La tensión en el Congreso crece con la intención de la oposición de acelerar una reforma a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que, de aprobarse, restringiría el margen de maniobra del presidente Javier Milei para tomar decisiones sin la participación legislativa. La meta es aprobar los cambios antes del 30 de noviembre, cuando finalizan las sesiones ordinarias.

La iniciativa, promovida principalmente por el bloque Encuentro Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, propone limitar el alcance de los DNU, argumentando que su uso actual vulnera la democracia. “Se ha hecho un uso extremo de los DNU, lo cual nos deja en un esquema poco democrático”, declaró Pichetto. Con el apoyo de otros bloques, como Unión por la Patria y Democracia por Siempre, la oposición podría alcanzar el quórum necesario para avanzar con la reforma.

Desde el oficialismo, el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni, no tardó en calificar el intento de “golpista”, acusando a la oposición de querer “cambiar las reglas a mitad de camino”. Bornoroni defendió el uso de DNU por parte de Milei, asegurando que se trata de un mecanismo utilizado con moderación en comparación con administraciones previas.

La propuesta de reforma busca revertir el sistema actual. Hoy, un DNU entra en vigor automáticamente y solo puede ser rechazado si ambas Cámaras lo votan en contra. Sin embargo, con la nueva ley, el DNU tendría una vigencia limitada de 90 días, y, si no es ratificado por el Congreso en ese plazo, perdería validez. Para Pichetto y otros legisladores, esta modificación devolvería el equilibrio al sistema democrático y evitaría “gobernar por decreto” sin control parlamentario.

El contexto de este movimiento es el lento avance del debate sobre el Presupuesto 2025. Según trascendió, el Gobierno preferiría continuar con el presupuesto prorrogado de 2023, con valores desactualizados, lo que le permitiría gestionar los fondos mediante DNU, otorgando al Ejecutivo un margen de maniobra amplio y flexible.

La reforma, impulsada también por la diputada socialista Esteban Paulón, destaca que los DNU deberían ser una herramienta de “urgencia”, no un método alternativo para legislar, advirtiendo sobre el riesgo de un gobierno donde el Congreso queda desplazado.

Mientras tanto, la oposición evalúa el momento oportuno para llevar el tema al recinto, barajando la posibilidad de convocar a sesión el 13 de noviembre, o bien esperar que el oficialismo convoque el tratamiento del Presupuesto para introducir la discusión sobre los DNU en ese mismo temario. Esta estrategia también permitiría esquivar un posible “efecto rebote” de sectores antikirchneristas, dada la relación entre la ley vigente y la expresidenta Cristina Kirchner, quien fue su promotora en 2006.

Sin embargo, la situación tiene un matiz particular: aunque Kirchner impulsó la ley actual en su momento, sus aliados sostienen que entonces se buscaba un “uso razonable” de los DNU y no la primacía ejecutiva que promueve Milei. Desde el oficialismo, el diputado Diego Giuliano señaló que los DNU han derivado en “un abuso del sistema”, argumentando que la ley necesita ajustes.

Entre el martes y miércoles de esta semana, la oposición definirá los próximos pasos. Aunque la falta de consenso aún persiste, la presión para limitar los decretos podría llevar el tema al pleno en las próximas semanas, planteando una confrontación política que podría definir el poder del Ejecutivo en los meses venideros.