La investigación judicial que involucra al exsubsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, atraviesa uno de sus momentos más delicados y controvertidos desde que comenzó.
Lo que inicialmente era una causa centrada en acusaciones por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego derivó ahora en una crisis institucional que expone tensiones internas dentro del propio Poder Judicial mendocino.
El detonante fue la decisión de la jueza penal María Belén Salido de apartarse del expediente luego de rechazar formalmente una recusación presentada por la defensa de D’Agostino. En un documento paralelo, la magistrada explicó los motivos de su inhibición y lanzó duras acusaciones que sacudieron los pasillos judiciales.
Una recusación que terminó abriendo otra crisis
La controversia comenzó cuando los abogados defensores del exfuncionario incorporaron a la causa capturas de pantalla de un grupo privado de WhatsApp integrado por magistrados.
Según la defensa, esos mensajes demostrarían una supuesta falta de imparcialidad de algunos jueces que intervenían en cuestiones vinculadas al expediente.
Sin embargo, la situación tomó una dimensión mucho mayor cuando Salido sostuvo que la filtración de ese material habría sido realizada por otro magistrado del fuero penal, Rafael Escot.
De acuerdo con el relato de la jueza, un análisis interno realizado entre integrantes del grupo permitió identificar el origen de la captura utilizada por la defensa. Posteriormente, según consta en diversas publicaciones periodísticas, Escot habría reconocido haber compartido la imagen.
La amistad que quedó expuesta
Uno de los aspectos más sensibles del episodio es la relación personal entre Escot y D’Agostino.
Según la versión expuesta por Salido, el propio magistrado habría admitido que existe una amistad entre ambos y que el exfuncionario le había pedido que le informara si en ámbitos judiciales se realizaban comentarios sobre su situación procesal.
La jueza consideró especialmente grave esa situación porque Escot también interviene en otros expedientes donde aparece mencionado D’Agostino.
En su escrito sostuvo que la conducta atribuida a su colega resulta incompatible con los estándares de imparcialidad que exige la función judicial y cuestionó que no se hubiera apartado previamente de otras actuaciones vinculadas al exfuncionario.
La acusación más fuerte
El tramo más explosivo del documento firmado por Salido apunta directamente a la estrategia desplegada alrededor de la causa.
La magistrada afirmó que los hechos podrían interpretarse como un intento de alterar el normal desarrollo del expediente y sostuvo que existieron acciones orientadas a desplazar a determinados jueces de la investigación.
Incluso sugirió que las maniobras denunciadas podrían haber tenido como objetivo influir sobre la integración de los tribunales que deben resolver cuestiones sensibles del proceso.
No obstante, hasta el momento esas afirmaciones constituyen valoraciones y denuncias realizadas por la magistrada y no representan conclusiones judiciales definitivas.
Una causa cada vez más compleja
La investigación contra D’Agostino ya venía atravesando una sucesión de recusaciones, apartamientos y cuestionamientos procesales.
Antes de la intervención de Salido también se produjeron discusiones en torno a otros magistrados y conjueces que participaron en distintas etapas del expediente, generando demoras y controversias sobre quién debe continuar al frente de las decisiones más importantes.
Ahora, la inhibición de Salido obliga a realizar nuevos sorteos y vuelve a introducir incertidumbre sobre los próximos pasos de una causa que se encuentra bajo fuerte observación pública.
Más allá de D’Agostino
El episodio ya excede la situación procesal del exsubsecretario. Las acusaciones cruzadas entre jueces, las denuncias por filtraciones de información reservada, la exposición de vínculos personales entre magistrados y partes involucradas y los cuestionamientos sobre la imparcialidad judicial abrieron un debate institucional que golpea directamente la credibilidad del sistema.
Mientras la investigación principal continúa avanzando, el foco ya no está solamente en las imputaciones que enfrenta D’Agostino.
La atención también se trasladó hacia el funcionamiento interno de la Justicia mendocina y a la capacidad de sus instituciones para garantizar procesos transparentes, independientes y libres de cualquier sospecha de interferencia.
