La cifra que vuelve a poner a ANDIS en el centro de la escena no es una estimación periodística ni una denuncia de la oposición. Surge de una auditoría realizada después de la intervención del organismo durante el Gobierno de Javier Milei y que revisó la gestión de la agencia hasta el 21 de agosto de 2025, el mismo día en que el Ejecutivo desplazó a Diego Spagnuolo. El informe detectó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre dos listados de deuda exigible elaborados por áreas internas de la administración.

El dato requiere una aclaración fundamental: esa diferencia no significa, por sí sola, que hayan desaparecido $158.717 millones ni que ese dinero haya sido robado. Lo que encontró la auditoría fue que dos áreas centrales del organismo informaban montos diferentes respecto de las obligaciones pendientes. La Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), que tenía bajo su órbita programas como Incluir Salud, declaró una deuda considerablemente mayor que la registrada por la Dirección de Presupuesto y Contabilidad. Los propios responsables del área señalaron que parte de las diferencias podía obedecer a errores involuntarios de carga o clasificación de información proporcionada por prestadores.

Pero justamente allí aparece el problema político: si dos áreas fundamentales de un organismo estatal no pueden presentar la misma fotografía de sus obligaciones, la discusión deja de ser meramente contable y pasa a ser una discusión sobre control del dinero público. Y esa debilidad no es una interpretación opositora. El informe final de intervención citado por el propio Gobierno en el Decreto 942/2025 habla de ausencia de manuales de procedimientos, fallas de trazabilidad documental, problemas persistentes en los registros, deficiencias en la gestión contractual y debilidades estructurales del sistema de control interno.

El Gobierno de Milei fue todavía más contundente al justificar la desaparición de la propia ANDIS como organismo autónomo. El Decreto 942/2025, publicado el 2 de enero de 2026, sostiene que durante la intervención se detectaron “irregularidades de gravedad” en las contrataciones y en la gestión de gastos vinculados con insumos médicos, equipamientos y dispositivos de alta complejidad, particularmente dentro de la DNASS. El mismo decreto afirmó que esas deficiencias podían comprometer la regularidad y legalidad del funcionamiento del organismo y poner en riesgo el acceso efectivo de las personas con discapacidad a medicamentos y prestaciones.

Es decir, existe una paradoja difícil de esquivar para la administración libertaria: el mismo Gobierno que designó a Spagnuolo como director ejecutivo en diciembre de 2023 terminó interviniendo el organismo, ordenando una auditoría y utilizando los resultados de esa revisión para justificar su reestructuración y posterior disolución. El Decreto 96/2023 fue firmado por Javier Milei y Nicolás Posse y puso a Spagnuolo al frente de ANDIS; el Decreto 599/2025 limitó su designación y dejó asentado que la medida se adoptaba para que la Justicia pudiera investigar los hechos de público conocimiento.

La auditoría, además, no encontró solamente un problema entre planillas. Detectó el uso del mecanismo conocido como “legítimo abono” para cancelar bienes y servicios que ya habían sido entregados sin que previamente hubieran atravesado los procedimientos ordinarios de contratación. El relevamiento señaló que hasta la fecha de corte esa herramienta continuaba utilizándose y que solamente se habían iniciado seis procedimientos de compra vinculados con esos servicios. El informe no individualizó cuáles fueron todos los pagos realizados bajo esa modalidad, un límite que también debe ser señalado.

La magnitud económica del área ayuda a entender por qué el dato es relevante. La auditoría contabilizó $479.504 millones pagados a proveedores de medicamentos e insumos entre 2024 y el 21 de agosto de 2025. Es decir, cientos de miles de millones de pesos pasaron por un sistema que la propia intervención describió luego como afectado por problemas de control, trazabilidad y contratación.

Y el expediente judicial ya había encontrado algo todavía más grave. En febrero de 2026, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo como presunto líder de una asociación ilícita y a otras 18 personas. Según la resolución comunicada por el Ministerio Público Fiscal, la investigación reconstruyó una organización integrada por funcionarios públicos y particulares que habría obtenido ganancias mediante adjudicaciones indebidas de contrataciones farmacéuticas. A Spagnuolo se le impuso además un embargo de $202.000 millones.

El procesamiento no es una condena. Pero tampoco es una simple denuncia política. Es una decisión judicial que, en esta etapa, consideró que existían elementos suficientes para avanzar con una imputación formal contra el exjefe del organismo. La Fiscalía sostiene que el esquema investigado involucraba compras de medicamentos de alto costo y otros insumos del Programa Federal Incluir Salud, y posteriormente se ordenaron 29 nuevas indagatorias, incluidos Spagnuolo, el exdirector nacional Daniel Garbellini y el empresario señalado como intermediario, Miguel Ángel Calvete.

La causa también incorporó un dato que vuelve todavía más delicada la discusión sobre las compras: un informe técnico del Ministerio de Salud detectó sobreprecios de hasta 4.239% en operaciones de andadores, sillas de ruedas y prótesis. El documento analizó 37 facturas de seis proveedores que recibieron en conjunto unos $18.100 millones. En uno de los casos, una silla de ruedas fue facturada a $19 millones cuando el valor de referencia nacional se ubicaba alrededor de $1,28 millones; en otro, un andador presentó un desvío de 4.239%.

Esas cifras tampoco equivalen automáticamente a un delito probado en cada operación. Lo que sí hicieron fue aportar nuevos elementos a una causa que ya investiga direccionamiento de contrataciones, sobreprecios y presuntos retornos. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas informó que había identificado una normativa interna que habilitaba un régimen especial de contrataciones y que, según la pesquisa, ese mecanismo habría sido utilizado para direccionar acuerdos millonarios con una droguería proveedora. La PIA también participó en allanamientos y solicitó un sumario administrativo.

