CIN y la universidad.
Ahí aparece el núcleo institucional del conflicto. El Gobierno puede discutir cuánto cuesta una ley, cuestionar sus previsiones presupuestarias o negociar las partidas dentro del proceso de elaboración del Presupuesto. Lo que el juez acaba de cuestionar es que, después de que el Congreso rechazara el veto presidencial con las mayorías constitucionales requeridas, el Ejecutivo pueda utilizar un decreto de promulgación para mantener suspendida la aplicación de esa misma norma. La discusión dejó de ser exclusivamente universitaria y pasó a involucrar directamente la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
La Justicia ya le había dicho que debía cumplir
El nuevo fallo tampoco puede leerse de manera aislada. En diciembre de 2025, el propio Cormick había dictado una medida cautelar que ordenaba avanzar con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados fundamentalmente con la actualización de los salarios docentes y nodocentes y las becas estudiantiles. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó posteriormente esa decisión y, el 25 de junio de 2026, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado, dejando firme la cautelar mientras continuaba la discusión sobre la cuestión de fondo.
A partir de allí, el conflicto ingresó en una etapa todavía más incómoda para el Ejecutivo: la discusión pasó de si debía aplicarse la ley a si el Gobierno estaba cumpliendo efectivamente las órdenes judiciales. El 22 de septiembre, Cormick intimó al Estado a cumplir en cinco días con la cautelar y advirtió sobre la posibilidad de aplicar astreintes. El Ejecutivo recurrió la decisión sosteniendo que ya había cumplido con las obligaciones que se le habían impuesto. El 30 de septiembre, el juez rechazó ese planteo y volvió a darle cinco días para acreditar el cumplimiento, al considerar insuficiente la documentación presentada respecto de salarios y becas.
En otras palabras, antes de la sentencia de fondo ya existía una orden judicial firme que el Gobierno discutía en la etapa de ejecución. La nueva resolución agrega otra dimensión: Cormick ahora declaró directamente inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había permitido al Ejecutivo mantener condicionada la aplicación de la ley. Por eso, la apelación anunciada por el Gobierno no representa simplemente otro capítulo administrativo: busca revertir una decisión que cuestionó la herramienta jurídica utilizada por la Casa Rosada desde octubre de 2025.
¿Qué reclama concretamente la Ley 27.795?
La norma es más amplia que una discusión salarial. Su objetivo declarado es garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio nacional y establece objetivos vinculados con el ingreso, la permanencia y la terminalidad de los estudiantes, además de las condiciones laborales de docentes y nodocentes. También contempla cuestiones relacionadas con infraestructura, equipamiento, investigación, extensión y funcionamiento del sistema universitario.
El artículo 5 establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios docentes y nodocentes entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley en un porcentaje que no puede ser inferior a la variación del IPC correspondiente a ese período, además de disponer que los incrementos sean remunerativos y bonificables. El artículo 6 contempla la actualización de programas y becas estudiantiles. Son justamente algunos de estos puntos los que quedaron alcanzados por la cautelar y por las posteriores intimaciones judiciales.
La discusión económica, por lo tanto, tiene una magnitud considerable. La Nación consignó que el Gobierno ya aplicó una actualización salarial de 21,33% en junio y otro 3% adicional en octubre, pero sostuvo que permanecían pendientes otros componentes de la ley, entre ellos recursos para gastos de funcionamiento y una partida destinada a hospitales universitarios. El CIN, por su parte, calculó que para 2027 necesita alrededor de $11 billones para una aplicación plena de la norma, cifra que representa un 33% más que la prevista en el proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo.
El Gobierno sostiene otra lectura: que no existe una negativa absoluta a financiar las universidades y que la discusión debe darse dentro de las posibilidades fiscales del Estado. La diferencia es que los tribunales están examinando ahora no solamente cuánto dinero se giró, sino si el Poder Ejecutivo puede condicionar por decreto una ley que el Congreso ratificó después de rechazar el veto presidencial.
Bartolacci habló de “ensañamiento incomprensible”
La reacción del sistema universitario fue inmediata. Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de Rosario, calificó de “ensañamiento incomprensible” la actitud del Gobierno y planteó que el conflicto excede a las universidades.
“No es bueno para el país que la ley se cumpla sólo cuando a mí me gusta”, sostuvo Bartolacci al cuestionar la decisión oficial de volver a recurrir la resolución judicial. En otra intervención, resumió su lectura con una frase todavía más directa: “No es un conflicto del Gobierno con las universidades, es un conflicto del Gobierno con la ley”.
La crítica no se limita al titular del CIN. Rectores y organizaciones universitarias vienen sosteniendo que el problema combina salarios atrasados, becas, presupuesto de funcionamiento e investigación. El CIN presentó ante diputados y senadores un proyecto de presupuesto universitario para 2027 por $11 billones y advirtió que, sin modificaciones al proyecto oficial, el sistema podría afrontar dificultades severas para iniciar el próximo ciclo académico.
