El Gobierno nacional volvió a exhibir superávit fiscal durante mayo, uno de los principales argumentos utilizados por Javier Milei para defender su programa económico. Sin embargo, detrás de ese resultado aparecen datos que muestran la otra cara del ajuste: caída del gasto público, reducción de la inversión estatal, recortes en programas sociales y una fuerte contracción de recursos destinados a infraestructura y servicios.

Según el último informe fiscal elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Sector Público Nacional registró en mayo un superávit primario de $1,92 billones y un resultado financiero positivo de $480.000 millones.

No obstante, el mismo estudio destaca que los ingresos del Estado cayeron 4,1% en términos reales respecto del mismo mes del año anterior, mientras que el gasto se redujo 2,2%. Si la comparación se realiza contra 2023, la magnitud del ajuste resulta todavía más contundente: los ingresos retrocedieron 12,6% y el gasto público se desplomó 31,5%.

En otras palabras, el equilibrio fiscal no surge de una recuperación de la actividad económica o de un incremento de la recaudación, sino principalmente de una reducción sistemática de las erogaciones estatales.

Menos obra pública y menos Estado

Uno de los datos más impactantes del informe es el derrumbe de los gastos de capital, indicador habitualmente asociado a la inversión en infraestructura y obra pública.

Durante mayo, esa partida registró una caída real del 89,5% respecto de 2023. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la reducción alcanza el 84%.

El ajuste también impactó sobre las transferencias a las provincias, que muestran una baja cercana al 68% en comparación con los niveles previos a la llegada de Milei a la Casa Rosada.

La misma tendencia se observa en los subsidios económicos. Las transferencias destinadas a energía cayeron cerca de 80% respecto de 2023, mientras que las vinculadas al transporte retrocedieron alrededor de 48%.

Salarios estatales y programas sociales bajo presión

El informe también refleja el deterioro de los ingresos de los trabajadores estatales nacionales.

Los salarios del sector público presentan una caída real cercana al 23% frente a 2023, consolidando una pérdida de poder adquisitivo que se arrastra desde el inicio de la gestión libertaria.

En paralelo, varios programas sociales continúan mostrando reducciones significativas. Entre ellos aparecen partidas destinadas a asistencia alimentaria, acompañamiento social y otras políticas focalizadas en sectores vulnerables.

El estudio remarca además que algunas prestaciones permanecen congeladas desde hace meses, lo que provoca una pérdida constante frente a la inflación acumulada.

El debate por el verdadero resultado fiscal

Uno de los puntos más polémicos del informe está vinculado a la deuda pública.

Los economistas de CEPA sostienen que el resultado financiero informado oficialmente no contempla plenamente los intereses capitalizados de títulos públicos emitidos por el Tesoro.

Según el documento, solamente durante mayo los intereses acumulados bajo esa modalidad alcanzaron aproximadamente $1,74 billones.

Bajo ese criterio de cálculo, el resultado financiero dejaría de ser positivo y pasaría a mostrar un déficit superior al billón de pesos.

La discusión no es menor porque pone en debate si el superávit exhibido por el Gobierno refleja una mejora estructural de las cuentas públicas o si parte del costo financiero se encuentra diferido hacia adelante.

La meta del FMI y el desafío de sostener el ajuste

El informe también analiza las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con las proyecciones incluidas en el estudio, el Gobierno podría enfrentar dificultades para alcanzar los objetivos fiscales exigidos para fin de año sin profundizar nuevas medidas de ajuste.

La estimación indica que, manteniendo la dinámica actual de ingresos y gastos, el resultado fiscal proyectado quedaría por debajo de la meta comprometida con el organismo internacional.

Un equilibrio fiscal con costos sociales

Mientras la administración Milei reivindica el superávit como la principal demostración del éxito de su programa económico, los datos muestran que ese resultado se sostiene sobre una fuerte contracción del Estado.

Menos obra pública, menores subsidios, caída de salarios estatales, reducción de transferencias a provincias y programas sociales bajo presión forman parte del cuadro que permitió alcanzar el equilibrio de las cuentas nacionales.

La discusión de fondo ya no gira únicamente en torno a si existe o no superávit fiscal. El debate comienza a centrarse en cuánto cuesta sostenerlo y quiénes terminan pagando el precio del ajuste.