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POLÍTICA

21 de noviembre de 2026 · 21:43

Juicio político a Caputo: Pagano lanzó una ofensiva con seis acusaciones contra el ministro

La diputada nacional presentó un pedido de juicio político contra el ministro de Economía por presunto mal desempeño. La acusación reúne el cierre de más de 32 mil empleadores, el manejo de las reservas de oro, el endeudamiento, las ausencias ante el Congreso y el destino de los fondos viales. Detrás de la presentación hay una disputa política, pero también preguntas sobre el funcionamiento del programa económico y el control de los recursos públicos.

Juicio político a Caputo: Pagano lanzó una ofensiva con seis acusaciones contra el ministro

La tensión entre Marcela Pagano y el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó de ser solamente un intercambio de acusaciones en las redes sociales. Este sábado 21 de noviembre, la diputada nacional confirmó que presentó un pedido de juicio político contra el titular del Palacio de Hacienda, al que responsabiliza por una serie de decisiones y resultados que, según sostiene, configuran un cuadro de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.


El escrito contiene seis ejes de cuestionamiento y coloca bajo la lupa aspectos centrales de la gestión económica de Javier Milei. No se limita a discutir el rumbo del programa oficial: apunta también a la administración de activos estratégicos, el endeudamiento externo, el cumplimiento de las obligaciones institucionales frente al Congreso y la utilización de fondos que tienen destinos específicos.

Pagano anunció la presentación con un mensaje de fuerte tono político. Habló del fracaso del modelo financiero, cuestionó el uso del dinero público y volvió a poner sobre la mesa una pregunta que incomoda al Gobierno: dónde está el oro de las reservas argentinas. La frase no fue casual. La controversia por los lingotes trasladados al exterior y las operaciones financieras realizadas con ese activo volvió a instalarse después de una entrevista en la que Caputo no pudo precisar su ubicación.

Pero el planteo de la diputada tiene un alcance más amplio. La presentación busca convertir en una discusión institucional lo que hasta ahora venía acumulando denuncias, pedidos de informes, interpelaciones y cuestionamientos políticos sobre distintas áreas de la política económica.

El dato que golpea al entramado productivo

Uno de los principales argumentos de Pagano es la caída en la cantidad de empleadores registrados. La cifra que incorpora el pedido es contundente: 32.429 unidades empleadoras menos entre noviembre de 2023 y agosto de 2026.

El dato tiene respaldo en los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Según esa estadística, el universo de empleadores pasó de 512.357 a 479.928 durante ese período. La reducción no es una estimación opositora ni una proyección: surge de los registros oficiales y representa una contracción significativa del tejido de empresas que mantienen trabajadores cubiertos por el sistema.

El número permite dimensionar una de las consecuencias más delicadas del proceso económico. Detrás de cada empleador que desaparece puede haber una empresa que cerró, una actividad que dejó de operar formalmente o una unidad productiva que redujo su estructura. No todos los casos tienen necesariamente la misma explicación, pero el resultado agregado muestra una economía que perdió miles de empleadores en menos de tres años.

La diputada vincula esa evolución con el modelo económico aplicado por el Gobierno y la responsabilidad política de Caputo. También cuestiona la programación macroeconómica que le corresponde conducir al Ministerio de Economía. En este punto, la acusación incorpora una discusión que excede la presentación parlamentaria: el equilibrio de las cuentas públicas y la desaceleración de algunas variables no pueden analizarse aislados de lo que ocurre con la producción, el empleo y la supervivencia de las empresas.

El Gobierno ha defendido su programa sobre la base del orden fiscal, la reducción de la inflación y la recuperación de la actividad. La oposición, en cambio, pone el foco en los costos productivos y sociales de ese proceso. El pedido de Pagano intenta llevar esa controversia al terreno de las responsabilidades políticas del ministro.

El oro argentino vuelve a convertirse en un problema para Caputo

El segundo gran frente de conflicto es el manejo de las reservas de oro del Banco Central. La discusión se reactivó luego de que Eduardo Feinmann le preguntara directamente a Caputo dónde se encontraba el metal argentino. La respuesta del ministro, que mencionó posibles destinos en el exterior sin confirmar una ubicación concreta, volvió a encender las críticas.

