En Rivadavia, la seguridad terminó convirtiéndose en el nuevo escenario de una disputa política que viene creciendo desde hace meses. La fuga de un detenido de la Comisaría 13, ocurrida el 8 de septiembre, derivó primero en una discusión sobre las condiciones edilicias de la dependencia y después en un episodio institucional todavía más incómodo: la Municipalidad ofreció poner recursos propios para mejorar una comisaría provincial, firmó un convenio para hacerlo y, pocos días después, el Ministerio de Seguridad decidió dejarlo sin efecto.
El dato adquiere otra dimensión porque el departamento ya transita, aunque todavía sin candidaturas formalizadas, la discusión por la sucesión de Ricardo Mansur en 2027. El intendente de Sembrar confirmó que no tiene intención de buscar otro período y dentro de su espacio aparece su hijo Andrés Mansur como uno de los nombres considerados para continuar el proyecto municipal. Del otro lado, Hernán Amat, actual director general de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, reconoció públicamente en agosto que tiene “intención, voluntad, vocación y trabajo” para disputar la intendencia, aunque aclaró que todavía no se considera precandidato.
Así, una cuestión que en principio debería reducirse a una discusión administrativa sobre una dependencia policial terminó superponiéndose con una interna política que ya tiene antecedentes, protagonistas y proyectos de sucesión.
La fuga que abrió el problema
Todo comenzó en la madrugada del 8 de septiembre, cuando un detenido alojado en la Comisaría 13 logró escapar de la dependencia ubicada en la zona de San Isidro y Constitución.
El episodio fue detectado durante un control del sector de calabozos. Al revisar la celda, los efectivos encontraron que se había desprendido una reja de aproximadamente 30 por 60 centímetros, ubicada en una ventana a unos tres metros de altura. El detenido salió por ese sector y luego escapó por los techos. Horas después fue recapturado tras un operativo policial en distintos puntos del departamento.
El hombre fue identificado como Ángel Salvador Reynoso, de 31 años, y estaba detenido desde el 4 de septiembre por una causa por averiguación de hurto simple, con intervención de la Oficina Fiscal Rivadavia-Junín.
La fuga no solo generó el operativo para encontrarlo. También volvió a poner bajo la lupa las condiciones de infraestructura y seguridad de una dependencia ubicada en pleno entramado urbano de Rivadavia.
Y apareció un dato particularmente incómodo: a pocas cuadras funcionaba desde abril el nuevo Centro de Seguridad Ciudadana del departamento, integrado al sistema provincial 911, con presencia policial permanente y conexión con el Centro Estratégico de Operaciones del Este.
El sistema de monitoreo municipal incluso habría aportado información para orientar la búsqueda del evadido, según medios locales. La pregunta dejó de ser solamente cómo había escapado. Empezó a ser qué condiciones tenía la dependencia para alojar detenidos y qué obras necesitaba.
Mansur puso recursos municipales sobre la mesa
Después de la fuga, la Municipalidad de Rivadavia avanzó con una propuesta poco habitual: intervenir con recursos propios en una dependencia que pertenece al sistema provincial de seguridad.
El acuerdo fue formalmente suscripto el 2 de octubre por el intendente Ricardo Mansur, el secretario de Gobierno Roberto Sosa y el subcomisario Néstor Sánchez, en representación de la Comisaría 13. La iniciativa contemplaba un esquema de colaboración con la Policía de Mendoza y el Ministerio de Seguridad y Justicia.
La Municipalidad se comprometía a aportar personal, herramientas y recursos para ejecutar distintas tareas. Entre ellas figuraban trabajos de soldadura y metalurgia, reacondicionamiento de los calabozos, pintura, reparación de veredas y colocación de nuevas luminarias en el exterior de la dependencia. También estaba prevista la instalación de un sistema de cámaras destinado específicamente a monitorear en tiempo real el sector donde permanecen alojados los detenidos.
