La crisis financiera y administrativa de la Obra Social de los Empleados Públicos de Mendoza vuelve a quedar bajo la lupa. Esta vez no por una denuncia política ni por un reclamo sindical, sino por un documento oficial del Tribunal de Cuentas que revisó la gestión administrativa, financiera y patrimonial de OSEP correspondiente al ejercicio 2024.

El dato que encendió las alarmas es contundente: al 31 de diciembre de 2024, OSEP tenía registrados en sus cuentas patrimoniales $74.443.836.718,82 en gastos impagos que no habían sido imputados en la ejecución presupuestaria de los ejercicios correspondientes. El propio fallo precisa que esos gastos fueron devengados entre 2017 y 2024 y que la observación no era nueva: había sido formulada reiteradamente en ejercicios anteriores.

Pero hay una precisión indispensable: no se trata de una deuda que el Tribunal haya descubierto ahora ni de $74.000 millones que necesariamente continúen pendientes en septiembre de 2026. El monto corresponde al cierre del ejercicio 2024 y forma parte del expediente de rendición que el Tribunal resolvió el 20 de marzo de 2026. La novedad periodística es que el contenido del fallo tomó estado público ahora, mientras que la resolución había sido publicada oficialmente el 27 de marzo.

Y justamente ahí aparece el problema de fondo: más que una fotografía de un día determinado, el expediente muestra una dificultad estructural para compatibilizar el gasto real de la obra social con su ejecución presupuestaria y sus mecanismos de control.

$74.000 millones que no aparecieron de un día para otro

La observación del Tribunal corresponde a la cuenta contable denominada “Gastos a pagar”, donde estaban registrados los pasivos pendientes. El organismo de control señaló que esos gastos habían sido devengados a lo largo de varios ejercicios pero no habían sido incorporados a la ejecución presupuestaria de los períodos correspondientes.

El problema tampoco comenzó con el actual director general de OSEP. El propio fallo señala que se trata de una observación reiterada y que el Tribunal había impartido numerosas instrucciones en ejercicios anteriores. Incluso remite expresamente a un fallo correspondiente al ejercicio 2023.

La administración de OSEP explicó que durante 2024 el escenario financiero se deterioró fuertemente después de la devaluación de diciembre de 2023. Según el descargo incorporado al expediente, el impacto fue particularmente fuerte sobre los medicamentos oncológicos y los planes especiales, con aumentos anuales superiores al 400% en algunos segmentos.

El Tribunal consideró que esos argumentos eran atendibles dentro del contexto económico de fines de 2023 y reconoció la complejidad que atravesaba el financiamiento sanitario. Pero eso no significa que haya desconocido la irregularidad administrativa: el expediente deja expresamente asentado que no se habían realizado los ajustes que habían sido requeridos y que la situación configuraba un procedimiento administrativo irregular.

Finalmente, el Tribunal decidió no aplicar sanción y dar por salvada la observación, teniendo en cuenta el contexto económico, las explicaciones de los responsables y la voluntad de corregir el mecanismo. La decisión, sin embargo, no borra el antecedente: el problema había sido señalado varias veces antes.

El auxilio de $20.918 millones que revela la presión financiera

Hay otro número dentro del mismo expediente que permite dimensionar la tensión de OSEP.

Durante 2024 la obra social recibió un auxilio financiero de $20.918.564.938,40. Para la Secretaría Relatora del Tribunal, ese desembolso evidenciaba la necesidad de afrontar deudas ya contraídas y demostraba la complejidad de la situación financiera del organismo.

La administración provincial ya había reconocido públicamente que OSEP atravesaba dificultades financieras. Alfredo Cornejo había respaldado los procesos de auditoría y señaló que la Provincia había logrado ponerse al día con aportes y retenciones correspondientes a la obra social. También destacó que se habían utilizado bonos provinciales para cancelar parte de la deuda histórica con la industria farmacéutica.

