El escenario político se encuentra en una encrucijada debido al veto presidencial de Javier Milei sobre la ley de movilidad jubilatoria. Para que el veto sea debatido y rechazado, la oposición requerirá dos tercios de los votos emitidos en ambas instancias, un objetivo que, por el momento, parece difícil de alcanzar. Mientras algunos bloques de la oposición han dejado claras sus posiciones en defensa de los jubilados, otros mantienen una postura más ambigua, lo que incrementa la incertidumbre sobre el resultado.

Uno de los puntos clave es la presión que se sentirá en las calles, especialmente el próximo miércoles, cuando jubilados, sindicatos y organizaciones sociales se manifestarán frente al Congreso. Sin embargo, aunque la presión social será importante, los números dentro del recinto no favorecen a la oposición. Para debatir el veto presidencial se necesitarán dos tercios de los votos emitidos y, posteriormente, otros dos tercios para rechazar la medida.

La postura del PRO genera dudas tras las ausencias en votaciones previas. En la votación de la ley de movilidad, siete diputados de ese bloque decidieron no participar, lo que abre interrogantes sobre su comportamiento en esta ocasión. En tanto, la UCR, que en su mayoría votó a favor de la ley, ahora enfrenta divisiones internas. Algunos legisladores radicales han mostrado un acercamiento al gobierno en votaciones recientes, lo que podría complicar aún más las posibilidades de la oposición.

Desde sectores de la Juventud Radical se ha exigido a sus representantes nacionales que defiendan tanto a los jubilados como al presupuesto de la universidad pública. Esta postura ha sido respaldada por el armado nacional del radicalismo, que ve en la educación pública una herramienta clave para la libertad y la igualdad.

El PRO se reunirá esta semana para definir su postura como bloque, y en el caso de una asistencia completa, Milei necesitará 87 votos para mantener su veto. Actualmente, el oficialismo cuenta con 77 votos seguros, que podrían incrementarse si se suman aliados como el monobloque de Lourdes Arrieta.

Las diferencias internas en la UCR también juegan un rol importante en este escenario. Mientras algunos diputados apoyan la continuidad de la ley de movilidad, otros han comenzado a plantear modificaciones parciales, como Soledad Carrizo, quien aboga por mantener el aumento del 8,1% en los haberes jubilatorios.

En caso de no conseguir los votos necesarios para habilitar el debate del veto, se buscará emplazar a las comisiones de Presupuesto y Previsión Social para intentar un nuevo tratamiento a finales de septiembre. La incertidumbre crece y, con ella, las divisiones en la oposición que enfrenta uno de sus mayores desafíos en esta etapa del gobierno de Javier Milei.