Las elecciones internas del PRO en Mendoza se encuentran envueltas en una atmósfera de incertidumbre y acusaciones cruzadas. La tensión ha aumentado con la posibilidad de que las escuelas no estén disponibles para los comicios del próximo domingo 30 de junio, donde Hebe Casado y Gabriel Pradines competirán por la presidencia del partido.

Según el acta más reciente de la Junta Electoral, el 11 de junio el PRO solicitó a la Dirección General de Escuelas (DGE) 18 colegios para organizar el circuito electoral. Sin embargo, hasta la fecha, la DGE no ha proporcionado una respuesta formal. Ante esta falta de comunicación, la Junta Electoral pidió la intervención del veedor nacional, Santiago Alberdi, ante el Ministerio de Educación. Tras varias gestiones, el presidente de la Junta, Eros D’Amore, logró un acuerdo preliminar con la jefa de Gabinete de la DGE, Daniela García, para el uso de los establecimientos escolares mediante un convenio.

No obstante, las autoridades del PRO tienen preparado un plan B. En caso de no poder utilizar las 32 escuelas finalmente solicitadas, los afiliados podrán votar en clubes de barrio, fundaciones y asociaciones civiles designadas por la Junta Electoral.

Las elecciones también están marcadas por graves denuncias. Apoderados de Propuesta Federal han acusado a miembros de la lista Amarilla de intentar comprar votos mediante llamadas telefónicas y la entrega de bolsones de mercadería a favor de Hebe Casado. Además, el presupuesto propuesto por el Correo Argentino para el traslado de las urnas, que asciende a 29 millones de pesos, ha sido rechazado por las autoridades de la Junta Electoral debido a su alto costo en el contexto económico actual.

El PRO en Mendoza lleva un año intervenido, y la vicegobernadora llamó a elecciones internas, colocando en la Junta Electoral a dos personas de su confianza: la secretaria legal y técnica del Senado, Nuria Olivera, y el secretario legislativo, Lucas Faure. Desde el inicio del proceso, las impugnaciones y denuncias en redes sociales han complicado aún más el clima electoral.

Un punto álgido ocurrió el 3 de mayo cuando la Junta de Mendoza descalificó la lista Propuesta Federal de Gabriel Pradines, dejando solo la lista Amarilla de Hebe Casado. Esta acción generó una serie de denuncias ante la Junta Electoral Nacional del PRO y la Justicia Electoral, que terminaron invalidando las decisiones locales y permitiendo que Pradines y Casado compitieran en junio.

La tensión continuó con una apelación presentada por la lista Amarilla, la cual fue rechazada por el juez federal Pablo Quirós, favoreciendo al sector de Pradines. La Junta local respondió descalificando nuevamente a Pradines por presentar avales falsos, manteniendo solo la lista de Casado. Ante esta situación, el sector de Pradines solicitó la intervención de Buenos Aires, logrando que las elecciones se realicen el 30 de junio. Además, se han presentado nuevas denuncias de intento de compra de votos por parte del sector de Casado.

El cronograma electoral del PRO se mantiene con la veda electoral el 28 de junio, las elecciones el 30 de junio, el escrutinio definitivo el 4 y 5 de julio, y la proclamación de candidatos electos el 5 de julio. La situación sigue siendo tensa y cualquier desenlace es posible en este contexto de acusaciones y desorganización.