En ese punto vuelve a aparecer el famoso “3%”, aunque con una precaución que resulta indispensable. Los audios difundidos en agosto de 2025, atribuidos a Spagnuolo, contenían acusaciones según las cuales Karina Milei recibiría una comisión sobre determinadas compras. Eso sigue siendo una acusación contenida en grabaciones cuya autenticidad y eventual edición continúan bajo peritaje judicial; no existe una condena ni una prueba judicial definitiva que permita presentar esa acusación como un hecho probado.

De hecho, al 21 de septiembre de 2026 la discusión sobre esos audios está lejos de haber terminado. La defensa de Spagnuolo intentó frenar el análisis de 58 archivos y el juez federal Ariel Lijo rechazó el planteo. La Gendarmería inició el peritaje para determinar origen, integridad y autenticidad, pero durante septiembre surgieron controversias internas: especialistas oficiales primero consideraron apto para cotejo un archivo y luego cambiaron de criterio y lo calificaron como no apto. Por ahora no existe un dictamen final que cierre la discusión sobre la identidad de la voz y la integridad de todas las grabaciones.

Y mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió con las grabaciones, la relación de Spagnuolo con el poder político tampoco admite ser presentada como una anécdota menor. Fue designado directamente por Milei, había sido abogado del actual Presidente y formaba parte de La Libertad Avanza desde sus primeros años. Registros oficiales obtenidos mediante pedidos de acceso a la información muestran que ingresó 38 veces a la quinta presidencial de Olivos entre enero de 2024 y marzo de 2025, convirtiéndose en la cuarta persona con más visitas a la residencia presidencial en ese período. Chequeado también documentó tres reuniones de Spagnuolo con Eduardo “Lule” Menem en Casa Rosada.

Conviene hacer aquí otra precisión: los 38 registros corresponden a Olivos, no a la Casa Rosada. Es una diferencia importante porque la información sobre reuniones y visitas debe ser exacta. Pero lejos de debilitar la cuestión, el dato permite dimensionar que Spagnuolo no era un funcionario desconocido o periférico para el círculo presidencial. Su vínculo con Milei era anterior a la llegada al poder y su presencia en el entorno presidencial fue considerable durante buena parte de la primera etapa del Gobierno.

Después del estallido del escándalo, la respuesta oficial fue la remoción de Spagnuolo y la intervención de ANDIS. El Gobierno designó a Alejandro Vilches como interventor y anunció una auditoría integral centrada precisamente en los procesos administrativos y el uso de los recursos públicos. En enero de 2026, el Ejecutivo utilizó las conclusiones de esa intervención para disolver ANDIS y transferir sus competencias al Ministerio de Salud, creando la Secretaría Nacional de Discapacidad.

El propio Gobierno reconoció ante el Congreso que los hallazgos de la intervención fueron enviados a la Justicia. En una respuesta oficial incorporada al informe de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Salud señaló que las irregularidades detectadas estaban agregadas a la causa CFP 3402/2025, radicada en el Juzgado Federal N.º 11, y que la información reunida durante la investigación tenía carácter reservado mientras el expediente permaneciera en trámite.

Por eso, el nuevo hallazgo de $158.717 millones de diferencia tiene un peso político que excede la contabilidad. No prueba por sí mismo que ese dinero haya sido desviado, pero sí agrega una nueva capa a una gestión que ya tenía funcionarios procesados, compras bajo investigación, informes oficiales sobre fallas graves en los controles y proveedores investigados por operaciones con sobreprecios. Y todo eso ocurrió mientras el organismo estaba dirigido por una persona elegida directamente por el Presidente.

La contradicción con el discurso de Milei es inevitable. El Presidente construyó buena parte de su identidad política alrededor de la idea de ordenar el Estado, terminar con los privilegios y cuidar cada peso de los contribuyentes. Pero en una de las áreas más sensibles —la atención de personas con discapacidad— su propia administración terminó encontrando inconsistencias millonarias entre registros, fallas en la trazabilidad, contrataciones cuestionadas y gastos que el propio Ejecutivo calificó de graves.

No se trata de afirmar que todo ese dinero fue robado. Se trata de algo más elemental: el Estado que Milei prometió convertir en una maquinaria eficiente y transparente tuvo que intervenir un organismo que su propio Gobierno había puesto en manos de uno de sus hombres de confianza y luego reconoció oficialmente que allí existían graves problemas de control y contratación.

La Justicia seguirá determinando responsabilidades individuales. Los peritajes de los audios deberán decir qué material es auténtico y cuál fue manipulado. Los acusados tendrán derecho a defenderse y a cuestionar las pruebas. Pero el expediente ya dejó de ser solamente el escándalo de unos audios filtrados.

Ahora hay auditorías oficiales, números que no coinciden, $479.504 millones pagados a proveedores de medicamentos e insumos, procesamientos, embargos, compras con diferencias de precios de miles por ciento y una cifra nueva que obliga a volver a mirar los papeles: $158.717.131.557,63 de diferencia entre registros de deuda.

El “3%” puede tardar en probarse o incluso puede terminar desmentido por la evidencia. Lo que la auditoría no necesita de un audio para demostrar es otra cosa: durante la gestión Spagnuolo, el sistema de control de ANDIS tenía agujeros enormes.

Y esta vez, la acusación más incómoda no viene de una filtración ni de un adversario político.

Viene de los propios papeles que dejó el Estado.