La alianza entre Alfredo Cornejo y Javier Milei atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el inicio de la gestión libertaria. La discusión por la modificación del régimen de Zona Fría, que reduciría los descuentos en las facturas de gas para millones de usuarios, terminó generando una resistencia inesperada dentro del propio esquema de apoyos que el Gobierno nacional construyó con los gobernadores.

Según trascendió en las últimas horas, el oficialismo decidió postergar el tratamiento definitivo de la iniciativa luego de detectar dificultades para reunir los votos necesarios en el Senado. Entre las razones aparece una preocupación concreta: el fuerte impacto que tendría la medida en provincias como Mendoza, donde el consumo de gas durante el invierno representa una parte importante del presupuesto familiar.

La decisión expone una situación compleja para el gobernador mendocino. Cornejo ha sido uno de los mandatarios provinciales que más colaboró con la administración Milei en el Congreso, acompañando leyes clave y sosteniendo acuerdos políticos en momentos difíciles para la Casa Rosada. Sin embargo, la discusión por la Zona Fría abrió un escenario diferente.

Qué busca cambiar el Gobierno nacional

La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo modifica la Ley 27.637, sancionada en 2021, que amplió significativamente el alcance del régimen de Zona Fría. Aquella norma extendió descuentos del 30% y del 50% sobre las facturas de gas a millones de hogares ubicados en regiones con bajas temperaturas, incluyendo la totalidad de Mendoza.

La propuesta actual pretende volver al esquema previo a esa ampliación. De aprobarse, el beneficio automático quedaría restringido nuevamente a la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna. Para el resto de las zonas incorporadas en 2021, el subsidio sólo se mantendría para hogares que acrediten condiciones de vulnerabilidad económica.

En términos prácticos, miles de familias mendocinas dejarían de recibir descuentos en sus facturas de gas o deberían atravesar nuevos procesos de validación para conservarlos.

El problema político para Cornejo

Aunque los legisladores alineados con el oficialismo provincial acompañaron inicialmente el proyecto en Diputados, el escenario cambió cuando comenzaron a multiplicarse las críticas de cámaras empresarias, municipios, asociaciones de consumidores y sectores políticos de distintas extracciones.

La discusión adquiere especial sensibilidad porque ocurre a las puertas del invierno y en una provincia donde el costo energético tiene un peso considerable en la economía familiar.

Diversos dirigentes provinciales comenzaron a advertir que acompañar la eliminación de los descuentos podría transformarse en una decisión con alto costo electoral. En paralelo, crecieron las presiones para que los representantes mendocinos en el Senado rechacen la iniciativa.

El cálculo político es sencillo: pocos gobernadores quieren aparecer respaldando aumentos en las boletas de gas cuando las temperaturas comienzan a descender y los ingresos familiares siguen mostrando dificultades para recuperarse.

Más de 400 mil hogares en la mira

Distintas estimaciones coinciden en que más de 400 mil hogares mendocinos podrían verse afectados si la reforma se convierte en ley. Algunos sectores advierten incluso que determinadas facturas podrían registrar incrementos significativos durante los meses de mayor consumo.

La preocupación no se limita únicamente a los usuarios residenciales. Comercios, clubes, instituciones sociales y pequeñas empresas también siguen con atención la discusión parlamentaria debido al impacto que tendría un aumento de los costos energéticos sobre sus estructuras de funcionamiento.

Una negociación que todavía sigue abierta

La postergación del tratamiento no implica que el proyecto haya sido retirado. La iniciativa continúa formando parte de la agenda legislativa del Gobierno nacional y podría volver a discutirse en las próximas semanas.

Sin embargo, el episodio dejó al descubierto una realidad política que comienza a repetirse en distintos temas: el respaldo de los gobernadores aliados a Milei ya no aparece como un cheque en blanco.

La discusión por la Zona Fría mostró que incluso dirigentes que acompañaron buena parte de las reformas impulsadas desde la Casa Rosada encuentran límites cuando las medidas afectan directamente a sus provincias.

Para Mendoza, la cuestión excede el debate ideológico sobre subsidios o equilibrio fiscal. Lo que está en juego es el costo de calefaccionarse durante el invierno en una provincia donde el frío no es una excepción climática, sino una condición habitual de la vida cotidiana. Y en ese escenario, el cálculo político parece haber pesado tanto como las planillas económicas.