El Gobierno nacional terminó de poner en marcha el recorte del régimen de Zona Fría y Mendoza quedó entre las provincias afectadas. Este lunes 26 de octubre, Javier Milei oficializó la reglamentación mediante el Decreto 1266/2026 y activó el nuevo esquema que modifica el acceso a los descuentos en las facturas de gas. La consecuencia para la provincia es concreta: 17 departamentos dejan de tener garantizada la bonificación por el solo hecho de estar ubicados en una zona considerada fría. Malargüe conservará el beneficio territorial histórico, mientras que el resto de los mendocinos deberá cumplir condiciones adicionales para intentar mantener una parte de la asistencia.
La medida golpea a un universo de aproximadamente 422.000 usuarios residenciales que hasta ahora recibían descuentos por Zona Fría. Según los datos difundidos durante la discusión de la reforma, 218.922 hogares contaban con una rebaja del 30% y otros 203.043 recibían una bonificación del 50%. El esquema que ahora comienza a implementarse reemplaza esa cobertura territorial ampliada por una asistencia focalizada: el subsidio deja de ser automático y pasa a depender de los ingresos y de determinadas condiciones sociales de cada hogar. En términos simples, vivir en Mendoza ya no alcanza para acceder al descuento.
Las estimaciones difundidas en la provincia indican que alrededor de 210.000 hogares podrían conservar algún tipo de bonificación bajo el nuevo régimen. Eso significa que una porción importante de quienes recibían el beneficio podría perderlo, mientras que otros tendrán que acreditar que cumplen los requisitos establecidos por Nación. La cifra no implica que esos 210.000 hogares vayan a mantener el mismo porcentaje que tenían hasta ahora: la nueva normativa modifica también la forma de calcular la asistencia y limita su aplicación a los consumos base reconocidos por el sistema. Una familia que logre conservar el subsidio podría, por lo tanto, terminar pagando más que antes.
El cambio alcanza a Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Maipú, Luján de Cuyo, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato y San Carlos. Los 17 departamentos pierden la cobertura territorial automática que había extendido el régimen en 2021. Malargüe queda al margen de ese recorte geográfico porque la ley mantiene expresamente su tratamiento diferencial, junto con la Patagonia y la región de la Puna. Así, dentro de una misma provincia, la ubicación vuelve a determinar quién conserva el descuento sin atravesar el nuevo filtro socioeconómico y quién debe demostrar que necesita asistencia.
Para intentar mantener una bonificación adicional, los hogares deberán estar incorporados al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), encontrarse en las zonas bioambientales contempladas por la ley y cumplir al menos uno de los criterios previstos. El principal es que los ingresos netos conjuntos del hogar no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el INDEC. También se contemplan hogares con integrantes que tengan Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares, perciban la pensión vitalicia para veteranos de la Guerra de Malvinas o cuenten con Certificado Único de Discapacidad. En este último caso, la Secretaría de Energía deberá evaluar la necesidad de asistencia económica.
Pero incluso cumplir los requisitos no garantiza recuperar el descuento anterior. La bonificación focalizada se aplicará sobre los consumos base de gas por redes, no necesariamente sobre todo lo que una familia consume durante los meses de mayor demanda. La diferencia es relevante en Mendoza, donde las bajas temperaturas obligan a muchos hogares a utilizar calefacción durante períodos prolongados. El nuevo sistema no solo reduce el universo de beneficiarios automáticos: también redefine el alcance del descuento que puede recibir quien logre permanecer dentro del esquema.
El decreto reglamentario ordena además el funcionamiento del fondo fiduciario que financia las bonificaciones, establece las responsabilidades de la Secretaría de Energía y reorganiza el circuito de compensaciones a las empresas proveedoras. El fondo continuará financiándose con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, bajo las condiciones fijadas por la ley. La norma mantiene la continuidad del régimen hasta el 31 de diciembre de 2031, pero con una cobertura territorial mucho más acotada. La promesa de reducir subsidios se traduce así en un cambio estructural: menos hogares con descuentos garantizados y más condiciones para quienes necesiten ayuda.
El impacto monetario final dependerá de la situación de cada usuario, de la bonificación que pierda y de cómo se apliquen los nuevos criterios en las facturas. No existe un único porcentaje de aumento válido para todos los mendocinos. Sin embargo, para quienes dejen de recibir una rebaja del 30% o del 50%, la pérdida del beneficio implica que deberán afrontar una porción mayor del costo del gas. El cambio se vuelve especialmente sensible de cara al invierno, cuando aumenta el consumo y las familias tienen menos margen para reemplazar la calefacción o reducir su uso sin afectar el confort y la salud.
La reforma fue sancionada por el Congreso el 24 de septiembre y promulgada el 13 de octubre mediante el Decreto 1161/2026. La reglamentación publicada este lunes completa el marco para ponerla en práctica. Por eso, no se trata de una discusión futura ni de una amenaza que todavía dependa de una votación: el recorte ya tiene respaldo legal y reglas de implementación. El Gobierno nacional decidió volver a concentrar el beneficio territorial en la Patagonia, la Puna y Malargüe, mientras que los hogares de las demás regiones quedan sujetos al sistema focalizado.
El argumento oficial es que la asistencia debe dirigirse a quienes más la necesitan. La pregunta que deja la decisión es qué ocurre con las familias que superan por poco el límite de ingresos, con hogares que viven en zonas frías pero no encuadran en las excepciones y con quienes recibían el descuento sin estar considerados de altos ingresos. La temperatura no distingue entre categorías administrativas, y la necesidad de calefacción tampoco desaparece porque una familia deje de cumplir un requisito de subsidio. En una provincia donde el invierno puede representar un gasto importante, el recorte convierte una ayuda que dependía de la ubicación en una prestación condicionada a demostrar vulnerabilidad.
Mendoza, entonces, le dice chau al descuento automático de Zona Fría y se prepara para facturas más caras en buena parte de su territorio. Cerca de 422.000 usuarios estaban alcanzados por el esquema anterior; unos 210.000 podrían conservar alguna ayuda, pero bajo nuevas condiciones y sin garantía de mantener la bonificación histórica. Para los demás, el cambio es directo: el Estado deja de cubrir una parte del costo que hasta ahora absorbía mediante el régimen. La discusión ya no pasa solamente por cuánto aumenta el gas, sino por quiénes podrán seguir pagando una factura con descuento y quiénes deberán afrontar el invierno con menos protección.
