El calendario político le jugó una mala pasada a Tadeo García Zalazar. El mismo día en que formalizó su precandidatura a gobernador de Mendoza, el ministro de Educación, Cultura e Infancias y titular de la Dirección General de Escuelas quedó obligado a responder por uno de los principales problemas de la cartera que conduce: un informe oficial del Gobierno nacional ubicó a los docentes mendocinos en el último lugar del ranking salarial del país.

La respuesta del funcionario fue defender la política salarial provincial y cuestionar la forma en que se construye la comparación nacional. García Zalazar sostiene que el informe deja afuera adicionales que forman parte de los ingresos de determinados docentes y que, incorporándolos, Mendoza mejora varias posiciones.

El problema político es que el dato que originó la discusión no proviene de un gremio opositor ni de una consultora privada: surge del propio Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través del Informe Indicativo del Salario Docente, correspondiente al segundo trimestre de 2026.

Y allí aparece la primera contradicción.

El Gobierno provincial cuestiona el ranking porque considera que la metodología ofrece una fotografía incompleta, pero esa fotografía es precisamente una comparación oficial, homogénea y realizada por el organismo nacional encargado de relevar los salarios docentes jurisdiccionales.

El número que Mendoza no puede esconder

Según el informe nacional, un maestro de grado de jornada simple con diez años de antigüedad percibía en junio de 2026 un salario bruto jurisdiccional de $935.450 en Mendoza.

Ese monto fue el más bajo entre las 24 jurisdicciones relevadas.

En el extremo opuesto aparece Neuquén, con $2.521.570 para el mismo cargo y antigüedad. Santiago del Estero registró $1.893.191 y Santa Cruz superó también los $1,8 millones. La diferencia entre Mendoza y Neuquén supera los $1,58 millones mensuales.

El informe además muestra que el problema no se limita al monto final.

En Mendoza, el salario básico representa solamente el 16% del salario bruto jurisdiccional, mientras que los componentes remunerativos alcanzan el 63%. El documento señala que ambos indicadores son particularmente bajos dentro de la región de Cuyo.

Es decir, la discusión no es solamente cuánto cobra un docente.

También importa cómo se compone ese salario y qué parte queda incorporada de manera permanente a la estructura remunerativa.

La defensa de García Zalazar: "la foto está incompleta"

Desde la DGE respondieron que la medición nacional no contempla dos componentes que pueden modificar sustancialmente el ingreso de determinados docentes: el Incentivo a la Dedicación Docente, conocido como Arraigo, y adicionales vinculados con la ubicación o zona de la escuela.

Según la explicación oficial, un docente que permanece determinados años en una misma institución puede acceder a porcentajes adicionales por Arraigo. La DGE sostiene que, incorporando esos conceptos, Mendoza podría abandonar el fondo de la tabla y ubicarse bastante más arriba.

El argumento tiene un punto atendible: los rankings salariales pueden cambiar según qué cargo se tome, qué antigüedad se considere y qué adicionales se incorporen.

De hecho, el propio informe nacional advierte que si se suman el Incentivo Dedicación Docente y el Incentivo Especialización Docente bajo determinadas condiciones, Mendoza mejora algunas posiciones y llega al puesto 19 en ese escenario específico.

Pero allí aparece el segundo problema para el discurso oficial.

Esos adicionales no los cobra toda la docencia.

El SUTE sostiene que el Arraigo alcanza aproximadamente a la mitad de los docentes y que, por lo tanto, utilizarlo para construir una comparación general puede inflar la remuneración de un sector y no representar al conjunto. El gremio también cuestiona que se utilicen incentivos segmentados para presentar una posición salarial general de la provincia.

Por eso, la discusión no debería ser si existe o no el Arraigo.

Existe. La cuestión es si corresponde utilizarlo para afirmar que el salario docente promedio de Mendoza es competitivo cuando una parte importante de los trabajadores no lo percibe.

Un ranking que incomoda justo después del lanzamiento

La oportunidad política del dato es difícil de ignorar.

El 13 de agosto, García Zalazar anunció oficialmente que quiere ser gobernador de Mendoza. En su mensaje de lanzamiento aseguró que pretende representar a quienes hacen las cosas bien y quieren salir adelante.

