Médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios para PAMI cumplen desde este miércoles 30 de septiembre un paro nacional de 72 horas que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre. La medida fue convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) y tiene como eje el reclamo por una recomposición de los honorarios y el rechazo al esquema de remuneración implementado por el organismo en abril.
En Mendoza, el conflicto tiene una particularidad que permite dimensionar la discusión: los profesionales sostienen que el nuevo mecanismo modificó sustancialmente la relación entre cantidad de pacientes atendidos e ingresos. Gustavo Tanús, delegado nacional de APPAMIA en la provincia, explicó que el problema comenzó con la Resolución 1107/2026, dictada por PAMI el 9 de abril. La norma estableció desde ese mes una cápita de $2.100 por afiliado para el médico de cabecera y modificó el esquema que hasta entonces combinaba una cápita menor con pagos por prestaciones.
La resolución oficial permite precisar qué cambió. PAMI estableció un nuevo valor de cápita de $2.100 para el módulo correspondiente al médico de cabecera y el nuevo esquema incorporó dentro de ese mecanismo prestaciones que anteriormente se liquidaban por separado. El Gobierno defendió el cambio como una forma de ordenar el sistema y reforzar los controles sobre las prestaciones.
El cambio que encendió el conflicto
Antes de abril, según explicó el titular de PAMI, Esteban Leguízamo, el médico recibía una cápita de aproximadamente $950 por afiliado y, además, cobraba por las prestaciones realizadas. Con la modificación, PAMI llevó la cápita a $2.100 pero pasó a un esquema de cápita cerrada: el profesional recibe el monto correspondiente a sus afiliados independientemente de la cantidad de consultas realizadas. Leguízamo defendió la decisión y sostuvo que el organismo buscaba ordenar el presupuesto, mejorar la trazabilidad y fortalecer las auditorías.
Desde APPAMIA, en cambio, la lectura fue completamente diferente. La asociación denunció que la eliminación de los pagos adicionales por consulta produjo una caída significativa de los ingresos de los profesionales, que estimó en alrededor del 50% y, en distintos casos, en hasta un 52%. Ese porcentaje corresponde a una estimación del sector profesional, no a una medición oficial de PAMI.
Tanús describió el impacto en Mendoza a partir de un caso promedio. Según explicó, un médico de cabecera con alrededor de 700 afiliados podía alcanzar antes de la reforma unos $3 millones mensuales, considerando la cápita y el pago de las consultas. Después del cambio, aseguró que en mayo el ingreso fue de aproximadamente $1,4 millones. Para volver a un nivel semejante, sostuvo que la cápita debería ubicarse alrededor de los $4.500 por afiliado.
La diferencia entre ambos modelos es central. Con una cápita cerrada, el ingreso básico está vinculado a la cantidad de afiliados asignados y no a la cantidad de consultas facturadas individualmente. Por eso, un profesional que atienda muchas veces a un mismo paciente no incrementa su ingreso por cada consulta como ocurría bajo el esquema anterior. PAMI considera que esa modalidad permite ordenar y controlar mejor las prestaciones; los médicos sostienen que desconoce la carga real de trabajo.
De $2.100 a $2.700 y una oferta de $3.000
Después de la implementación de la resolución, el conflicto no terminó. Según Tanús, las conversaciones con las autoridades derivaron en sucesivas actualizaciones de la cápita: de los $2.100 iniciales se pasó a $2.400 y luego a $2.700. El problema, según el representante de los profesionales, fue que las negociaciones se interrumpieron durante dos meses y recién posteriormente apareció una nueva propuesta.
La oferta actualmente cuestionada por APPAMIA lleva la cápita de los médicos de cabecera a $3.000 por afiliado. Los profesionales consideran que ese valor continúa lejos de lo necesario para recomponer la pérdida que denuncian desde abril. La organización reclama, según la comunicación difundida antes del paro, valores superiores: distintas publicaciones consignaron un pedido de $4.500, mientras APPAMIA también difundió una escala de $3.500 para septiembre y $4.200 para octubre.
La diferencia, por lo tanto, no es solamente de $300. El conflicto tiene como telón de fondo qué nivel de ingresos genera realmente el nuevo sistema y si la cápita alcanza para sostener la estructura necesaria para brindar atención.
Tanús agregó otro elemento: los médicos deben afrontar por su cuenta los costos del consultorio. Mencionó alquiler, secretaria, monotributo, aportes jubilatorios y seguros, y estimó que cada uno de esos conceptos puede rondar los $200.000. Según su cálculo, después de esos gastos el ingreso efectivo puede quedar por debajo del millón de pesos para un profesional que trabaja unas 21 horas semanales y además realiza tareas administrativas fuera del consultorio. Es una estimación del delegado de APPAMIA y no un cálculo oficial del organismo.
Qué dice PAMI
La versión oficial es diferente y resulta fundamental para entender el conflicto completo. Leguízamo sostuvo desde abril que el organismo no había reducido la cápita sino que la había incrementado de unos $950 a $2.100, un aumento nominal del 120%. La modificación, explicó, implicó cambiar el esquema anterior por una cápita cerrada y avanzar con controles más estrictos sobre las prestaciones facturadas.
