La inflación general en Mendoza se desacelera, pero esa buena noticia estadística no llega a las boletas. Según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), el Índice de Precios al Consumidor del Gran Mendoza subió 1,5% en junio, su valor más bajo en un año, con un acumulado de 15,6% en el semestre y una variación interanual de 32,8%. El rubro Vivienda y Servicios Básicos, sin embargo, quedó muy por encima de esos promedios: 2,5% mensual, 24,4% acumulado y 50,7% interanual, casi el doble del nivel general. La suba responde a los sucesivos ajustes de tarifas de gas natural y electricidad, y explica por qué el costo de vida "oficial" no refleja lo que realmente golpea el bolsillo: los gastos inelásticos —los que ninguna familia puede resignar— crecen más rápido que la canasta completa.
En paralelo, el transporte público mendocino atravesó su propia escalada. El boleto urbano del Área Metropolitana del Gran Mendoza pasó de $1.200 en noviembre de 2025 a $1.400 el 1° de enero de 2026, y de ahí a $1.680 desde el 13 de julio de este año, un salto del 20% dispuesto por la Subsecretaría de Transporte mediante la Resolución 962. El ajuste alcanzó también a los servicios de media y larga distancia. El Gobierno de Alfredo Cornejo sostiene que la tarifa técnica de equilibrio —la que cubriría el sistema sin subsidio estatal, según el Ente de Movilidad Provincial (EMOP)— asciende a $2.912,43, y que la provincia sigue subsidiando más del 60% del costo real. Es decir: aun con el aumento, el boleto que paga el usuario está muy por debajo del costo técnico, pero ese costo técnico también sube, y el faltante lo termina absorbiendo el Fondo Compensador del Transporte o, eventualmente, el propio usuario en la próxima actualización.
A nivel nacional, el Gobierno de Javier Milei prorrogó el 13 de julio la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 mediante el DNU 585/2026, firmado por el presidente y la totalidad del Gabinete. La norma mantiene las facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo para fijar precios, revisar contratos y continuar el esquema de reducción de subsidios en generación, transporte y distribución eléctrica. Según registros oficiales del área energética, en mayo el Precio Estacional que pagan los usuarios residenciales subsidiados cubrió apenas el 24% del costo real de la energía, lo que anticipa nuevos ajustes graduales en las boletas mientras dure la vigencia del decreto.
Qué cambia ahora: la brecha entre el índice de inflación general —que el Gobierno nacional y provincial usan para mostrar desaceleración— y el costo real de los servicios básicos se profundiza. Los rubros que menos pesan en la ponderación oficial del IPC (transporte, esparcimiento, vivienda) son, paradójicamente, los que más presionan sobre el ingreso disponible de las familias, porque no admiten recorte: no se puede dejar de pagar la luz, el gas o el alquiler como sí se puede postergar una compra de indumentaria (que en junio directamente cayó 0,4%).
Qué puede pasar después: con la emergencia energética prorrogada hasta 2027 y el esquema de subsidios en retirada gradual, el sendero de aumentos en electricidad y gas está garantizado por decreto a nivel nacional. En Mendoza, el esquema tarifario del transporte —atado al Fondo Compensador y a las audiencias públicas del EMOP— sugiere que el boleto seguirá persiguiendo el costo técnico de $2.912,43 en cuotas, no de una vez, para evitar un "efecto shock" que el propio Gobierno provincial busca administrar políticamente.