El contraste resulta significativo: mientras el Gobierno provincial sostiene que existe un proceso de recuperación financiera, el fallo muestra que el organismo llegó al cierre de 2024 con un volumen muy elevado de gastos impagos acumulados y con observaciones que se arrastraban desde ejercicios anteriores.

No es necesariamente una contradicción: una cosa es el proceso de saneamiento y otra el stock de problemas que una auditoría encuentra al revisar un ejercicio pasado. Pero el expediente deja claro que el saneamiento de OSEP no parte de cero.

La deuda con la DGE: más de $1.056 millones sin cobrar

La auditoría no se limitó al pasivo.

El Tribunal detectó además que OSEP mantenía $1.056.084.187,34 en créditos no cobrados correspondientes a Salud Ocupacional de la Dirección General de Escuelas, originados entre 2017 y 2023. Se trataba de servicios prestados que permanecían en gestión administrativa.

El problema fue todavía más específico: los responsables no pudieron aportar documentación suficiente que acreditara las gestiones realizadas para cobrar esos recursos.

La propia Secretaría Relatora señaló que una parte importante de esos créditos correspondía a intereses por mora. Según el descargo de OSEP, aproximadamente el 70% del monto estaba compuesto por intereses y existían conversaciones con la DGE y el Ministerio de Hacienda y Finanzas para regularizar la situación.

El Tribunal consideró que existió un procedimiento administrativo irregular por la falta de acciones documentadas para recuperar esos fondos, aunque nuevamente decidió no sancionar.

La instrucción fue concreta: formalizar las negociaciones con la DGE y Hacienda para recuperar los recursos y terminar de implementar el procedimiento destinado al tratamiento y registración de esas deudas. La observación, además, fue expresamente considerada una reiteración de una instrucción anterior.

Medicamentos: diferencias de stock que vienen de lejos

Uno de los puntos más sensibles aparece en el Hospital El Carmen, uno de los principales efectores propios de OSEP.

La auditoría revisó los inventarios de los depósitos vinculados a farmacia correspondientes a marzo, junio, septiembre y diciembre de 2024 y encontró diferencias de inventario, procedimientos inconclusos y faltantes de justificación documental.

El Tribunal fue particularmente claro al señalar que se trataba de deficiencias de control interno de larga data.

OSEP explicó que parte del problema estaba relacionado con la gestión manual de recetas, la falta de recursos humanos y la necesidad de desarrollar un sistema de prescripción electrónica. Como respuesta, durante 2025 se puso en marcha un procedimiento interno para la dispensa de medicamentos y productos médicos mientras avanzaba la receta hospitalaria electrónica.

El Tribunal reconoció esos avances, pero sostuvo que al momento de la auditoría todavía quedaban diferencias pendientes de justificar y procedimientos que no habían sido concluidos. Por eso reiteró la instrucción de mejorar el control interno sobre el movimiento y stock de medicamentos e insumos médicos.

Esto es especialmente relevante porque OSEP maneja una estructura sanitaria de enorme dimensión. La propia obra social informa que atiende a casi 400.000 afiliados y cuenta con efectores propios, entre ellos el Hospital El Carmen.

No estamos, por lo tanto, ante una pequeña oficina administrativa: cualquier falla de control sobre medicamentos afecta potencialmente a una de las mayores estructuras sanitarias de Mendoza.

El oxígeno: un contrato vencido que siguió funcionando

Otro capítulo delicado aparece en la oxigenoterapia domiciliaria y la ventilación no invasiva.

El contrato con Air Liquide había vencido el 1 de octubre de 2023. Sin embargo, el servicio continuó prestándose mientras OSEP avanzaba con una nueva licitación. La contratación posterior se inició formalmente el 22 de mayo de 2024 y fue adjudicada el 30 de agosto de ese año. Durante ese período, los servicios prestados fueron reconocidos mediante el mecanismo denominado “legítimo abono”.

El Tribunal consideró irregular que el nuevo procedimiento de contratación no se hubiera iniciado con la anticipación necesaria.

