La Sociedad Rural de San Rafael lanzó un duro cuestionamiento contra Alfredo Cornejo por la falta de respuestas sobre la continuidad de la Lucha Antigranizo en el oasis sur. En un comunicado difundido este jueves, la entidad sostuvo que el gobernador dejó caer el sistema de mitigación con aviones y advirtió que, cuando se produzcan daños por granizo, habrá responsabilidades políticas que deberán ser discutidas.
El pronunciamiento llegó después del Almuerzo de las Fuerzas Vivas realizado el martes 27 de octubre, donde la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Silvina Pietrelli, reclamó públicamente que la Provincia reevalúe la suspensión de la lucha antigranizo. Cornejo estuvo presente en el encuentro, pero no respondió allí al pedido de recuperar el sistema aéreo para proteger la producción del sur mendocino.
La Sociedad Rural fue más allá de la crítica institucional. Señaló al mandatario provincial como principal responsable de la falta de continuidad, cuestionó a legisladores y concejales que no acompañaron los reclamos y también reprochó a la Cámara de Comercio por considerar que no impulsó una defensa suficientemente firme de la herramienta. La entidad sostuvo que la protección frente al granizo no puede quedar librada a la capacidad económica de cada municipio ni a los productores afectados.
El comunicado refleja una escalada en el conflicto que desde hace meses enfrenta al Gobierno provincial con San Rafael y General Alvear. La discusión no se limita a la continuidad de los aviones: también abarca quién debe pagar el combustible, los pilotos, el mantenimiento, los insumos de siembra, los seguros y la infraestructura necesaria para operar. Mientras el Ejecutivo provincial sostiene una propuesta de entrega de aeronaves y radarización, los municipios reclaman un compromiso financiero más amplio.
San Rafael puso $1.500 millones, pero reclama que la Provincia asuma los costos
El intendente Omar Félix anunció en septiembre que San Rafael reservaría $1.500 millones para contribuir a la continuidad del sistema. La comuna, sin embargo, condicionó su participación a un esquema de financiamiento compartido y volvió a pedir que Mendoza aporte al menos tres aviones, uno de ellos como respaldo, además de cubrir los costos de mantenimiento, seguros, material de siembra, radares e infraestructura aeroportuaria.
La propuesta municipal establece que los gastos operativos —combustibles, pilotos, traslados, viáticos y alojamiento— se distribuyan entre la Provincia y los municipios. San Rafael planteó que el 50% quede a cargo del Gobierno provincial y el otro 50% sea cubierto por las comunas, con una distribución de 70% para San Rafael y 30% para General Alvear. También pidió que las aeronaves sean cedidas gratuitamente por un período de entre ocho y diez años para dar previsibilidad al funcionamiento.
La respuesta provincial fue más limitada. El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, confirmó que Mendoza pondría dos aviones a disposición y negó que el Ejecutivo fuera a financiar la mitad de los gastos operativos que reclama San Rafael. La discusión se agravó cuando el municipio sostuvo que dos aeronaves resultaban insuficientes para garantizar una operación adecuada y reclamó una tercera unidad de respaldo.
En septiembre, San Rafael también presentó ante el Ministerio de Producción una propuesta respaldada por más de 300 entidades del departamento. El documento reclamaba una participación provincial más amplia y planteaba que el sistema debía sostenerse con un fondo garantizado, para evitar que el incumplimiento de una de las partes terminara trasladando el costo financiero a los municipios que sí aportaran recursos.
El reclamo de la Cámara y el silencio de Cornejo
Durante el Almuerzo de las Fuerzas Vivas, Pietrelli pidió al gobernador que escuchara a los productores y, junto con los intendentes, reconsiderara una solución para recuperar la Lucha Antigranizo. La dirigente describió el sistema como una herramienta de protección que alcanza a la agricultura, el comercio, el turismo y otras actividades económicas del sur provincial.
El pedido fue uno de los reclamos dirigidos al Gobierno de Mendoza durante el encuentro empresarial. La Cámara también planteó problemas vinculados con infraestructura, impuestos, conectividad y financiamiento productivo. Pero la ausencia de una respuesta específica de Cornejo sobre los aviones terminó convirtiéndose en el principal motivo del comunicado de la Sociedad Rural.
