El Gobierno nacional oficializó la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias hasta el 31 de octubre, una decisión que implica resignar ingresos por $2,6 billones en apenas un mes. El beneficio recae sobre los grandes grupos exportadores de granos, como Cargill, Bunge, Cofco y Viterra, mientras que, en paralelo, el Ejecutivo suspendió la aplicación de la Ley de Discapacidad y mantiene en pausa proyectos clave de financiamiento para Universidades y el Hospital Garrahan.
La coincidencia entre ambas medidas expone con claridad lo que en economía se define como “transferencia de recursos”: fondos que dejan de percibirse del sector más concentrado de la economía para justificar recortes en áreas sensibles. La magnitud de la pérdida tributaria es similar al costo de financiar la ley de Discapacidad y supera con creces el presupuesto anual previsto para sostener la emergencia pediátrica y la recomposición del sistema universitario.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la plena ejecución de la Ley de Discapacidad demandaría entre $2,4 y $4,3 billones, dependiendo del número de beneficiarios incorporados. Por su parte, la Emergencia Sanitaria Pediátrica insumiría unos $133.000 millones anuales, mientras que el proyecto de Financiamiento Universitario requeriría cerca de $1,9 billones, principalmente para salarios y becas.
Mientras tanto, la presión cambiaria forzó al Banco Central a vender más de USD 1.100 millones en apenas tres días de la semana pasada. En este contexto, el equipo económico de Luis Caputo y Santiago Bausili apostó a la eliminación total de las retenciones con el objetivo de acelerar la liquidación de divisas y contener la crisis en la previa de las elecciones.
De este modo, la decisión oficial deja un saldo político y social complejo: mientras se refuerzan los beneficios al sector agroexportador, se recortan o posponen derechos en salud, educación y discapacidad, golpeando directamente a los sectores más vulnerables.