La propuesta tenía, además, una lógica política evidente aunque eso no implique atribuirle una motivación determinada al intendente: después de una fuga que expuso una falla de infraestructura, Mansur mostraba al municipio dispuesto a intervenir con recursos propios en un área que depende de la Provincia.
El convenio fue presentado públicamente como una acción de cooperación institucional. Pero duró poco.
Cinco días después, la Provincia dio marcha atrás
El 7 de octubre trascendió que el Ministerio de Seguridad y Justicia decidió dejar sin efecto el convenio que había sido firmado apenas cinco días antes.
La decisión fue informada por distintos medios mendocinos y significó la interrupción del esquema mediante el cual la Municipalidad pretendía ejecutar las mejoras en la Comisaría 13.
La explicación difundida alrededor del episodio agrega una particularidad: desde el Ministerio se habría cuestionado que el acuerdo no hubiera sido formalizado con la firma de las autoridades ministeriales correspondientes. Es decir, mientras desde el municipio se exhibía un convenio suscripto con la dependencia policial, desde la cartera provincial se objetaba que no existía una firma formal del Ministerio que comprometiera institucionalmente a la cartera. Esa diferencia es central para entender por qué el acuerdo que había sido presentado como vigente terminó siendo dado de baja.
Hasta el momento, no aparece públicamente una explicación oficial del Ministerio con el mismo nivel de detalle que permita determinar si la decisión obedeció exclusivamente a una cuestión administrativa, jurídica o de competencias. Y justamente allí comienza la discusión política.
Una comisaría provincial en medio de una pelea municipal
La seguridad es una competencia provincial y el Ministerio de Seguridad y Justicia conduce el sistema policial de Mendoza. Pero los municipios también participan cada vez más en políticas de prevención, videovigilancia, infraestructura urbana y coordinación con el 911.
Rivadavia es un ejemplo concreto. En abril, la Provincia y el municipio inauguraron el Centro de Seguridad Ciudadana, con cámaras municipales, alertas comunitarias y botones de pánico integrados al 911. El convenio fue firmado por Hernán Amat y Ricardo Mansur, lo que demuestra que la relación institucional entre ambos espacios no comenzó con el conflicto de la Comisaría 13.
Es más: durante los meses previos hubo actividades conjuntas en materia de seguridad. En agosto, Amat participó de un operativo con diez allanamientos simultáneos en Rivadavia y destacó públicamente el trabajo realizado en el Este provincial.
Por eso, el episodio de la Comisaría 13 no puede explicarse simplemente como una ruptura total entre municipio y Provincia.
Lo que sí muestra es cómo una relación institucional que todavía mantiene canales de cooperación puede quedar atravesada por la disputa política cuando ambos espacios tienen proyectos distintos para el futuro del departamento.
La sucesión de Mansur ya está en marcha
Ricardo Mansur llegó nuevamente a la intendencia en 2023 por fuera de la estructura radical tradicional, al frente de Sembrar. Desde entonces, la relación con el Gobierno de Alfredo Cornejo tuvo distintos episodios de tensión alrededor de recursos, servicios y decisiones provinciales que impactan en Rivadavia.
Para 2027, además, Mansur ya confirmó que no buscará una nueva reelección. La sucesión, entonces, se convirtió en la discusión central del poder municipal.
Dentro de Sembrar aparece Andrés Mansur, hijo del intendente, que viene ocupando cargos dentro de la estructura municipal y es mencionado como uno de los nombres que podrían representar la continuidad del oficialismo departamental. También aparece Luis García Llauró, actual presidente del Concejo Deliberante, como otra alternativa dentro del espacio.
Del lado de Cambia Mendoza, Hernán Amat ocupa un lugar diferente. Fue concejal, presidió el Concejo Deliberante y ya compitió por la intendencia dentro de la interna radical. Actualmente es funcionario del Ministerio de Seguridad y Justicia y reconoció públicamente que quiere llegar al municipio.
