En medio de crecientes tensiones, el Gobierno de Javier Milei anticipa posibles recortes presupuestarios en el Ministerio de Salud si el Congreso insiste en revocar su veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la Casa Rosada, se manejan varias alternativas para enfrentar esta situación, siendo la desfinanciación de sectores críticos una de las principales opciones en consideración.

El veto de Milei, que afecta directamente a la financiación de las universidades públicas, ha generado un fuerte debate en el ámbito político. En la mesa chica del Gobierno, la judicialización del conflicto aparece como el primer curso de acción. Según reveló un integrante clave del Ejecutivo: “Es posible que este tema termine en la Justicia, dependerá de cómo se interprete la ley de administración financiera”. Sin embargo, si la estrategia judicial fracasa, el Plan B implicaría la búsqueda de recursos en otras áreas del Estado, con la obra pública como otro posible blanco de recortes.

Uno de los hombres más cercanos al presidente expresó la postura oficial: “Si el Congreso insiste en la revocación del veto y ese gasto debe ser absorbido, el dinero tendrá que salir de algún lado. Si no es de la obra pública, será de Salud”. Este último sector ya ha sido objeto de ajustes previos y, hasta octubre de este año, solo ha ejecutado el 62% de su presupuesto, según el portal oficial Presupuesto Abierto. Un nuevo recorte en Salud podría tener consecuencias graves, especialmente en un momento de transición ministerial, con la reciente asunción de Mario Lugones en lugar del ministro saliente.

Desde el entorno de Milei aseguran que el veto no es un ataque a las universidades, sino una medida frente a un Congreso que “saca leyes sin respaldo financiero”. Un asesor gubernamental aclaró: “No tenemos problemas en que las universidades estén bien financiadas. Nuestro conflicto es con un Congreso que no garantiza los recursos necesarios”.

En paralelo, fuentes cercanas al presidente manifestaron que el veto de Milei está alineado con la visión libertaria sobre la educación, que aboga por un modelo privado. “Javier siempre ha defendido la educación privada, pero entendemos que actualmente la Constitución establece que la educación debe ser financiada con impuestos”, señaló un asesor de confianza del mandatario.

En el entorno oficialista también hay molestia con el PRO, partido al que acusan de no comprometerse a respaldar el veto. “Si el PRO decide no apoyar el veto, será un acto de mezquindad y una irresponsabilidad política”, advirtieron desde la Casa Rosada, mientras Martín Menem, líder dentro del espacio, trabaja intensamente para evitar un revés en el Congreso.

El desenlace de este conflicto no solo definirá el futuro del financiamiento universitario, sino que también podría desencadenar una nueva ola de ajustes en áreas sensibles como la salud pública, impactando a miles de ciudadanos.