Los nuevos uniformes penitenciarios de Mendoza son amarillos flúor, de una sola pieza y diseñados para que los internos puedan ser identificados con mayor facilidad fuera de sus celdas. El Servicio Penitenciario provincial cuenta con una primera partida de 80 mamelucos, que comenzó a utilizarse esta semana y tendrá dos destinos concretos: el régimen de Muy Alto Perfil (MAP) y la custodia de personas privadas de libertad alojadas en establecimientos hospitalarios.
La implementación quedó expuesta tras el traslado de Ramiro Armando Colucci y Claudio Alexander González Flores, los dos internos que el martes 27 de octubre mantuvieron como rehén al agente penitenciario Mauro Alejandro Zugasti en el penal de Boulogne Sur Mer. Después de que el trabajador recuperara la libertad, ambos fueron enviados al complejo Almafuerte II, en Cacheuta, donde quedaron alojados en el módulo de Muy Alto Perfil. Durante ese operativo utilizaron los nuevos mamelucos de alta visibilidad.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, explicó que la finalidad es mejorar la identificación de los detenidos durante los desplazamientos entre establecimientos. La indumentaria también se utilizará cuando personas privadas de libertad deban permanecer en espacios hospitalarios compartidos con otros pacientes y ciudadanos, como puede ocurrir en sectores del Hospital Central o en El Sauce. En esos escenarios, la ropa distintiva busca facilitar el control visual y advertir con mayor rapidez una eventual evasión.
Ochenta prendas, dos destinos
La partida se distribuyó en partes iguales. Cuarenta mamelucos fueron asignados al régimen de Muy Alto Perfil de Almafuerte II, destinado a internos sometidos a condiciones de seguridad reforzadas. Los otros cuarenta se reservaron para personas privadas de libertad que permanecen bajo custodia penitenciaria en establecimientos de salud.
La medida no implica, al menos con la información difundida hasta ahora, que todos los presos de Mendoza deban vestir de amarillo flúor. El alcance informado es específico: traslados penitenciarios y determinadas situaciones de custodia fuera de los espacios carcelarios convencionales. Tampoco se comunicó que la indumentaria reemplace la vigilancia, las esposas cuando correspondan, los protocolos de traslado o los controles de seguridad que debe aplicar el personal.
El uso de un color llamativo apunta a resolver una dificultad operativa concreta: distinguir rápidamente a una persona detenida en un entorno donde también circulan trabajadores, pacientes, familiares y visitantes. En un hospital, por ejemplo, la posibilidad de reconocer visualmente a un interno puede contribuir a detectar desplazamientos no autorizados. Sin embargo, la eficacia de la medida dependerá de cómo se aplique y de su integración con los procedimientos de custodia.
Los fabricaron otros internos en Almafuerte II
Los mamelucos fueron confeccionados por personas privadas de libertad en RERDA, una de las empresas que funcionan dentro del complejo penitenciario Almafuerte II. La firma participa de actividades productivas intramuros y también fabrica indumentaria destinada a organismos y trabajadores, entre ellos personal policial.
La producción forma parte de una política que el Gobierno provincial viene promoviendo para incorporar trabajo y capacitación laboral dentro de las cárceles. En los últimos años, la Provincia informó convenios para que organismos públicos adquirieran prendas y otros productos elaborados en talleres penitenciarios. Uno de esos acuerdos involucró al Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen), que adquirió indumentaria confeccionada por personas privadas de libertad.
El trabajo en contexto de encierro tiene un marco legal: la Ley Nacional 24.660 establece que debe contribuir a desarrollar hábitos laborales y capacidades útiles para la vida en libertad, y dispone que no puede ser forzado ni degradante. La normativa también contempla la remuneración y el respeto de las reglas laborales y de seguridad social aplicables. En Mendoza, la regulación penitenciaria admite que la vestimenta provista por la Administración sea confeccionada mediante el trabajo de los internos y establece que sus características no pueden resultar humillantes.
En este caso, la confección dentro del penal permite que el propio sistema penitenciario abastezca una necesidad operativa con producción intramuros. Para evaluar el alcance económico de la iniciativa, sin embargo, todavía harían falta datos públicos sobre el costo de cada mameluco, las horas de trabajo involucradas, la remuneración de quienes participaron y el ahorro que representa frente a una compra externa. La información difundida hasta el momento no detalla esos valores.
El antecedente de los uniformes naranjas
La incorporación de los 80 mamelucos también tiene un antecedente legislativo. En marzo de este año, el senador provincial Martín Rostand, del PRO, presentó un proyecto para establecer el uso obligatorio de uniformes de alta visibilidad para las personas privadas de libertad en cárceles, alcaidías y centros de detención transitoria de Mendoza.
Aquella iniciativa proponía un mameluco naranja o de un color similar, con bandas reflectantes, además de calzado especial sin cordones. También planteaba que los propios detenidos asumieran el costo de la indumentaria y prohibía el uso de ropa civil en determinados espacios penitenciarios y durante los traslados. La propuesta se fundamentó en la necesidad de facilitar la identificación de los internos y dificultar que pudieran confundirse con la población civil en caso de fuga.
El proyecto de Rostand y la partida que ahora utiliza el Servicio Penitenciario son medidas distintas. La propuesta legislativa apuntaba a una obligación general para la población detenida y contemplaba el cobro de la ropa; los 80 mamelucos informados por el Ejecutivo tienen, por ahora, destinos operativos delimitados y fueron elaborados dentro de Almafuerte II. No corresponde dar por aprobado o implementado el alcance general del proyecto sin verificar su estado legislativo.
La discusión de fondo es cómo reforzar los controles sin perder de vista las condiciones legales de la detención. La identificación visible puede ser una herramienta adicional, pero no reemplaza la obligación estatal de garantizar custodia adecuada, atención sanitaria, condiciones dignas y cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de las penas.
La seguridad después de la toma de rehén
La presentación de los uniformes se produjo en medio de una semana crítica para el sistema penitenciario mendocino. La toma de rehén en Boulogne Sur Mer terminó con la liberación de Zugasti después de varias horas de negociación. Colucci y González Flores fueron derivados al régimen de Muy Alto Perfil, donde las autoridades anunciaron condiciones de seguridad más estrictas y una permanencia inicial de 180 días, con posibilidad de extensión hasta 360.
El episodio puso en primer plano la capacidad de respuesta del Servicio Penitenciario, el control de los movimientos dentro de las unidades y las medidas que se adoptan cuando un interno representa un riesgo elevado. La utilización de mamelucos de alta visibilidad se incorpora a esa estrategia como una herramienta de identificación, especialmente útil cuando los detenidos salen de sus pabellones o deben ser trasladados.
El desafío será comprobar si la nueva indumentaria mejora efectivamente los controles y si su uso se acompaña de protocolos claros para los traslados y la custodia en hospitales. Por ahora, Mendoza cuenta con 80 prendas, confeccionadas por internos y destinadas a dos grupos específicos. El Gobierno presentó la medida como una forma de ganar visibilidad y reducir las oportunidades de evasión; su alcance futuro dependerá de las decisiones que adopte el Ministerio de Seguridad y Justicia.