La Universidad Nacional de Cuyo también se sumó formalmente al reclamo. Su Consejo Superior aprobó por unanimidad una declaración para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar recursos suficientes para 2027. En Mendoza, además, la comunidad universitaria ya confirmó su participación en la movilización federal del 15 de octubre.
La quinta marcha llega con el conflicto judicial en el centro
La nueva apelación del Gobierno se produce apenas una semana antes de la Quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el jueves 15 de octubre.
La movilización será nacional y tendrá como principales reclamos el cumplimiento de la Ley 27.795, la recomposición salarial de docentes y nodocentes, las becas y un presupuesto que permita sostener el funcionamiento de las universidades. El CIN, la Federación Universitaria Argentina y las organizaciones gremiales respaldaron la convocatoria.
La fecha no es menor. El reclamo universitario coincide con el debate del Presupuesto 2027 en el Congreso, de modo que la pelea judicial y la discusión legislativa vuelven a cruzarse. Los rectores no solamente buscan que el Gobierno cumpla con la sentencia: también intentan modificar el monto que el Ejecutivo proyectó para las universidades durante el próximo ejercicio.
En Mendoza, la UNCUYO convocó a marchar desde su campus hasta Plaza Independencia a partir de las 15 del 15 de octubre. La convocatoria muestra que el conflicto dejó de concentrarse exclusivamente en Buenos Aires y vuelve a adquirir una dimensión federal, algo que el propio sistema universitario busca remarcar en esta nueva etapa.
El Gobierno vuelve a apostar a la vía judicial
La decisión de apelar tiene una consecuencia evidente: el conflicto seguirá abierto.
La sentencia de Cormick es de primera instancia y puede ser revisada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El Ejecutivo ya había recurrido decisiones anteriores en el mismo expediente y ahora vuelve a utilizar la vía judicial para intentar frenar una resolución que considera incompatible con su interpretación presupuestaria y constitucional.
El problema para la Casa Rosada es que la secuencia ya acumula varios capítulos en distintas instancias. Primero fue el veto. Después, la insistencia legislativa. Luego, la promulgación condicionada. Más tarde, la cautelar. Después, la confirmación de la Cámara y la intervención de la Corte Suprema. Luego llegaron las intimaciones para acreditar el cumplimiento y, finalmente, la sentencia que cuestionó directamente el Decreto 759/2025.
Según reconstrucciones periodísticas que contabilizan los distintos recursos y planteos presentados por el Ejecutivo, la nueva apelación constituye la novena vez que el Gobierno recurre una decisión favorable al reclamo universitario. El dato debe entenderse como un recuento de las distintas actuaciones judiciales dentro del prolongado conflicto, y no como nueve fallos definitivos idénticos.
El problema que deja abierto el fallo
Hay una discusión económica que seguirá existiendo aunque la Justicia confirme la sentencia: cuánto cuesta aplicar integralmente la Ley 27.795 y cómo deben incorporarse esas obligaciones al Presupuesto.
Pero hay otra discusión, más profunda, que ahora quedó expresamente planteada por Cormick: qué puede hacer un Presidente cuando el Congreso rechaza un veto mediante las mayorías que establece la Constitución.
El Gobierno sostiene que necesita una fuente presupuestaria definida para ejecutar las obligaciones que establece la ley. El juez, en cambio, entiende que el Decreto 759/2025 terminó convirtiendo esa condición en una suspensión de la voluntad legislativa que no puede sostenerse jurídicamente.
Y ahí aparece el punto que transforma esta pelea en algo más grande que el financiamiento universitario. Si el fallo queda firme, el antecedente no impactará solamente sobre los salarios docentes, las becas o las partidas de las universidades: también reforzará el límite entre las facultades del Ejecutivo y la obligación de cumplir una ley que el Congreso sancionó y luego volvió a ratificar después de un veto presidencial.
Por ahora, nada está definitivamente cerrado. El Gobierno apeló y la Cámara deberá revisar la decisión. Mientras tanto, las universidades siguen reclamando, los rectores se preparan para volver a movilizarse y el Presupuesto 2027 abre otra batalla política por los recursos.
Lo que sí quedó expuesto es el tamaño de la disputa: Milei no consiguió cerrar el conflicto con el veto, tampoco logró resolverlo mediante el Decreto 759/2025 y ahora vuelve a los tribunales para intentar revertir un fallo que cuestionó precisamente esa estrategia.
A una semana de la Quinta Marcha Federal Universitaria, la pregunta ya no es solamente cuánto dinero recibirán las universidades.
También es quién tiene la última palabra cuando un Presidente veta una ley, el Congreso insiste con dos tercios y la Justicia termina ordenando que esa norma se cumpla.
