La historia patrimonial de Manuel Adorni volvió a cambiar de escenario este lunes. El exjefe de Gabinete presentó ante el juez federal Ariel Lijo un escrito de 78 páginas para responder las 20 observaciones formuladas por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La defensa sostiene que la evolución patrimonial del exfuncionario entre diciembre de 2023 y junio de 2026 tiene una explicación “razonable y verificable” y atribuye buena parte de los dólares cuestionados a ganancias obtenidas mediante operaciones con Bitcoin.

El dato más llamativo de la presentación es la cifra: US$591.544,61. Según la explicación de su abogado, ese dinero surgió de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin cuya actividad se concentró entre 2014 y 2018. La defensa afirma que Adorni certificó ante escribano que posee las claves privadas asociadas a esas direcciones y entregó las claves en un sobre lacrado para que puedan ser verificadas por la investigación. Sin embargo, una dirección de blockchain no identifica por sí misma a una persona: lo que se intenta probar ahora es que quien controla las claves también era el propietario original de esos activos.

Según la versión presentada ahora, Adorni y su esposa habrían reunido ahorros con sus actividades profesionales privadas y comenzaron a comprar Bitcoin en 2014. La defensa ubica la primera adquisición en unos US$1.897,20 y señala que la mayor inversión, por unos US$199.883,20, se produjo en 2017. Una de las operaciones de venta que detalla el escrito habría ocurrido el 5 de agosto de 2017 por US$296.785,46. El conjunto de las ocho billeteras habría producido los casi US$592.000 que ahora se utilizan para explicar parte del patrimonio posterior.

Pero el relato incorpora un elemento todavía más difícil de explicar: la defensa sostiene que el matrimonio decidió durante años “vivir como si no lo tuvieran”. Según su versión, después de vender las criptomonedas recibieron dólares en efectivo, fuera del sistema bancario, y conservaron buena parte del dinero en su domicilio hasta que Adorni asumió como funcionario público en diciembre de 2023. Recién entonces habrían comenzado a utilizar esos fondos para afrontar gastos vinculados con mudanzas, propiedades, vehículos y viajes.

Ahí aparece el primer gran problema político del caso: la explicación que hoy llega a la Justicia no fue la explicación que Adorni dio durante los primeros meses del escándalo. El 29 de abril, cuando acudió al Congreso para presentar su informe de gestión, aseguró que todos los bienes de su patrimonio figuraban declarados y que no existía ocultamiento. Sin embargo, el 10 de junio reconoció públicamente que había omitido alrededor de medio millón de dólares en sus declaraciones anteriores y rectificó sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción.

La modificación no fue menor. En las presentaciones rectificativas Adorni incorporó unos US$506.000 que no aparecían en su primera declaración como funcionario. Además, explicó públicamente que había invertido unos US$200.000 en Bitcoin y obtenido aproximadamente US$300.000 de ganancias. La declaración jurada presentada el 11 de junio elevó su patrimonio neto declarado a unos $627,2 millones, según la reconstrucción de La Nación.

Y es justamente en este punto donde la cronología política se vuelve especialmente incómoda para Javier Milei.

El 7 de mayo, cuando las dudas sobre el patrimonio de su jefe de Gabinete ya eran públicas y Patricia Bullrich reclamaba que presentara la documentación, Milei salió a respaldarlo. Dijo que Adorni tenía los papeles preparados, que la declaración se presentaría antes del 31 de julio y que sus cuentas estaban “en regla”. En otra parte de esa misma defensa sostuvo que había visto la documentación que Adorni le había presentado y que estaba convencido de que estaba limpio.

La primera presentación administrativa llegó 35 días después, el 11 de junio. Pero la explicación detallada que ahora fue puesta a consideración de la Justicia llegó el 21 de septiembre. Entre aquella afirmación de Milei del 7 de mayo y esta presentación judicial transcurrieron exactamente 137 días.

La diferencia no es un dato menor. Durante esos 137 días ocurrieron varios cambios en el relato: primero Adorni sostenía que todo estaba declarado; después admitió fondos no declarados; luego atribuyó parte de esos ahorros a Bitcoin; y ahora incorpora ocho billeteras, operaciones concretas, ventas en efectivo, claves privadas y una reconstrucción mucho más detallada para intentar demostrar que el dinero existía antes de su llegada al Gobierno.

Pero existe una contradicción todavía más concreta y difícil de resolver dentro de la propia historia cripto.