La UCR mendocina, además, comenzó formalmente a trabajar en una propuesta de gobierno para Rivadavia de cara a 2027. En agosto, el radicalismo provincial realizó una actividad en el departamento para discutir infraestructura, desarrollo, servicios, urbanización, modernización y seguridad.
Es decir, la disputa ya no está únicamente en los pasillos de la Municipalidad. También se está construyendo una alternativa política desde la Provincia.
El antecedente electoral que explica parte de la tensión
Hay otro dato que permite comprender el clima. En las elecciones de 2025, la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza obtuvo el 40,45% de los votos positivos para concejales en Rivadavia, mientras Sembrar alcanzó el 29,57%, según los resultados oficiales de la provincia.
El resultado tuvo una lectura política inmediata. Los Andes informó entonces que el resultado fue interpretado por el radicalismo como un “envión para 2027”. Amat, en declaraciones a ese medio, habló de un mensaje contra la gestión de Mansur y de una oportunidad para la próxima elección.
Eso no significa que el resultado de concejales determine una futura elección de intendente —son elecciones distintas, con candidatos y contextos diferentes—, pero sí explica por qué la disputa por la sucesión municipal ya dejó de ser una conversación lejana. Y en ese escenario cada conflicto de gestión adquiere una dimensión política mayor.
El punto que vuelve incómoda a la Bicameral de Seguridad
Hay otro actor que aparece en esta historia: la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura.
El organismo fue formalmente constituido el 3 de septiembre. Está presidido por el diputado Germán Gómez, mientras que el senador Néstor Majul ocupa la vicepresidencia. Entre sus integrantes figura también el diputado rivadaviense Gustavo Cairo.
La Bicameral comenzó a trabajar el 21 de septiembre y anunció una metodología basada en visitas a organismos, pedidos de información y análisis de las políticas de seguridad provinciales. Y acá conviene hacer una precisión para no exagerar el dato.
La comisión no estuvo inactiva. El 5 de octubre realizó su primera visita institucional a la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, donde analizó infraestructura, recursos, protocolos y condiciones de funcionamiento.
Pero, al revisar la información pública disponible hasta el 8 de octubre de 2026, no aparece anunciada una visita, pedido de informe o reunión específica de la Bicameral sobre la situación de la Comisaría 13 de Rivadavia.
Eso abre una pregunta legítima, aunque todavía no una conclusión: si la comisión acaba de definir como parte de su tarea el relevamiento territorial de las condiciones de seguridad, ¿la Comisaría 13 será incorporada a esa agenda después de la fuga y del conflicto por el convenio?
Más aún porque el caso combina infraestructura, alojamiento de detenidos, funcionamiento policial, videovigilancia y coordinación entre municipio y Provincia.
El problema no es solamente quién pone la plata
La discusión alrededor de la Comisaría 13 tiene un punto que puede perderse detrás de la pelea política. El Municipio sostiene que está dispuesto a poner recursos propios. La Provincia tiene bajo su órbita la conducción de la Policía.
Y la dependencia necesita obras que, según el propio convenio que llegó a firmarse, incluían desde trabajos de metalurgia y calabozos hasta cámaras y mejoras en el entorno. Por lo tanto, hay dos discusiones diferentes. Una es quién tiene la responsabilidad institucional de garantizar que una dependencia policial provincial funcione adecuadamente.
La otra es si un municipio puede aportar recursos y tecnología para resolver una necesidad concreta de seguridad cuando existe voluntad de hacerlo. La primera tiene una respuesta administrativa clara: la Policía de Mendoza depende del Gobierno provincial. La segunda es una cuestión de coordinación institucional. El problema aparece cuando esa coordinación queda atrapada entre dos administraciones que, además, tienen proyectos políticos enfrentados para el futuro del departamento.
