Los problemas en las liquidaciones de haberes de policías y penitenciarios retirados suman tensión en Mendoza. Claudia Peral, policía retirada y representante de un grupo de integrantes del sector, expuso en una entrevista con Qué Tal Tu Día Radio una serie de irregularidades que, según afirmó, vienen reclamando desde el año pasado ante la Oficina Técnica Previsional (OTP), sin obtener hasta el momento respuestas que permitan resolver definitivamente la situación.
El planteo incluye diferencias en los montos cobrados, modificaciones en conceptos salariales, retroactivos que no se habrían abonado y descuentos que, de acuerdo con su testimonio, llegaron a niveles extremos. A esto se suma el malestar por la falta de explicaciones concretas y por las dificultades para acceder a los responsables de las liquidaciones.
Peral explicó que, por las características del régimen previsional de las fuerzas de seguridad, los aumentos otorgados al personal en actividad se trasladan a los retirados con un desfase de varios meses. Ese mecanismo, señaló, genera diferencias temporales en los pagos, pero sostuvo que los inconvenientes que vienen denunciando exceden esa particularidad y requieren una revisión de las liquidaciones.
Un descuento del 80% en lugar del 0,8%
Uno de los episodios más graves relatados por Peral ocurrió cuando, según indicó, debía aplicarse un descuento del 0,8% y se terminó descontando el 80%. La entrevistada cuestionó la magnitud del error y la ausencia de mecanismos de respuesta que permitan identificar responsabilidades y evitar que vuelva a suceder.
La representante de los retirados sostuvo que, frente a los reclamos, las explicaciones recibidas apuntan reiteradamente a errores administrativos y a las limitaciones de un sistema tecnológico antiguo que la OTP estaría intentando reemplazar. Sin embargo, advirtió que la actualización informática, por sí sola, no garantiza que los problemas desaparezcan si no existen controles adecuados sobre las operaciones y las personas que intervienen en las liquidaciones.
También aseguró que solicitó una reunión con el responsable de realizar los cálculos y que incluso le plantearon la posibilidad de que participara un contador para analizar las diferencias. Según su relato, finalmente le indicaron que no podían obligar al liquidador a mantener ese encuentro.
La falta de interlocutores que puedan brindar explicaciones técnicas precisas se convirtió así en otro de los puntos de conflicto. Para Peral, no alcanza con atribuir los inconvenientes a fallas del sistema: los afectados necesitan saber qué ocurrió con sus haberes, cómo se corregirán los importes y qué medidas se tomarán para evitar nuevas equivocaciones.
Retroactivos pendientes y cambios en los conceptos salariales
La dirigente también recordó que durante diciembre del año pasado los retirados esperaban cobrar un retroactivo que finalmente no recibieron. De acuerdo con lo que relató, desde la OTP les comunicaron que durante ese año se les había liquidado dinero de más, aunque, según afirmó, no les brindaron fundamentos suficientes para explicar el supuesto pago excedente.
Peral cuestionó que esa diferencia se utilizara para absorber el retroactivo que correspondía percibir. Además, mencionó nuevos inconvenientes vinculados con un aumento retroactivo del 7% correspondiente a marzo, cuyo pago esperaba para julio, y con otras liquidaciones posteriores.
A estos episodios se sumaron, según su testimonio, cambios en la composición de los haberes que pudieron advertir a partir de los informes solicitados a la oficina previsional. La entrevistada explicó que los recibos muestran un único concepto principal, identificado como ítem 001, que corresponde al haber mensual, pero no permitían conocer con claridad todos los componentes incorporados en ese monto.
A partir de la documentación que pidió durante aproximadamente 120 días de reclamos, aseguró haber detectado conceptos que cambiaron de denominación y porcentajes que se habrían reducido. Esos datos, sostuvo, profundizaron las dudas sobre la forma en que se calculan los haberes y reforzaron la necesidad de contar con información detallada y verificable.
Retirados que no llegan a fin de mes
El conflicto administrativo se desarrolla en un contexto económico que, según Peral, obliga a numerosos policías y penitenciarios retirados a continuar trabajando para sostener sus hogares. Durante la entrevista, describió haberes que considera insuficientes para afrontar los gastos cotidianos y advirtió que la situación golpea con especial fuerza a quienes deben pagar un alquiler.
