La conflictividad laboral volvió a escalar en el sector petrolero de Mendoza. El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado, Químico y Energías Renovables de Cuyo y La Rioja anunció un paro con afectación de la producción para el miércoles 19 de agosto en las áreas del Clúster Mendoza Norte operadas por Petróleos Sudamericanos SA (PS Energy).
La medida fue comunicada después de que la organización sindical denunciara ante la autoridad laboral provincial una serie de situaciones que, según su versión, incluyen despidos, reducción de estructuras, rescisión de contratos con empresas contratistas, sobrecarga de tareas y restricciones al ejercicio de la representación gremial.
El episodio que terminó de acelerar el conflicto ocurrió el jueves 13 de agosto. De acuerdo con la denuncia sindical, representantes del gremio intentaron ingresar a instalaciones del Clúster Norte para intervenir ante la desvinculación de dos trabajadores de la contratista SUREN, pero se les habría impedido el acceso. El sindicato aseguró que dejó constancia del episodio mediante un acta notarial.
La convocatoria al paro agrega un nuevo capítulo a una crisis que atraviesa desde hace más de un año al petróleo convencional del norte mendocino y que comenzó a profundizarse con la salida de YPF de las áreas maduras y su traspaso a nuevos operadores.
Un conflicto que viene acumulando despidos
El problema no comenzó esta semana.
El Clúster Mendoza Norte está integrado por las áreas Barrancas, Vizcacheras, La Ventana, Mesa Verde, Ceferino y Río Tunuyán, que fueron transferidas desde YPF a Petróleos Sudamericanos en el marco del Proyecto Andes.
La cesión fue autorizada por el Gobierno de Mendoza en enero de 2025 y comprendió el 100% de la participación que YPF tenía en esas concesiones. La administración provincial justificó la operación como parte de una estrategia para revitalizar yacimientos maduros mediante nuevos operadores especializados.
El Gobierno provincial destacó entonces que el conjunto de áreas representaba aproximadamente el 25% de la producción hidrocarburífera de Mendoza, con unos 2.200 metros cúbicos diarios de producción acumulada.
La apuesta oficial fue acompañada posteriormente por una prórroga de diez años para cuatro de esas concesiones, con un compromiso de inversión anunciado en torno a US$600 millones.
Sin embargo, mientras la provincia presenta el proceso como una oportunidad para recuperar producción e inversiones, los sindicatos vienen describiendo una realidad mucho más complicada en materia laboral.
En marzo de este año, representantes gremiales expusieron ante la Comisión de Hidrocarburos del Senado provincial que el cambio de operadores había generado más de 1.000 bajas laborales entre 2025 y 2026, entre trabajadores directos y contratistas.
Los números fueron denunciados por los gremios y no constituyen una estadística oficial consolidada, pero muestran la dimensión del conflicto que viene siendo planteado ante la Legislatura.
El antecedente de los 500 y los 900 despidos
Las advertencias comenzaron incluso antes.
En junio de 2025, Los Andes informó que los sindicatos denunciaban más de 500 despidos en el Clúster Norte, además de una reducción de equipos y el retiro de empresas de servicios vinculadas a la actividad.
Dos meses después, el Sindicato de Petroleros Privados elevó la cifra denunciada a más de 900 trabajadores desvinculados, atribuyendo buena parte del deterioro a la reestructuración posterior a la llegada de Petróleos Sudamericanos.
En marzo de 2026, la cifra volvió a aparecer en el debate legislativo y sindical, esta vez con la referencia a más de 1.000 puestos perdidos desde el comienzo del proceso.
El dato central, por lo tanto, no es solamente cuántos despidos se produjeron, sino que la transferencia de áreas que el Gobierno provincial presentó como una estrategia de revitalización continúa generando un fuerte conflicto por el impacto sobre el empleo.
Ahora el reclamo es también por libertad sindical
El nuevo conflicto agrega un componente diferente.
El Sindicato de Jerárquicos sostiene que la empresa habría impedido el ingreso de representantes gremiales a instalaciones del Clúster Norte cuando buscaban intervenir por la situación de trabajadores desvinculados.
La organización considera que ese episodio afecta el ejercicio de la representación sindical y decidió llevar el reclamo ante la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza.
Según la versión sindical, el hecho del 13 de agosto quedó documentado mediante un acta notarial.
La existencia del acta y la denuncia sindical no implica, por sí misma, que la autoridad laboral haya determinado una infracción: ese extremo deberá ser establecido a partir de la inspección y las actuaciones administrativas correspondientes.
El sindicato pidió precisamente una inspección urgente en las bases de Mendoza Norte, con el objetivo de relevar la situación de las empresas contratistas y del personal que continúa trabajando en las áreas.
El reclamo por la sobrecarga laboral
La discusión tampoco se limita a quienes perdieron su empleo.
Desde el gremio aseguran que la reducción de estructuras habría provocado que trabajadores que permanecen activos deban asumir mayores responsabilidades y tareas.
Esta denuncia de sobrecarga laboral tiene antecedentes dentro del conflicto petrolero mendocino. En 2025, los gremios ya habían advertido sobre trabajadores obligados a asumir funciones adicionales luego de la reducción de equipos y estructuras.
La situación resulta especialmente sensible en una actividad donde las condiciones operativas y de seguridad tienen un peso determinante.
