En una inusual concesión, el Ejecutivo de Javier Milei decidió dar marcha atrás en uno de los aspectos de la "Ley Ómnibus" luego de las críticas de gobernadores opositores, entre ellos representantes del PRO, la UCR y el PJ. La principal preocupación se centró en las modificaciones propuestas para la actividad económica pesquera, minera, azucarera y vitivinícola.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, expresó su descontento al calificar las reformas como "un tiro en el pie" y se reunió con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en Casa Rosada. Tras el encuentro, Francos confirmó que se realizarán "clarificaciones" en algunos artículos de la ley.

En el caso de la pesca, se cuestiona la posibilidad de permitir a extranjeros pescar en la Zona Económica Exclusiva Argentina, medida que generó preocupación entre los gobernadores. A pesar de la marcha atrás en algunos puntos, el Gobierno insiste en mantener la apertura a extranjeros con el pago de un canon.

La ley ómnibus también busca cambios en la obligatoriedad de descarga en puertos argentinos, competencia desigual en cupos de captura y la eliminación de la obligatoriedad de contratar personal argentino en la pesca, entre otros aspectos.

Las críticas no se limitan a la pesca; gobernadores de distintas provincias y partidos se unieron para expresar su rechazo a modificaciones que afectan a sectores estratégicos como la azucarera, vitivinícola y minera. La eliminación de aranceles para la importación de azúcar preocupa al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

También criticó una parte de la ley ómnibus el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, que calificó como "desfavorable" la imposición del 8% de retenciones a las exportaciones de mercaderías del sector vitivinícola, una postura que derivó la semana última en una reunión entre funcionarios mendocinos y sanjuaninos, representantes de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, critica la privatización de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) y la derogación de leyes sobre actividad minera. Jalil de Catamarca también se opone a la posible venta de YMAD, destacando su especial naturaleza como "ente interestadual".

En medio de estas tensiones, gobernadores de distintas regiones acuerdan unificar respuestas ante las decisiones del Gobierno nacional, buscando manejar la incertidumbre macroeconómica de manera conjunta.

Este revés en la "Ley Ómnibus" marca un episodio significativo en la relación entre el Gobierno de Milei y los gobernadores opositores, evidenciando discrepancias fundamentales en temas cruciales para diversas provincias.