En junio, Adorni sostuvo que había comenzado a incursionar en Bitcoin en 2013 y que en 2014 había empezado a invertir “fuerte”. Sin embargo, en una videoconferencia realizada en octubre de 2020, el propio Adorni contó una historia diferente. Dijo que su primer acercamiento había ocurrido “cinco o seis años” antes y recordó que en aquel momento el Bitcoin cotizaba alrededor de US$6.000. Ese precio fue alcanzado por primera vez recién en octubre de 2017.

La contradicción no demuestra que la nueva explicación sea falsa. Una persona puede recordar mal las fechas, haber tenido un primer contacto informal años después de realizar otras operaciones o haber utilizado expresiones imprecisas en una charla. Pero tampoco puede ignorarse: la cronología pública de 2020 no coincide con la cronología patrimonial que Adorni presentó para explicar ahora el origen de sus fondos. Y es precisamente la Justicia la que deberá determinar cuál de esas versiones, respaldada por qué documentación, resulta acreditada.

Hay además una paradoja económica dentro del relato. Adorni afirma que vendió criptomonedas en operaciones personales, con compradores cuya identidad no quedó necesariamente vinculada a las billeteras, y que recibió dólares físicos. La defensa sostiene que cuatro de las direcciones fueron liquidadas el 5 de agosto de 2017 y que una sola operación representó US$296.785,46. El dinero habría permanecido fuera del sistema bancario durante años. Es una explicación posible en términos materiales, pero justamente por haber sido operaciones privadas, en efectivo y sin registros bancarios, la carga de demostrar documentalmente el origen y la titularidad adquiere una importancia todavía mayor.

La causa judicial no surgió únicamente por la ausencia de esa explicación. El fiscal Pollicita había reconstruido que entre diciembre de 2023 y junio de 2026 los ingresos familiares comprobados alcanzaban unos $229,75 millones, mientras los gastos registrados ascendían a unos $272,82 millones, dejando una diferencia de aproximadamente $43,07 millones, además de consumos y erogaciones nominadas en dólares. La defensa ahora cuestionó esa metodología y calificó la diferencia como una “brecha residual”.

La investigación también había puesto bajo la lupa la compra y refacción de la vivienda de Indio Cuá, otras propiedades, vehículos, viajes y movimientos de efectivo. En su nueva presentación, Adorni rechazó algunos de los cálculos de gastos que habían llegado al expediente y sostuvo que la vivienda se financió con una combinación de crédito hipotecario y ahorros familiares. Ese capítulo tampoco está cerrado: las explicaciones forman parte ahora del material que deberá evaluar el fiscal antes de decidir cómo continúa el expediente.

El contexto político tampoco es menor. Milei designó a Adorni como jefe de Gabinete en noviembre de 2025, lo mantuvo en el centro de su esquema político durante meses y lo defendió públicamente cuando las sospechas patrimoniales ya estaban instaladas. En junio, después de la presentación administrativa y de la escalada del caso, Adorni terminó renunciando al cargo. El Gobierno aceptó su salida el 29 de junio mediante el Decreto 548/2026.

La secuencia deja una imagen difícil de conciliar con la contundencia de aquella defensa presidencial del 7 de mayo. Milei aseguró que había visto los papeles y que estaban en orden antes de que Adorni presentara públicamente su declaración rectificativa, reconociera fondos no declarados y antes de que la Justicia recibiera la explicación detallada que hoy intenta sostener la historia del Bitcoin.

Eso no significa que Milei haya participado de una irregularidad patrimonial ni que conociera la totalidad de los detalles que luego aparecieron. Tampoco significa que Adorni haya cometido un delito. La investigación judicial todavía debe determinar si la explicación es suficiente y si existe una conducta penalmente relevante.

Pero sí permite formular una pregunta política legítima: ¿sobre qué documentación concreta aseguró el Presidente que “todo estaba en regla” si la explicación patrimonial que hoy se presenta ante la Justicia recién terminó de construirse meses después?

La defensa de Adorni tiene ahora la oportunidad de demostrar con registros de blockchain, documentación contable, certificaciones notariales y demás elementos que esos activos le pertenecían y que efectivamente fueron realizados antes de su llegada al Estado. Si esa prueba resulta suficiente, una parte sustancial de las dudas podrá quedar despejada.

Hasta entonces, el relato presenta demasiados cambios como para que la discusión pueda cerrarse con una declaración política de inocencia.

Porque el dato más incómodo no es solamente que aparezcan casi US$600.000 en Bitcoin.

Es que primero apareció una certeza presidencial.

Después apareció una declaración jurada corregida.

Y recién 137 días después de aquella garantía de Milei, apareció ante la Justicia la explicación detallada que ahora deberá demostrar si aquella certeza estaba realmente respaldada por los papeles.