El planteo sindical es que reducir personal no solamente genera un problema laboral, sino que puede terminar afectando la organización de las tareas en los yacimientos.
Será la autoridad competente la que deberá determinar si las condiciones denunciadas cumplen con las normas laborales y de seguridad vigentes.
La empresa tiene un plan de inversión millonario
El conflicto laboral ocurre, además, mientras Petróleos Sudamericanos sostiene un ambicioso programa de inversiones para las áreas mendocinas.
La documentación oficial de la cesión contempló planes de desarrollo para Barrancas, La Ventana, Vizcacheras y Río Tunuyán, con inversiones inicialmente calculadas en cientos de millones de dólares para perforaciones, intervenciones, reactivación de pozos e infraestructura.
La provincia, por su parte, vinculó la prórroga de las concesiones con compromisos de inversión de aproximadamente US$600 millones.
También existen documentos financieros que muestran que PS Energy incrementó significativamente su escala después de incorporar el Clúster Mendoza Norte. Moody's Local informó que la producción total de la compañía alcanzó 4,38 millones de barriles equivalentes en 2025, un incremento del 215% interanual asociado principalmente a la incorporación de las nuevas áreas.
La contradicción que plantean los sindicatos es evidente: mientras la empresa y el Gobierno hablan de inversiones y recuperación productiva, los trabajadores denuncian una reducción del empleo y de las estructuras operativas.
El Gobierno provincial también está bajo presión
La disputa coloca al Gobierno de Alfredo Cornejo en una posición incómoda.
La administración provincial fue la que autorizó la cesión de las áreas a Petróleos Sudamericanos y posteriormente avanzó con las prórrogas de las concesiones.
La justificación oficial fue que nuevos operadores podían especializarse en campos maduros, invertir y recuperar producción.
Pero desde la Legislatura ya hubo pedidos de informes específicos sobre empleo, condiciones laborales y pasivos ambientales en las áreas transferidas.
Un proyecto tratado en la Cámara de Diputados de Mendoza reclamó información al Poder Ejecutivo sobre la situación laboral de los trabajadores afectados por la cesión de las áreas y sobre el estado de los pasivos ambientales. El documento legislativo sostiene que el Clúster Norte representa aproximadamente una cuarta parte de la producción hidrocarburífera provincial.
Esto significa que el paro del miércoles no se desarrolla en un vacío político.
La discusión laboral está directamente vinculada con una decisión estratégica de la provincia sobre el futuro del petróleo convencional mendocino.
El paro tendrá guardias mínimas
La medida anunciada por Jerárquicos contempla la afectación directa de la producción, aunque el sindicato informó que mantendrá las guardias mínimas necesarias para preservar la seguridad de las personas, las instalaciones y el ambiente.
El alcance concreto de la protesta y su impacto sobre la producción dependerán de cómo evolucione el conflicto y de eventuales intervenciones de la autoridad laboral.
El antecedente inmediato muestra que los conflictos petroleros mendocinos ya llegaron anteriormente a medidas de fuerza con impacto sobre los yacimientos. En 2025, petroleros privados protagonizaron paros vinculados con despidos e indemnizaciones pendientes luego de la salida de YPF de áreas maduras.
Por eso, el nuevo paro puede convertirse en algo más que una protesta puntual contra una empresa.
De la promesa de revitalización al conflicto laboral
El Plan Andes nació con una premisa: YPF debía concentrarse en Vaca Muerta y desprenderse de áreas maduras para que operadores más pequeños pudieran invertir y mejorar la producción convencional.
En Mendoza, Petróleos Sudamericanos fue uno de los principales beneficiarios de esa estrategia.
El Gobierno sostiene que la operación ofrece seguridad jurídica, inversiones y posibilidades de recuperación productiva. La propia documentación oficial señala que la provincia exige el cumplimiento de compromisos ambientales y de inversión.
Pero el frente laboral quedó lejos de resolverse.
Desde los gremios aseguran que el traspaso produjo una fuerte destrucción de empleo, cierre o reducción de contratistas y mayor presión sobre quienes permanecen en actividad.
Ahora aparece una nueva acusación: que además de reducir personal, se estaría dificultando la tarea de quienes deben representar a esos trabajadores.
Ese será uno de los puntos que deberá determinar la autoridad laboral.
El miércoles puede marcar un nuevo punto de quiebre
El paro anunciado para el 19 de agosto llega después de meses de reclamos, despidos denunciados y cruces entre los sindicatos, las empresas y el Estado provincial.
La cuestión de fondo es más amplia que una jornada de protesta.
Mendoza tiene que resolver si el traspaso de sus áreas maduras hacia operadores privados consigue efectivamente el objetivo que justificó el cambio: más producción, más inversión y actividad sostenible, pero también con empleo y condiciones laborales adecuadas.
Si la producción aumenta mientras el empleo se desploma, el Gobierno deberá explicar quién se beneficia de la transformación del sector.
Y si las empresas necesitan reducir estructuras para hacer rentables los campos maduros, la discusión será inevitable: cuánto ajuste laboral puede soportar una actividad estratégica antes de convertir una promesa de revitalización productiva en un conflicto social permanente.
Por ahora, el Sindicato de Jerárquicos eligió endurecer su posición.
El miércoles 19, el conflicto laboral llegará nuevamente a los pozos del norte mendocino.