El antecedente viene de 2024, cuando el propio Caputo confirmó que parte de las reservas había sido trasladada fuera del país. En septiembre de ese año, el Banco Central comunicó que había realizado transferencias de parte de sus tenencias de oro entre distintas cuentas y sostuvo que esos movimientos no modificaban el volumen total de las reservas.

La explicación oficial fue que la administración de los lingotes en el exterior permitía mejorar las posibilidades de obtener rendimientos financieros. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, también defendió la operatoria y señaló que parte del oro se encontraba depositada en el Banco de Pagos Internacionales, en Suiza.

Sin embargo, la controversia no terminó con esas explicaciones. La Auditoría General de la Nación comenzó a revisar el traslado de las reservas físicas para determinar sus fundamentos, el destino de los activos y los resultados de la operación. A esto se sumaron cuestionamientos por operaciones financieras vinculadas al oro que, según los datos difundidos sobre el ejercicio 2025, arrojaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares.

Ese monto requiere una precisión: se refiere a resultados de operaciones financieras y no significa que hayan desaparecido físicamente lingotes por ese valor. Pero la diferencia contable no elimina el interrogante sobre la estrategia aplicada con un activo que pertenece a las reservas del país.

La pregunta que quedó flotando después de la entrevista de Caputo es más sencilla que las explicaciones técnicas que rodean la operación: ¿dónde está el oro y bajo qué condiciones se encuentra colocado? Para Pagano, la falta de una respuesta precisa forma parte de los motivos que justifican investigar el desempeño del ministro.

Deuda externa y jurisdicción extranjera

Otro de los cuestionamientos está relacionado con el endeudamiento externo y la habilitación de cláusulas de prórroga de jurisdicción en acuerdos financieros.

En este punto aparece el Decreto 478/2026, que autorizó la inclusión de cláusulas a favor de tribunales estaduales y federales de Nueva York para determinados préstamos, por un monto de hasta 5.000 millones de dólares, con garantía de organismos multilaterales de crédito. La norma también contempla condiciones vinculadas con la inmunidad de jurisdicción y establece resguardos respecto de determinados bienes y activos argentinos.

El decreto es público y su contenido puede consultarse en el Boletín Oficial. La discusión política se concentra en las condiciones bajo las cuales el Estado argentino asume compromisos financieros bajo jurisdicción extranjera y en el alcance de las garantías y renuncias que se incorporan a esos acuerdos.

Pagano también cuestiona la existencia de acuerdos financieros reservados. El planteo vuelve a colocar en primer plano un problema recurrente de la política económica argentina: la necesidad de financiamiento externo y las condiciones institucionales, jurídicas y financieras que acompañan cada operación.

No se trata solamente de cuánto dinero toma el Estado, sino de qué compromisos asume, bajo qué reglas se instrumentan y qué margen de decisión conserva el país frente a eventuales conflictos.

Los fondos de las rutas y el superávit bajo sospecha

La utilización de recursos destinados a la infraestructura vial constituye otro de los capítulos de la presentación. El cuestionamiento apunta a la inmovilización o colocación de fondos que tienen asignación específica para el sistema vial, mientras las rutas nacionales acumulan deterioro y numerosas obras permanecen paralizadas.

El tema ya había provocado una ofensiva parlamentaria. En agosto, diputados opositores impulsaron pedidos de informes e interpelaciones para que Caputo explicara el destino de los recursos recaudados a través del sistema vial. La controversia creció después de que desde el propio Gobierno se reconociera que una parte de esos ingresos era utilizada para contribuir al equilibrio fiscal.

La discusión también llegó a los tribunales. En una causa vinculada con la subejecución de fondos destinados al mantenimiento de las rutas, la Justicia solicitó información al Ministerio de Economía sobre las colocaciones financieras realizadas con esos recursos.

La cuestión tiene una dimensión concreta para millones de argentinos: los fondos que se recaudan con una finalidad determinada terminan en el centro de una disputa sobre su utilización efectiva. En un país donde el deterioro de la infraestructura vial afecta la producción, el transporte y la seguridad, la administración de esos recursos dejó de ser una discusión exclusivamente presupuestaria.

