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La salud pública en Mendoza atraviesa un cuello de botella que parece no tener fin, y en el centro del conflicto se encuentra, una vez más, la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP). Esta semana, la entidad confirmó un nuevo esquema de aumentos que golpea directamente el bolsillo de los afiliados voluntarios, al mismo tiempo que crece la presión social y política por el deterioro de las prestaciones básicas.

A partir del 1 de mayo de 2026, los afiliados voluntarios independientes enfrentarán cuotas que reflejan la cruda realidad inflacionaria y el déficit financiero que la institución arrastra. Según la última resolución, un titular mayor de 60 años pasará a pagar una cuota mensual de $210.000, mientras que el plan para menores de 40 años se fijó en $104.000. Incluso los estudiantes terciarios, un sector tradicionalmente protegido, verán su arancel elevado a los $52.000. Estos montos representan el "piso" de los planes, sujetos a auditorías que pueden elevar el costo según preexistencias.

Sin embargo, el problema no es solo el precio, sino la contraprestación. La brecha entre lo que el afiliado paga y lo que recibe es cada vez más ancha. Durante la última semana, se ha intensificado una campaña de recolección de firmas liderada por sectores gremiales y autoconvocados. El objetivo es claro: presentar un proyecto de reforma integral de la OSEP en la Legislatura provincial. La iniciativa no es ya un mero acto administrativo, es el último recurso de un sector que siente que su salario se licúa en una caja negra institucional.

Los reclamos no son nuevos, pero han ganado urgencia: demoras de meses para turnos con especialistas, falta de insumos en farmacias propias y un sistema de coseguros que se ha convertido en una barrera de acceso. Hoy, un coseguro de psicología alcanza los $8.400, y una consulta de guardia en centros privados conveniados ronda los $8.800.

Desde la gestión de Carlos Funes se intenta justificar estas medidas bajo la "sostenibilidad financiera". De hecho, OSEP mantiene restricciones severas y auditorías exhaustivas para nuevos ingresos voluntarios, bajo el argumento de que el sistema no soporta más carga sin colapsar. Pero para el empleado público, el argumento suena a excusa frente a una administración que parece siempre llegar tarde.

A esto se suma la vulnerabilidad en los sistemas de validación de la entidad, que recientemente expuso la fragilidad de sus servidores. Este bache informático no solo desnudó la falta de inversión en modernización, sino que dejó a miles de afiliados a merced de estafas virtuales mientras esperan un turno que nunca llega por vía digital. Entre aumentos, burocracia y riesgo digital, el afiliado mendocino está atrapado en un laberinto donde la salud parece ser el último de los objetivos.