Como ejemplo, contó que su propio haber ronda los $700.000. Explicó que se retiró a una edad temprana después de sufrir un accidente mientras cumplía funciones en la Policía y que el monto que percibe responde a las particularidades de su trayectoria y situación previsional.
La entrevistada aclaró que no existe un monto único para todos los retirados, ya que las liquidaciones dependen de factores como los años de servicio, la jerarquía alcanzada, las condiciones del retiro y los adicionales que correspondieran durante la carrera. En ese marco, ubicó los haberes más altos alrededor de $1.500.000 y describió una realidad en la que muchos deben buscar otras ocupaciones para completar sus ingresos.
“Tenemos que trabajar por obligación y no por elección”, resumió al referirse a la necesidad de seguir generando ingresos después de haberse retirado de las fuerzas de seguridad.
La movilidad que no todos cobraron
Otro de los reclamos expuestos por Peral está relacionado con la movilidad previsional que debía acreditarse en octubre. Según indicó, algunos retirados recibieron el pago y otros quedaron afuera, una situación que habría generado consecuencias adicionales para quienes no percibieron el incremento.
La entrevistada cuestionó que, ante la falta de acreditación, desde la OTP se les indicara a algunas personas que mantenían una deuda con el organismo. Para el sector reclamante, esta respuesta profundiza el perjuicio: además de no recibir un importe que consideran correspondiente, los afectados deben afrontar explicaciones administrativas que no terminan de resolver el origen del problema.
Peral aseguró que ya realizaron presentaciones administrativas y que, aunque todavía no habían avanzado por la vía judicial al momento de la entrevista, considera que el conflicto podría terminar en los tribunales si no aparecen respuestas satisfactorias.
Un pedido de diálogo que todavía espera respuesta
La representante del grupo afirmó que solicitó una audiencia con el gobernador Alfredo Cornejo a través de un asesor, pero que no obtuvo respuesta. También mencionó dos convocatorias vinculadas con los reclamos y cuestionó que no se haya abierto una instancia de diálogo capaz de abordar el conjunto de los problemas.
Según explicó, desde el 1 de agosto la OTP quedó bajo la atención del doctor Ramón Olivares, quien —de acuerdo con su testimonio— recibe los planteos y atribuye parte de los inconvenientes a las limitaciones del sistema tecnológico vigente. Peral sostuvo que el objetivo es llegar a una mesa de diálogo con las autoridades provinciales para discutir tanto las liquidaciones como la situación salarial de los retirados.
La dirigente agregó que un aumento para el personal en actividad también repercute posteriormente en los haberes del sector pasivo, por lo que consideró que el reclamo tiene consecuencias para ambos grupos. En ese sentido, convocó a los familiares de los efectivos en actividad a acompañar el planteo y advirtió que quienes hoy continúan trabajando podrían enfrentar dificultades similares cuando llegue el momento de retirarse.
Un conflicto que exige explicaciones
El reclamo de los policías y penitenciarios retirados plantea una serie de cuestiones que todavía necesitan respuestas concretas: qué originó los errores denunciados, cuántas liquidaciones fueron afectadas, cómo se determinarán los montos adeudados, qué ocurrió con los descuentos cuestionados y qué controles se aplicarán para impedir que se repitan situaciones similares.
Mientras tanto, Peral aseguró que el malestar crece entre los afectados y que el silencio oficial profundiza la incertidumbre. El sector espera una instancia de diálogo que permita revisar los casos, transparentar la composición de los haberes y corregir las diferencias que correspondan.
La entrevista realizada por Qué Tal Tu Día Radio dejó expuesta la preocupación de un grupo de trabajadores retirados que, después de años de servicio, denuncia dificultades para cobrar correctamente sus haberes y reclama que las autoridades provinciales se hagan cargo de brindar explicaciones y soluciones. Si las presentaciones administrativas no alcanzan para destrabar el conflicto, la vía judicial aparece, según anticipó Peral, como el próximo escenario posible.