La entidad rural cuestionó que una herramienta de protección regional se transforme en una responsabilidad que deban asumir progresivamente los municipios y los propios productores. En su planteo, el Gobierno provincial no puede desentenderse de los efectos que el granizo provoca sobre la producción, las propiedades, la infraestructura y el turismo. El reclamo apunta a que la prevención sea sostenida como política pública y no dependa de acuerdos temporales o de la capacidad financiera de cada departamento.
La tensión también dejó expuesta una diferencia entre las instituciones del sur. La Cámara de Comercio reclamó públicamente la recuperación del sistema, mientras que la Sociedad Rural consideró insuficiente la intensidad de la defensa que realizó la entidad empresaria. La discusión no se limita a la postura frente a Cornejo: también gira alrededor de qué nivel de presión deben ejercer las organizaciones que representan a productores y empresas cuando una herramienta de protección regional queda sin un esquema estable de financiamiento.
El debate sobre la eficacia y el costo del sistema
La defensa de la Lucha Antigranizo se apoya, en parte, en los resultados que difundieron el municipio y las entidades que participaron de las últimas campañas. San Rafael sostuvo que durante los períodos sin mitigación aérea los daños promedio alcanzaban unas 11.000 hectáreas, mientras que entre 2005 y 2024, bajo administración provincial, el promedio informado fue de 5.300 hectáreas. Para las campañas recientes, el municipio difundió cifras de 2.300 hectáreas afectadas en 2024/2025 y 2.900 en 2025/2026.
Esos números son utilizados por el municipio para defender la continuidad del sistema, aunque deben leerse con cuidado: corresponden a períodos y modalidades de operación diferentes, y la reducción de daños no permite atribuir automáticamente todo el resultado a la intervención aérea. Para evaluar la eficacia hacen falta registros comparables de tormentas, intensidad, superficie afectada, vuelos, insumos utilizados y costos por campaña.
En marzo, San Rafael y la Cámara de Comercio habían presentado resultados de la temporada 2025/2026. Según el informe difundido por esas instituciones, hubo 87 tormentas severas, 141 vuelos durante 47 días de operación, 4.889 bengalas y 4.414 cartuchos. El municipio destacó que la superficie dañada fue menor que en temporadas anteriores y sostuvo que el sistema había contribuido a reducir las pérdidas. La evaluación independiente de esos resultados sigue siendo un punto relevante para definir el futuro del programa.
La disputa también tiene una dimensión presupuestaria. San Rafael informó que durante las dos campañas recientes invirtió alrededor de $2.667 millones y que recuperó parte de esos recursos mediante un aporte incluido en la factura eléctrica, mecanismo que dejará de cobrarse en diciembre. Félix advirtió que el municipio no puede continuar afrontando solo los costos y que la compra de cohetería representa un gasto adicional que las comunas no están en condiciones de asumir.
Una advertencia política antes de la temporada de granizo
La Sociedad Rural cerró su comunicado con una advertencia directa: la producción no puede seguir esperando y quienes tienen la responsabilidad de defenderla no pueden guardar silencio. La frase apunta a Cornejo, pero también a los representantes políticos y empresariales que participan de las negociaciones.
El Gobierno provincial deberá definir si mantiene su propuesta de dos aeronaves y radarización, si acepta ampliar el esquema de financiamiento y qué responsabilidades asumirá en la próxima temporada. Los municipios, por su parte, sostienen que no pueden comprometer recursos sin una garantía de continuidad y sin un reparto de costos que resulte sostenible.
La discusión llega en un momento en que el sur mendocino reclama previsibilidad para productores, comercios y actividades turísticas. El sistema de mitigación no tiene hoy un acuerdo definitivo sobre financiamiento, cantidad de aviones y distribución de gastos. La Sociedad Rural convirtió esa indefinición en una acusación política y puso el foco sobre el gobernador.
La advertencia sobre los futuros daños por granizo no constituye una prueba de responsabilidad anticipada, pero sí expresa la presión de una entidad que reclama una decisión antes de que se produzcan nuevas pérdidas. El punto central es que la temporada se acerca y, mientras las instituciones discuten quién debe pagar, el sur sigue sin un esquema provincial acordado para sostener la lucha antigranizo.