Pero aquí aparece un matiz importante que evita una lectura simplista. OSEP argumentó que se trataba de un servicio crítico y que interrumpirlo hubiera puesto en riesgo a más de 1.000 pacientes. Además, la nueva licitación permitió incorporar a Praxair y diversificar los proveedores, generando —según el descargo— un ahorro estimado de $200 millones.

El propio Tribunal ponderó ese contexto y decidió no aplicar sanción. Consideró irregular el procedimiento formal, pero también valoró la necesidad de garantizar la continuidad del servicio y la posterior incorporación de competencia.

Es un ejemplo de lo que atraviesa todo el fallo: el Tribunal detecta incumplimientos administrativos, pero en varios casos decide no sancionar porque encuentra circunstancias que permiten explicar o corregir las decisiones.

Publicidad: primero se difundió, después se completó el expediente

El control también alcanzó a la publicidad institucional.

La auditoría detectó casos en los que las campañas publicitarias se realizaron antes de que se emitiera la orden correspondiente, antes de la resolución que aprobaba la pauta y antes de la registración contable del gasto. También encontró órdenes emitidas antes de la resolución de aprobación.

Los responsables reconocieron las deficiencias y argumentaron que existía una necesidad urgente de garantizar la continuidad de determinadas campañas institucionales.

La explicación puede resultar políticamente entendible, pero administrativamente no resuelve el problema: el procedimiento previsto por la normativa exige una determinada secuencia para autorizar, imputar y ejecutar el gasto.

El Tribunal consideró que existió una irregularidad, aunque las observaciones fueron consideradas subsanadas en distintos aspectos y no se aplicaron multas. La instrucción fue que las futuras contrataciones incorporen toda la documentación correspondiente y respeten las etapas administrativas.

Hasta los celulares quedaron bajo la lupa

La auditoría llegó incluso a los bienes de uso.

Al revisar los formularios de entrega de telefonía móvil, el Tribunal detectó una diferencia entre 109 dispositivos consignados en los formularios TIC05 y solamente 13 registrados inicialmente en el módulo de inventarios de SIGA. Los responsables explicaron que no todos los formularios correspondían exclusivamente a celulares, ya que también incluían routers, tablets y líneas corporativas.

Durante 2025 OSEP realizó un relevamiento y ajustó los inventarios. Sin embargo, el Tribunal señaló que persistían dificultades para vincular todos los dispositivos con sus identificadores IMEI.Nuevamente, no hubo multa, pero sí una instrucción para completar la registración patrimonial.

La escena puede parecer menor frente a los $74.000 millones, pero revela algo más profundo: las observaciones no se concentran en un único problema financiero; atraviesan distintos niveles del circuito administrativo de la obra social.

El problema de fondo: gastar, registrar y controlar

El fallo tiene una conclusión que resulta especialmente importante.

Después de revisar la documentación, el Tribunal sostuvo que los estados contables y la información financiera, presupuestaria y patrimonial de OSEP presentaban razonablemente la situación del organismo en sus aspectos significativos. Por eso aprobó la rendición correspondiente a 2024.

Hizo algo distinto y quizás más incómodo: aprobó la rendición, liberó de cargo a los funcionarios intervinientes, pero dejó una batería de instrucciones y observaciones sobre procedimientos administrativos irregulares.

Una cuenta aprobada no significa que todo haya funcionado correctamente. El propio fallo demuestra que hubo procedimientos que incumplieron normas, diferencias de inventario, problemas de registración, contrataciones fuera de término y créditos que no fueron cobrados oportunamente.

Cornejo y el desafío de una obra social que no puede mirar para otro lado

La situación tiene inevitablemente una dimensión política porque OSEP forma parte de la estructura estatal mendocina y su conducción está bajo la órbita del Gobierno provincial. El actual director general es Carlos Funes, quien fue ratificado en el cargo durante la actual gestión y continúa al frente de la obra social en 2026.

Al mismo tiempo, Alfredo Cornejo ha defendido públicamente las auditorías realizadas sobre OSEP y sostuvo que las investigaciones y controles deben servir para determinar responsabilidades y corregir problemas. También destacó el proceso de recuperación financiera encarado por la nueva conducción.

