En una decisión que marcará un antes y un después en la estructura estatal, el Gobierno confirmó la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). A partir de este lunes, este organismo será reemplazado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), según lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa donde no se aceptaron preguntas.

La nueva ARCA, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía, tendrá una estructura más liviana, con una reducción del 45% en los cargos superiores y del 31% en los niveles inferiores. Este ajuste permitirá un ahorro de 6.400 millones de pesos anuales, según detalló un comunicado emitido por la Oficina del Presidente.

Uno de los aspectos más destacados de la medida es la desvinculación de 3.155 empleados que, según el Gobierno, ingresaron de manera “irregular” durante la gestión anterior, representando el 15% de la planta actual. El objetivo es eliminar la burocracia que, de acuerdo a la visión oficial, ha obstaculizado el desarrollo económico del país.

Además de la creación de ARCA, la decisión incluye cambios significativos en dos áreas clave. La Dirección General Impositiva (DGI), ahora liderada por Andrés Edgardo Vázquez, y la Dirección General de Aduanas (DGA), bajo la conducción de José Andrés Velis, serán las encargadas de gestionar las políticas tributarias y aduaneras, respectivamente. Ambos nuevos directores cuentan con una extensa trayectoria en la administración pública.

La reforma también impactará en los salarios de los altos funcionarios. El sueldo de la titular de ARCA, Florencia Misrahi, se reducirá de 32 millones de pesos a un monto cercano a los 4 millones, equiparándose con el de un ministro nacional. Una medida similar afectará a los directores de la DGI y DGA, quienes verán sus salarios ajustados de 17 millones a un valor equiparable al de un secretario de Estado.

El anuncio de la creación de ARCA llega en el marco de un plan de reestructuración más amplio impulsado por el Gobierno, que incluye la eliminación de cargos que considera innecesarios, la profesionalización de los entes estatales y la optimización de los recursos públicos. La nueva agencia se encargará de todas las tareas de recaudación y control aduanero, con la meta de mejorar la eficiencia y erradicar la corrupción.

La decisión ha sido recibida con críticas por parte de sectores gremiales, que ya han anunciado medidas de fuerza ante la magnitud de los despidos y la reducción de la planta estatal. Sin embargo, el Gobierno defiende la medida como un paso necesario para modernizar la administración pública y liberar al país de estructuras que, según sus funcionarios, “frenan el desarrollo económico”.

Con esta reforma, el Gobierno busca proyectar una imagen de austeridad y eficiencia, enfrentando a quienes consideran que el aparato estatal ha crecido de manera desproporcionada en los últimos años. El futuro de ARCA y su impacto en la economía nacional serán objeto de análisis en los próximos meses, a medida que la nueva estructura comience a operar a pleno.