Los datos difundidos por distintos centros de análisis económico muestran que durante junio la Coparticipación Federal de Impuestos registró una caída real interanual cercana al 8,5%, mientras que el conjunto de las transferencias automáticas descendió alrededor del 4,3% en el acumulado del primer semestre. La baja responde, principalmente, a una menor recaudación del Impuesto a las Ganancias y del IVA, dos de los principales tributos que integran la masa coparticipable.

La magnitud del retroceso no es menor. Para la mayoría de las provincias, los recursos enviados automáticamente por la Nación representan más de la mitad de sus ingresos corrientes y constituyen la principal fuente de financiamiento para salarios, salud, educación, seguridad y funcionamiento del Estado. Según estudios del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en promedio los Recursos de Origen Nacional explican el 54% de los ingresos provinciales, mientras que la coparticipación por sí sola representa casi el 45% del total.

El escenario adquiere un fuerte componente político. Diego Santilli asumió la Jefatura de Gabinete con la misión de reconstruir el vínculo entre la Casa Rosada y las provincias, una tarea que históricamente depende tanto del diálogo político como de la disponibilidad de recursos. Su primera reunión con gobernadores de distintos signos políticos estuvo atravesada precisamente por esa preocupación: cómo sostener las cuentas provinciales en un contexto de caída de las transferencias nacionales.

La situación también alcanza a gobernadores considerados dialoguistas o cercanos al oficialismo. Mandatarios que respaldaron proyectos clave del Gobierno nacional comenzaron a expresar inquietud por la reducción de fondos, conscientes de que el equilibrio fiscal nacional muchas veces se traduce en mayores dificultades para las administraciones provinciales.

En Mendoza, la discusión no resulta ajena. Aunque la provincia mantiene una situación fiscal más ordenada que otros distritos, la coparticipación constituye una fuente relevante para financiar servicios esenciales y obras públicas. Una continuidad en la caída de estos recursos obligaría a profundizar el control del gasto o a redefinir prioridades presupuestarias en un contexto donde la demanda social continúa creciendo.

El deterioro de los envíos también reabre un viejo debate del federalismo argentino: hasta qué punto el esfuerzo por alcanzar el superávit fiscal nacional termina trasladando parte del ajuste a las provincias. Mientras el Gobierno defiende la disciplina de las cuentas públicas como condición indispensable para consolidar la estabilidad económica, los gobernadores advierten que sostener servicios esenciales con menos recursos se vuelve cada vez más complejo.

La paradoja es evidente. Muchos de los mandatarios provinciales que colaboraron para aprobar reformas impulsadas por Javier Milei hoy enfrentan una realidad fiscal más exigente. El respaldo político al Gobierno nacional comienza a convivir con una preocupación creciente por el impacto que la reducción de la coparticipación puede tener sobre las finanzas provinciales.

Con ese telón de fondo, el debut de Diego Santilli como principal interlocutor con los gobernadores llega acompañado por uno de los desafíos más delicados de la gestión: mantener abiertos los canales de diálogo mientras las provincias reciben menos recursos y reclaman respuestas frente a un ajuste que ya comenzó a sentirse en sus propias cuentas.