El ajuste del gobierno de Javier Milei sobre el Estado tiene uno de sus capítulos más sensibles en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Lo que comenzó como una política de reducción de gastos se transformó en un profundo proceso de achicamiento que ya provocó cientos de desvinculaciones y que ahora suma un nuevo foco de conflicto: la eventual venta de una parte significativa de las tierras que posee el organismo en todo el país.

Según distintas fuentes vinculadas al organismo, durante las últimas semanas se difundieron nuevas listas de retiros voluntarios aprobados que elevaron el número de bajas a 757 trabajadores, entre técnicos, investigadores, profesionales y especialistas. El objetivo oficial sería reducir cerca del 20% de la planta laboral, llevando la dotación desde aproximadamente 5.750 empleados hasta unos 4.500.

La cifra genera preocupación no sólo por el volumen de puestos perdidos sino por el perfil de los trabajadores afectados. Se trata, en muchos casos, de profesionales con décadas de experiencia en investigación aplicada, transferencia tecnológica, desarrollo de semillas, manejo sanitario de cultivos, estudios climáticos y asistencia a productores de todo el país.

Un organismo clave para el agro argentino

El INTA fue creado para generar conocimiento, investigación y tecnología aplicada al sector agropecuario. Sus desarrollos han sido fundamentales para mejorar rendimientos productivos, combatir plagas, optimizar sistemas de riego y fortalecer economías regionales. Además, cuenta con una extensa red de estaciones experimentales distribuidas en todo el territorio nacional.

Por esa razón, sindicatos, trabajadores, productores y especialistas vienen advirtiendo que el ajuste no sólo afecta a los empleados sino también a la capacidad futura del país para generar innovación tecnológica vinculada al sector agropecuario.

Las críticas apuntan a que la reducción de personal podría dejar áreas enteras sin capacidad operativa, especialmente en regiones alejadas de los grandes centros urbanos donde el INTA cumple funciones de asistencia técnica directa a pequeños y medianos productores.

La otra mitad del plan: las tierras del INTA

Pero el conflicto no se limita a los recursos humanos.

En paralelo al recorte de personal, el Gobierno analiza desprenderse de una importante porción de las tierras administradas por el organismo. Diversos informes señalan que el INTA posee alrededor de 101.500 hectáreas distribuidas en distintas provincias y que una parte de esas superficies podría ser puesta a la venta o subastada.

Desde la administración nacional sostienen que existen predios con baja utilización o dificultades operativas que podrían generar ingresos extraordinarios para el Estado. Sin embargo, investigadores, trabajadores y entidades vinculadas al sector agropecuario cuestionan esa visión y afirman que muchas de esas tierras forman parte de proyectos de investigación, conservación genética y desarrollo tecnológico que requieren décadas de trabajo acumulado.

La discusión no es menor. Para los críticos del plan, desprenderse de esos activos significaría perder infraestructura estratégica construida durante décadas con inversión pública.

Un ajuste que trasciende al organismo

La situación del INTA se inscribe dentro de una política más amplia impulsada por el gobierno libertario, que incluye recortes en universidades, organismos científicos, institutos tecnológicos y áreas de investigación estatales.

La administración de Milei sostiene que el objetivo es reducir el gasto público, eliminar estructuras consideradas ineficientes y concentrar recursos en funciones esenciales del Estado. Sus detractores, en cambio, advierten que se está produciendo una pérdida de capacidades estratégicas que podrían ser difíciles de recuperar en el futuro.

La tensión se profundiza porque Argentina es uno de los principales productores agropecuarios del mundo y buena parte de su competitividad internacional se construyó históricamente sobre la base de investigación pública, innovación tecnológica y asistencia técnica desarrolladas precisamente por organismos como el INTA.

El interrogante de fondo

Mientras el Gobierno celebra el avance de la motosierra sobre la estructura estatal, crece una pregunta que atraviesa a productores, investigadores y trabajadores: ¿es posible fortalecer al sector agropecuario argentino reduciendo simultáneamente la capacidad científica y tecnológica que durante décadas acompañó su desarrollo?

Con casi 800 bajas acumuladas, la amenaza de nuevas desvinculaciones y la posibilidad de vender parte de su patrimonio territorial, el INTA enfrenta una de las transformaciones más profundas de su historia reciente. Y para muchos especialistas, el verdadero impacto de esas decisiones recién comenzará a verse en los próximos años.