Al mismo tiempo, conduce la cartera que tiene bajo su responsabilidad directa a la educación provincial y a la DGE.

Y apenas horas después de su lanzamiento, la discusión salarial irrumpió en el centro de la escena.

El candidato que acaba de pedir el voto de los mendocinos debe explicar por qué los trabajadores de la educación de la provincia aparecen últimos en una medición oficial nacional mientras su propia gestión sostiene que la política salarial está mejorando.

No es un detalle menor.

La educación es precisamente uno de los ejes que García Zalazar eligió para construir su perfil político.

La respuesta oficial tiene otro dato incómodo

La defensa provincial también señala que el informe nacional no incorporó el último acuerdo paritario firmado con el SUTE en julio, que estableció incrementos del 7% en agosto y 4% en noviembre sobre la base de junio.

Eso es correcto.

El ranking mide salarios de junio, por lo que no puede reflejar aumentos posteriores.

Pero tampoco alcanza para desactivar el problema: el informe no está equivocado por no incluir una recomposición que todavía no había sido aplicada al momento de la medición.

En todo caso, habrá que esperar el próximo informe para conocer qué efecto tiene la nueva paritaria sobre la posición relativa de Mendoza.

Mientras tanto, el dato disponible es el de junio.

Y ese dato dice que Mendoza estaba última.

El antecedente que García Zalazar no puede separar de la discusión

Hay además una discusión salarial mucho más profunda que el ranking de junio de 2026.

Para entender por qué los salarios estatales mendocinos arrastran una situación de deterioro, hay que volver a 2020, el año en que la gestión de Rodolfo Suarez decidió no otorgar un aumento general a los trabajadores estatales en un contexto marcado por la pandemia.

La precisión política es importante: en 2020 el gobernador era Rodolfo Suarez, no Alfredo Cornejo. Pero Suarez gobernaba bajo el espacio de Cambia Mendoza, la misma coalición política que hoy integra García Zalazar y que actualmente gobierna la provincia.

En junio de aquel año, el propio Gobierno reconocía que la provincia atravesaba una caída de ingresos y que no estaba en condiciones de otorgar aumentos salariales. Las paritarias se desarrollaron después de una intervención judicial que ordenó reabrir la discusión.

En diciembre, el Gobierno llegó a acuerdos para 2021 que incluían un 20% de aumento en tres tramos y una suma fija de $54.000. En el caso de los docentes, la negociación tuvo un tratamiento particular y finalmente se extendieron los beneficios acordados para otros sectores.

Pero eso no significó recuperar el poder adquisitivo perdido durante 2020.

El año cero que todavía aparece en los recibos

La inflación nacional de 2020 rondó el 36%, mientras los trabajadores estatales mendocinos atravesaron ese año sin una recomposición salarial general.

El reclamo gremial posterior se concentró precisamente en esa pérdida.

En 2023, el SUTE seguía reclamando el reconocimiento de la pérdida salarial de 2020 y señalaba que el Gobierno de Suarez no había otorgado ningún aumento durante ese año.

La misma denuncia fue sostenida por organizaciones estatales que recordaban que Mendoza había terminado 2020 sin incremento salarial para sus empleados públicos, mientras la inflación erosionaba fuertemente los ingresos.

Esto permite poner en perspectiva el argumento actual.

El Gobierno puede mostrar aumentos nominales posteriores —20% en 2021, fuertes recomposiciones en 2022 y nuevas paritarias en los años siguientes— y esos aumentos efectivamente existieron.

Pero otorgar aumentos después de un año de congelamiento no equivale automáticamente a recuperar la pérdida acumulada.

Esa es la deuda salarial que el sindicalismo estatal viene señalando desde entonces.

García Zalazar administra hoy las consecuencias de esa historia

El ministro no fue responsable de la decisión salarial de 2020.

Pero sí es hoy el funcionario político que conduce el área educativa y uno de los principales dirigentes de Cambia Mendoza que pretende suceder a Cornejo.

Por eso el problema deja de ser exclusivamente gremial y se transforma en político.

García Zalazar construye su candidatura sobre la idea de una nueva etapa para Mendoza. En su lanzamiento sostuvo que la política debe volver a poner en el centro el esfuerzo cotidiano de quienes trabajan, estudian, emprenden e invierten.