El titular de PAMI también sostuvo que el organismo trabaja con un presupuesto limitado y que el cambio debía permitir un mayor control sobre los recursos. Desde la perspectiva oficial, por lo tanto, el debate no puede analizarse únicamente desde el ingreso de cada profesional, sino también desde la administración del presupuesto de la obra social y el control de las prestaciones que se pagan.
La disputa llegó incluso al Congreso. En septiembre, el diputado Pablo Todero presentó el expediente 4489-D-2026, que propone declarar la emergencia del PAMI durante doce meses y derogar la Resolución 1107/2026. El proyecto cuestiona específicamente la reforma implementada por el organismo. Se trata de una iniciativa parlamentaria y no de una norma aprobada, por lo que su presentación no implica que la resolución haya sido derogada ni modificada.
Los odontólogos, con un reclamo todavía más complejo
Los odontólogos que trabajan con PAMI también participan del paro y atraviesan un conflicto propio. En este caso, la discusión incluye el valor de la cápita pero también el costo de los materiales, insumos y determinadas prestaciones odontológicas.
Tanús aseguró que la cápita odontológica se ubica en torno a $370 por afiliado y señaló que un profesional puede tener, en el mejor de los casos, unos 4.000 afiliados. Con esos números, calculó un ingreso de alrededor de $740.000, antes de descontar los gastos propios de la actividad. Nuevamente, se trata de una estimación aportada por el representante de APPAMIA.
La situación había sido denunciada meses atrás por representantes de la entidad. En mayo, la secretaria de APPAMIA Fernanda Scoccia había señalado que el valor per cápita odontológico rondaba los $372 y que resultaba insuficiente para sostener la atención. También hubo reclamos por valores reconocidos para prótesis y por demoras en los pagos.
Para el nuevo tramo de negociación, PAMI ofreció llevar la cápita odontológica a $500, mientras APPAMIA reclama una cifra sustancialmente mayor. Las fuentes consultadas muestran distintos valores históricos según el período y la prestación, por lo que no corresponde presentar una única cifra como si hubiera sido constante durante todo 2026.
Qué pasa con los jubilados durante el paro
La protesta afecta directamente a los afiliados que tienen turnos programados con profesionales adheridos. En Mendoza, las consultas habituales son reprogramadas y durante las jornadas de paro se mantiene la atención de urgencias. También se informó la continuidad de determinadas recetas para pacientes con patologías prevalentes.
Esto requiere una precisión importante: el paro no significa que todos los servicios de PAMI estén suspendidos ni que todos los médicos y odontólogos del país hayan dejado de atender. La adhesión depende de cada profesional y existen diferencias entre provincias. Por ejemplo, medios de San Juan informaron que allí la adhesión fue prácticamente nula, mientras en Mendoza se registró impacto sobre los turnos programados.
El médico de cabecera ocupa además un lugar estratégico dentro del sistema. PAMI lo define oficialmente como la puerta de entrada a sus prestaciones: es quien lleva la historia clínica, receta medicamentos, solicita estudios y deriva a especialistas. Por eso, cualquier dificultad para sostener esa red de profesionales puede tener consecuencias sobre el funcionamiento cotidiano de la atención de los jubilados.
Un conflicto que empezó en abril y todavía no encuentra salida
La medida de fuerza de esta semana no apareció de manera aislada. En abril, inmediatamente después de la entrada en vigencia de la Resolución 1107, APPAMIA ya había realizado otro paro de 72 horas. En aquel momento, el reclamo estaba centrado en la eliminación del pago por consulta y en el nuevo valor de $2.100 por afiliado.
Desde entonces hubo modificaciones en el valor de la cápita y reuniones entre las partes, pero el desacuerdo de fondo permaneció. Para los profesionales, los incrementos posteriores no compensaron la pérdida producida por el cambio del sistema. Para PAMI, la nueva modalidad forma parte de una reorganización destinada a controlar el gasto y transparentar las prestaciones.
La diferencia entre ambas posiciones explica por qué una discusión que comenzó con una resolución administrativa terminó convirtiéndose en un conflicto nacional que afecta la atención de los afiliados.
Y el problema que queda después del viernes es precisamente ese: si PAMI y los profesionales no logran encontrar un valor y un esquema de remuneración que permitan sostener los consultorios, el conflicto puede volver a repetirse.
Por ahora, la foto es clara: médicos y odontólogos reclaman una recomposición que consideran indispensable para continuar trabajando; PAMI sostiene su nuevo modelo de cápita y defiende la necesidad de ordenar y auditar los recursos; y en el medio quedan los jubilados, que dependen de esa red para acceder a consultas, recetas, estudios y derivaciones.
La discusión puede medirse en pesos, cápitas y resoluciones. Pero detrás de esos números hay una pregunta mucho más concreta: si el sistema no logra garantizar condiciones económicas sostenibles para quienes funcionan como puerta de entrada a la atención, ¿qué tan sostenible puede ser la atención de los propios afiliados?
