Finalmente, la estrategia del Gobierno dio resultado. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 resolvieron que Cristina Fernández de Kirchner no deberá presentarse en Comodoro Py y será notificada de las condiciones de su detención por videollamada. La decisión se tomó tras intensas negociaciones entre funcionarios nacionales y sectores del Poder Judicial, con el objetivo de desactivar la convocatoria que preparaba el peronismo para este miércoles.

La notificación, que encabezará el juez Jorge Gorini, presidente del tribunal, está prevista para esta tarde por Zoom. De esta manera, el tribunal aceptará el pedido de la expresidenta de cumplir su condena bajo arresto domiciliario, evitando así una postal de alto impacto político con una Cristina trasladándose a tribunales rodeada de miles de militantes.

La resolución implica, además, un revés para los fiscales que exigían que se le negara el beneficio de la prisión domiciliaria. En paralelo, en Balcarce 50 apuestan a que esta jugada enfríe la movilización prevista por La Cámpora, intendentes del conurbano y sindicatos. Sin embargo, hasta el momento, los organizadores no dan señales de querer suspender la protesta, aunque evalúan variantes respecto del lugar de concentración.

Por otro lado, la decisión judicial abrió un nuevo frente con el gobierno porteño. La Procuración General de la Ciudad presentó un informe en el que rechaza que la expresidenta cumpla su condena en su departamento de la calle San José, en el barrio de Constitución. El argumento central es que el operativo de seguridad permanente afectaría gravemente la vida cotidiana de los vecinos, colegios e instituciones de la zona.

“Las alteraciones al entorno urbano serían permanentes y graves para el normal funcionamiento del macrocentro porteño”, sostiene el informe presentado por la Ciudad. Ante este escenario, el gobierno porteño exigió además que, si finalmente se confirma ese domicilio, el Estado nacional sea obligado a colaborar con los costos y recursos del operativo de seguridad.

Mientras tanto, los jueces analizan qué restricciones le impondrán a Cristina durante su arresto domiciliario. En la mesa está la posibilidad de limitar sus apariciones públicas, restringir visitas y hasta prohibir el uso de redes sociales. La medida busca evitar que la exmandataria transforme su detención en un acto político permanente.

Con la marcha aún en pie y el conflicto abierto con la Ciudad, el oficialismo consiguió una victoria parcial: evitar que Cristina vuelva a pisar Comodoro Py, una imagen que temían tanto en la Rosada como en los tribunales.