Rivadavia ya tiene un antecedente de cooperación que funcionaba
La situación resulta todavía más llamativa porque el conflicto actual contrasta con el convenio firmado en abril para integrar a Rivadavia al sistema provincial 911.
En aquel momento, Amat y Mansur aparecieron juntos para formalizar el acuerdo. La Provincia comprometió personal policial durante las 24 horas y tecnología de comunicación, mientras el municipio aportó infraestructura y sistemas de videovigilancia.
Cinco meses después, los mismos espacios políticos quedaron enfrentados por una intervención en una comisaría del departamento. No es una ruptura absoluta del vínculo institucional, porque siguen existiendo mecanismos de coordinación.
Pero sí es una señal de que la cooperación entre Provincia y municipio puede volverse mucho más difícil cuando las agendas de seguridad empiezan a mezclarse con la carrera electoral por la intendencia.
La política también se juega con obras
El caso tiene otra particularidad. En política municipal, una obra no es solamente una obra. Una cámara instalada, una calle iluminada, una dependencia policial reparada o un centro de monitoreo funcionando también construyen una imagen de gestión.
Para Mansur, intervenir en la Comisaría 13 significaba mostrar al municipio ocupándose de una necesidad concreta, incluso poniendo recursos propios en un área provincial.
Para el Gobierno de Mendoza, aceptar esa intervención puede implicar reconocer una modalidad de cooperación; rechazarla puede responder a razones jurídicas, administrativas o de competencia institucional.
Sin documentación pública que permita atribuir una motivación electoral a la decisión provincial, no corresponde afirmar que el convenio fue cancelado para impedir un rédito político de Mansur. Pero tampoco resulta irrelevante que el conflicto se produzca justamente cuando ambos espacios ya están pensando en 2027.
La interna que empezó antes de las candidaturas
Lo que sucede en Rivadavia tiene una particularidad: la campaña todavía no empezó formalmente, pero la disputa por el poder ya está instalada.
Amat dice que quiere ser intendente. Mansur decidió no competir nuevamente y trabaja en la continuidad de Sembrar. Andrés Mansur aparece entre los nombres posibles del oficialismo municipal.
La UCR ya trabaja en una propuesta específica para el departamento. Y el resultado electoral de 2025 dejó un escenario en el que el oficialismo municipal perdió terreno frente a la alianza provincial-nacional en la elección de concejales. En ese contexto, la Comisaría 13 terminó convertida en algo más que una dependencia policial.
Es el lugar donde chocan seguridad, infraestructura, competencias provinciales, recursos municipales y una sucesión política que todavía no tiene candidatos oficializados, pero ya tiene nombres y estrategias en movimiento.
Y mientras tanto, la obra quedó en el aire
El punto más concreto es también el más sencillo. El 2 de octubre había un convenio. El municipio iba a aportar recursos, personal y herramientas. Se anunciaron obras en los calabozos, trabajos de metalurgia, pintura, mejoras exteriores, iluminación y nuevas cámaras. El 7 de octubre se conoció que el Ministerio de Seguridad había decidido dejar sin efecto el acuerdo.
Al cierre de esta nota, 8 de octubre de 2026, no aparece públicamente un nuevo cronograma provincial que detalle cuándo se realizarán esas intervenciones ni un nuevo convenio que reemplace al anterior.
Tampoco aparece en la agenda pública de la Bicameral una intervención específica sobre la Comisaría 13. Y esa es probablemente la parte que menos debería depender de la pelea electoral. Porque la discusión sobre quién gobernará Rivadavia en 2027 puede esperar.
La infraestructura de una comisaría donde se alojan detenidos no debería tener que esperar a que termine una interna política. La pregunta que queda abierta no es quién ganará la pelea por la intendencia.
Es bastante más inmediata: ¿quién se hará cargo de que la Comisaría 13 tenga las condiciones necesarias para que una fuga como la del 8 de septiembre no vuelva a exponer las mismas vulnerabilidades?