Sin embargo, la primera prueba concreta de ese discurso llegó desde su propia cartera: un informe nacional ubicó a los docentes que dependen de la DGE en el último escalón salarial del país.

La contradicción resulta evidente.

El problema no es solamente el ranking

Reducir toda la discusión al puesto que ocupa Mendoza también sería un error.

La propia documentación oficial permite observar que la provincia realizó aumentos durante 2025 y 2026 y creó adicionales específicos. La DGE destaca, además, que el salario docente evolucionó y que se incorporaron incentivos vinculados con arraigo y especialización.

El problema es que esas mejoras no consiguieron evitar que la provincia aparezca en el fondo de la comparación nacional bajo el indicador estándar utilizado por Nación.

Y el salario no se mide solamente por el anuncio de un porcentaje.

Se mide por cuánto dinero recibe un trabajador, cuánto perdió frente a la inflación, cuánto de ese ingreso es remunerativo, qué proporción alcanza efectivamente al conjunto de los trabajadores y cuánto poder de compra conserva.

En ese terreno, la discusión es bastante menos favorable para el Gobierno.

Cambia Mendoza y La Libertad Avanza: otra contradicción

Hay además una dimensión política que García Zalazar no puede esquivar.

Cambia Mendoza gobierna actualmente en alianza con La Libertad Avanza, después de la coalición electoral que ambas fuerzas conformaron en 2025. Esa alianza fue formalizada electoralmente y obtuvo representación en las elecciones provinciales de ese año.

El Gobierno de Javier Milei sostiene un discurso basado en el orden fiscal, la reducción del gasto y la idea de que la economía debe recuperar competitividad.

El oficialismo mendocino acompaña buena parte de esa agenda.

Pero ahora aparece una paradoja: el ministro de Educación de un espacio aliado al Gobierno nacional debe explicar por qué un informe elaborado por la propia Nación expone que Mendoza paga el salario docente más bajo del país bajo el indicador estándar.

La respuesta provincial es que la medición nacional es incompleta porque no considera determinados adicionales.

La respuesta sindical es la inversa: si para mejorar el ranking hay que agregar ítems que no perciben todos los docentes, entonces el problema no está en el ranking sino en la estructura salarial.

"Trabajamos para tener un mejor salario docente"

La frase elegida por García Zalazar para responder al conflicto es políticamente significativa.

El ministro asegura que el Gobierno trabaja permanentemente para mejorar los ingresos de los docentes y que las decisiones salariales deben adecuarse a las posibilidades financieras de la provincia.

El problema es que, para un candidato que acaba de anunciar que quiere gobernar Mendoza, la respuesta sobre el salario docente no puede quedarse en explicar por qué un ranking está mal construido.

La discusión debería ser otra:

¿Por qué después de años de paritarias Mendoza continúa apareciendo en el fondo de la tabla?

¿Por qué el salario básico representa una proporción tan baja del ingreso?

¿Por qué una parte relevante de la remuneración depende de adicionales que no alcanzan a todos?

¿Y cuánto falta para que los empleados públicos recuperen realmente el poder adquisitivo perdido durante 2020?

El dato que llega en el peor momento político

La candidatura de García Zalazar recién comienza.

Su principal argumento será, previsiblemente, la gestión: experiencia como intendente de Godoy Cruz, conducción de la cartera educativa y continuidad del proyecto político que gobierna Mendoza.

Pero esa misma experiencia lo deja más expuesto.

No habla desde afuera del Gobierno: es parte del Gobierno. No analiza la educación como observador: conduce la DGE. Y no anunció su candidatura desde la oposición: se presentó como precandidato de Cambia Mendoza.

Por eso el ranking salarial docente tiene una carga política especial.

A un día de su lanzamiento, el candidato que promete defender a quienes hacen el esfuerzo para salir adelante recibió una respuesta incómoda de los propios números oficiales:

los docentes mendocinos, bajo el indicador salarial estándar de Nación, están últimos.

La discusión sobre los adicionales puede explicar parte de la fotografía.

La última paritaria puede modificarla en los próximos meses.

Pero ninguna de esas dos cuestiones cambia el dato central de junio.

Mendoza tiene un problema salarial docente que el próximo gobernador deberá resolver, y García Zalazar acaba de anunciar que quiere ser quien gobierne la provincia cuando llegue ese momento.