El Congreso también aparece en la acusación

El sexto eje del planteo se relaciona con las facultades de control del Poder Legislativo. Pagano cuestiona que Caputo no haya concurrido a dos instancias de interpelación votadas por la Cámara de Diputados.

La discusión no es menor. La Constitución Nacional establece que cada Cámara puede convocar a ministros del Poder Ejecutivo para recibir explicaciones e informes. Esa facultad forma parte de los mecanismos de control que el Congreso tiene sobre la administración nacional.

Cuando un ministro no concurre a responder sobre asuntos de su competencia, el conflicto deja de ser una diferencia entre bloques parlamentarios y se transforma en una discusión sobre el funcionamiento de los controles institucionales.

En el planteo de Pagano, las ausencias se incorporan como parte de un cuadro más amplio de incumplimientos. La acusación intenta conectar decisiones económicas, manejo de recursos y conducta institucional para sostener que no se trata de hechos aislados, sino de una forma de ejercer el cargo que merece ser examinada.

¿Puede avanzar el juicio político?

La presentación abre un proceso que está lejos de traducirse automáticamente en una salida del ministro. El juicio político tiene un procedimiento constitucional exigente y depende de mayorías parlamentarias difíciles de reunir.

El artículo 53 de la Constitución establece que la Cámara de Diputados tiene la atribución exclusiva de acusar a los ministros por mal desempeño, delitos en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. Para que esa acusación avance hacia el Senado se necesitan los votos de dos tercios de los miembros presentes.

Luego, el Senado debe realizar el juicio público y también requiere una mayoría de dos tercios de los presentes para declarar la culpabilidad. La consecuencia institucional puede ser la destitución y, eventualmente, la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Por eso, el pedido de Pagano no significa que Caputo esté sometido a un juicio político en curso ni que su continuidad esté formalmente en riesgo inmediato. Primero deberá atravesar el tratamiento parlamentario correspondiente y conseguir respaldo político suficiente para que la Cámara de Diputados formule una acusación.

La viabilidad de ese recorrido es una cuestión central. El oficialismo conserva capacidad de negociación dentro del Congreso y la oposición no tiene, por ahora, una mayoría de dos tercios que permita anticipar un desenlace de esa naturaleza. La presentación puede convertirse en un nuevo frente de desgaste para el ministro, aunque su avance institucional dependerá de una correlación de fuerzas mucho más compleja que la repercusión pública del anuncio.

Una ofensiva que expone las contradicciones del Gobierno

La ofensiva de Pagano tiene, además, un componente político que no puede separarse de su recorrido dentro del oficialismo. La diputada llegó al Congreso en las listas de La Libertad Avanza y hoy se ubica en la oposición al Gobierno de Milei. Su ruptura con el espacio libertario derivó en una sucesión de enfrentamientos públicos con funcionarios y con el propio Presidente.

Ese antecedente explica parte del escenario, pero no alcanza para descartar los temas que incorpora su presentación. El retroceso en la cantidad de empleadores registrados, el manejo de las reservas de oro, las operaciones financieras, la deuda y el destino de los fondos viales son cuestiones que cuentan con antecedentes documentales, estadísticas oficiales y discusiones parlamentarias previas.

El Gobierno construyó buena parte de su legitimidad económica alrededor de una promesa: terminar con el desorden fiscal y recuperar la confianza financiera. Sin embargo, ese relato convive con interrogantes sobre la calidad de la recuperación productiva, la transparencia en la administración de activos estratégicos y el uso de recursos públicos afectados a finalidades concretas.

La presentación de Pagano difícilmente se traduzca por sí sola en la salida de Caputo. Pero sí reúne, en un mismo expediente político, varios de los puntos más sensibles de la gestión económica. Y vuelve a poner sobre la mesa una discusión que el Gobierno no consigue cerrar: cuánto cuesta el modelo, quiénes soportan sus consecuencias y qué controles existen sobre las decisiones que se toman en nombre del equilibrio fiscal.

En definitiva, el ministro enfrenta una nueva ofensiva parlamentaria. Esta vez, el cuestionamiento no se agota en una declaración de redes sociales: intenta convertir el malestar por la política económica en una acusación institucional. El resultado dependerá de los votos, pero las preguntas que alimentan el pedido ya forman parte de la discusión pública.

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