Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, quedó en el centro de una controversia por el uso de recursos públicos para financiar una maestría que cursó en modalidad virtual en la Universidad Francisco Marroquín, institución con sede en España. Según la documentación difundida por medios mendocinos, el Estado provincial le reintegró $13.643.838 el 4 de febrero de 2026, una suma que equivale a unos US$ 10.666 al tipo de cambio utilizado en la operación. El dato no es menor: no se trata de una capacitación colectiva para empleados del Estado, sino del financiamiento de los estudios de una ministra que ocupa uno de los principales cargos políticos del área energética provincial.
El dinero salió del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas, administrado por Mendoza Fiduciaria y alimentado, entre otros recursos, por aportes vinculados a concesiones y actividades petroleras. Es decir, fondos relacionados con una actividad estratégica de la provincia terminaron cubriendo una formación académica individual. Latorre defendió la decisión y sostuvo que la capacitación contribuye al fortalecimiento institucional, con el argumento de que el Estado debe promover la formación continua de sus profesionales. Pero esa explicación deja una pregunta sin resolver: ¿qué mecanismo garantiza que un beneficio de este tipo responda a una necesidad institucional concreta y no se convierta en una ventaja particular para quien ocupa un cargo de poder?
La cuestión se vuelve más delicada porque Latorre no es una agente de carrera que solicitó una capacitación dentro de un programa general para trabajadores públicos. Es la ministra que conduce Energía y Ambiente, el área vinculada con la actividad hidrocarburífera de la que provienen los recursos utilizados. La información publicada señala que el trámite pasó por los mecanismos administrativos del fideicomiso y que hubo una aprobación inicial en agosto de 2025. Por eso, la responsabilidad política no puede agotarse en afirmar que existía una vía administrativa: el Gobierno debe explicar quién evaluó la conveniencia del gasto, qué criterios se aplicaron y qué controles impidieron que el beneficio quedara reducido a financiar el posgrado de una funcionaria de alto rango.
El costo del programa también merece una explicación detallada. La universidad publica un precio de 9.950 euros para su Máster en Economía Medioambiental, con una duración de diez meses y cursado virtual en tiempo real, con clases grabadas para quienes no puedan conectarse. En su página oficial informa, además, que ofrece un descuento del 10% a empresas interesadas en capacitar a su personal para promover la sostenibilidad ambiental. Con esa bonificación, el costo total anunciado queda en 8.955 euros. La institución también establece que la reserva de plaza es de 995 euros y la describe como una parte del precio del máster, no como un concepto ajeno al costo total.
Ahí aparece uno de los puntos más sensibles del expediente. De acuerdo con la reconstrucción difundida por Diario NDI, el reintegro contempló los 8.955 euros del programa y otros 995 euros correspondientes a la reserva, cuyo equivalente se calculó en aproximadamente US$ 1.353. La suma reconocida habría alcanzado así US$ 10.666,52. Si la reserva formaba parte de los 9.950 euros originales y el descuento del 10% debía aplicarse sobre el costo total, la operación exige una aclaración precisa: ¿por qué se habría reconocido el precio descontado más un importe correspondiente a la reserva? La documentación publicada permite advertir una posible inconsistencia en el cálculo, pero es necesario revisar las facturas, los comprobantes de pago y la liquidación administrativa completa antes de concluir que existió un cobro indebido.
La secuencia temporal del trámite suma otro interrogante. Según la información periodística basada en documentos, Latorre habría reservado su plaza en septiembre de 2025, con un pago de 995 euros desde una cuenta personal. La resolución vinculada con el reintegro se emitió el 29 de enero de 2026 y la transferencia se concretó el 4 de febrero. El diputado provincial Lucas Ilardo cuestionó además que la orden de pago habría avanzado antes de que estuvieran formalizadas todas las firmas electrónicas del comité ejecutivo que debía intervenir. Se trata de una acusación del legislador opositor que requiere contrastarse con el expediente íntegro: las fechas de cada actuación, las autorizaciones previas, la orden de pago y las firmas que validaron la decisión.
El punto político de fondo es que una autorización administrativa no elimina la obligación de justificar la conveniencia del gasto. La capacitación de funcionarios puede ser legítima y útil cuando forma parte de una política pública transparente, con objetivos definidos, criterios de selección, límites presupuestarios y resultados evaluables. Pero cuando el beneficio alcanza directamente a quien integra la conducción política del área vinculada al fondo, la exigencia de transparencia debe ser mayor. ¿Hubo un programa abierto a otros funcionarios? ¿Se evaluaron alternativas más económicas? ¿Se compararon propuestas académicas de universidades públicas argentinas? ¿Se estableció algún compromiso de transferencia de conocimientos o de aplicación de lo aprendido en la gestión? Son preguntas básicas para determinar si la inversión tuvo una finalidad pública verificable.
La discusión sobre el precio tampoco se resuelve comparando sin más una universidad extranjera con una institución argentina. La formación puede tener contenidos, docentes y modalidades diferentes. Sin embargo, si el Estado va a pagar una suma de esta magnitud, debe poder explicar por qué eligió ese programa, qué necesidad específica buscaba cubrir y si el costo era razonable frente a alternativas disponibles. La universidad informa que el máster dura diez meses y se dicta en línea; por lo tanto, la virtualidad no elimina el valor académico, pero sí vuelve indispensable conocer qué justificó la elección de ese proveedor y ese monto.
También importa el origen de los recursos. El Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas no es una cuenta personal ni una caja de libre disposición de la ministra. Es un instrumento con una estructura administrativa y una finalidad que deben respetarse. La legislación provincial reconoce el dominio del Estado sobre los hidrocarburos y la responsabilidad pública de promover su explotación racional en beneficio de las generaciones actuales y futuras. En ese marco, financiar una maestría individual exige demostrar con claridad cómo el gasto se conecta con los objetivos del fideicomiso y qué retorno institucional puede esperarse de la inversión.
No es la primera vez que Latorre queda bajo discusión pública por cuestiones vinculadas con el manejo de recursos, sus funciones y los mecanismos de control. En 2024, cuando también ejercía como directora de las acciones provinciales en YPF, se debatió una posible incompatibilidad entre ambas funciones. La Oficina de Ética Pública concluyó entonces que no encontraba elementos suficientes para establecer una incompatibilidad o un conflicto de intereses, sobre la base de los dictámenes que analizó. Ese antecedente no prueba irregularidad alguna en el pago de la maestría, pero sí refuerza la necesidad de que los procedimientos que involucran a una funcionaria con responsabilidades sobre el sector energético sean públicos, trazables y comprensibles.
La polémica, por lo tanto, no puede reducirse a una pelea entre el oficialismo y la oposición ni a la defensa genérica de la capacitación profesional. El Gobierno debe mostrar los documentos completos, explicar el criterio utilizado para seleccionar el posgrado, precisar cómo se calculó el reintegro y despejar las dudas sobre la secuencia de autorizaciones. Y la ministra debe responder por una decisión que la beneficia directamente, aunque el dinero haya sido canalizado mediante un fideicomiso y un procedimiento administrativo.
En una provincia que busca atraer inversiones, aumentar la producción petrolera y discutir el destino de sus recursos naturales, la transparencia no puede ser una exigencia reservada para las empresas privadas. También debe alcanzar a los funcionarios que administran las políticas públicas. Los $13,6 millones ya fueron transferidos; ahora falta una explicación completa, respaldada por documentación, sobre por qué los mendocinos financiaron esta maestría, cómo se aplicó el descuento anunciado por la universidad y qué beneficio concreto obtendrá la provincia a cambio.