No puede separarse completamente la cuestión de la política provincial: OSEP es una estructura estatal de enorme peso, su conducción depende del poder político provincial y el Gobierno es quien debe garantizar que las instrucciones del órgano de control se cumplan.

Y allí aparece el verdadero desafío para Cornejo: demostrar que el proceso de recuperación anunciado públicamente no se limita a conseguir financiamiento para pagar deudas, sino que también consigue corregir los mecanismos que permitieron que esas obligaciones, créditos, inventarios y contrataciones llegaran a acumular observaciones durante años.

Una crisis que no empezó en 2024

El dato más incómodo del expediente quizás no sea siquiera el monto. Es la repetición. El Tribunal dice expresamente que la observación por gastos no imputados ya había aparecido en ejercicios anteriores. Lo mismo ocurre con las diferencias de inventario y con los créditos de Salud Ocupacional.

Si se tratara exclusivamente del impacto extraordinario de la devaluación de diciembre de 2023, la explicación económica tendría un peso mucho mayor. Pero cuando el órgano de control encuentra problemas que se repiten durante varios ejercicios, la cuestión pasa también por la capacidad institucional para anticipar, registrar y corregir los desequilibrios.

La crisis de OSEP, entonces, no puede explicarse solamente por el precio de los medicamentos, la inflación sanitaria o la devaluación. Esos factores pueden agravarla, pero el expediente muestra además problemas administrativos que atraviesan distintos gobiernos y distintas gestiones.

El desafío ahora es saber qué cambió después

Hay una última pregunta que el fallo deja abierta y que resulta central al 6 de septiembre de 2026: ¿cuánto de todo esto fue efectivamente corregido durante 2025 y qué situación presenta OSEP en 2026?

Los problemas asistenciales no desaparecieron del todo. En junio de 2026, por ejemplo, la Justicia de Mendoza intervino en un amparo de un afiliado que reclamaba medicamentos oncológicos que, según la demanda, OSEP adeudaba desde meses anteriores. El expediente judicial documentó reclamos administrativos reiterados desde agosto de 2025 y la imposibilidad del paciente de afrontar el tratamiento por sus propios medios.

En otro proceso, también durante 2026, se discutió judicialmente la cobertura de prestaciones de internación domiciliaria para un menor con discapacidad. Esos casos judiciales muestran que los problemas de acceso a prestaciones y medicamentos continúan generando conflictos concretos entre afiliados y la obra social.

La cuenta está aprobada. Las preguntas siguen abiertas

El Tribunal de Cuentas aprobó la rendición 2024 de OSEP y liberó de cargo a los funcionarios intervinientes en los términos establecidos por el fallo. No hubo multas por las observaciones analizadas.

Pero la aprobación administrativa no borra el contenido de las auditorías.

Quedan documentados $74.443 millones de gastos impagos que no habían sido imputados presupuestariamente en sus ejercicios, más de $1.056 millones en créditos contra la DGE pendientes de cobro, diferencias de inventario en medicamentos, procedimientos inconclusos, una contratación de oxigenoterapia que continuó después del vencimiento contractual, publicidad ejecutada antes de completar las etapas administrativas y deficiencias en la registración de bienes.

La defensa oficial tiene elementos para argumentar que hubo factores extraordinarios, que varias observaciones fueron subsanadas y que el Tribunal decidió no sancionar. Y eso debe ser contado.

Pero también existe otro dato imposible de esquivar: varias de las observaciones no aparecieron por primera vez en 2024.

Para una obra social que atiende a casi 400.000 mendocinos, el desafío ya no es solamente conseguir recursos para pagar las cuentas. Es conseguir que el sistema deje de acumularlas, registrarlas tarde, cobrar tarde lo que le deben y corregir controles después de que el Tribunal los detecta.

Porque en OSEP la discusión ya no pasa solamente por cuánto cuesta sostener la salud pública de los empleados estatales. También pasa por algo mucho más básico: qué tan bien se administra cada peso que los afiliados y el Estado ponen para sostenerla.