En un movimiento que promete redefinir las condiciones laborales en el país, el Gobierno ha anunciado su intención de implementar una nueva reforma laboral. Esta reforma, más profunda que la Ley Bases recientemente reglamentada, se inspira en las ideas del ministro Federico Sturzenegger y recupera elementos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 y de las políticas laborales de la década de 1990.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, será el encargado de abrir el diálogo con sindicatos y cámaras empresariales para discutir la ampliación de la jornada laboral, la reintroducción de tickets de comida como beneficios no remunerativos y la posibilidad de firmar contratos que impliquen la pérdida de derechos adquiridos. Esta ronda de negociaciones se desarrollará en las próximas semanas, con el objetivo de preparar nuevos proyectos de ley para ser presentados al Congreso.

En paralelo, Cordero ha estado trabajando en la reglamentación de la Ley Bases, buscando un equilibrio que permita congraciarse con los sindicatos mientras se avanza en las reformas estructurales. Entre los cambios propuestos se encuentra la flexibilización de la norma que penaliza los bloqueos a empresas y la figura del "trabajador colaborador", que busca formalizar las relaciones laborales de monotributistas bajo un esquema de asociación libre.

La reforma laboral que el Gobierno pretende implementar incluye varios puntos polémicos. Uno de los más destacados es la extensión de la jornada laboral, permitiendo convenios colectivos que autoricen jornadas de hasta 12 horas, siempre que se respeten las 12 horas de descanso entre turnos. Además, se plantea la creación de bancos de horas, donde el empleador podría distribuir las horas de trabajo según sus necesidades, una medida que Cordero defendió anteriormente en el Congreso.

Otro aspecto controversial es la reintroducción de los tickets de comida como beneficios no remunerativos. Estos beneficios, eliminados en 2007, podrían regresar bajo una nueva regulación que también incluiría viáticos, refrigerios, transporte y otros servicios como medicina privada y gimnasios. La administración busca una normativa clara que evite litigios y garantice la no remuneratividad de estos ítems.

Finalmente, el Ejecutivo pretende flexibilizar el principio de "irrenunciabilidad", que impide que un trabajador acepte condiciones laborales inferiores a las establecidas en su contrato. Esta propuesta, que podría generar una fuerte resistencia sindical, busca facilitar cambios en las condiciones laborales sin necesidad de recurrir al despido y recontratación.

Estas iniciativas, que el Gobierno libertario considera esenciales para modernizar el mercado laboral, enfrentan un camino lleno de desafíos y negociaciones, donde la capacidad de consenso entre el Estado, los sindicatos y las empresas será clave para su implementación exitosa.