Para consumar la veda, el mecanismo fue tan simple como contundente: se quitaron las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva, y la continuidad de los permisos quedó supeditada al avance de la causa judicial contra periodistas de TN.

El detonante inmediato fue doble. Por un lado, la escalada derivada del caso de la presunta infiltración rusa en medios argentinos, que desde el 6 de abril venía restringiendo el ingreso de cronistas de medios con línea editorial crítica. Por el otro, una denuncia penal presentada por la Casa Militar contra dos periodistas del canal Todo Noticias: Luciana Geuna e Ignacio Salerno, acusados de “revelación culposa de secretos políticos y militares”, tras la emisión del programa “Y mañana qué”, en el que se mostraron diferentes áreas de uso común del palacio de gobierno. La presentación recayó en el juzgado federal N°4 de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo.

Una escalada con historia reciente

Para entender la magnitud del decreto de hoy, conviene recordar que esta no es la primera vuelta de tuerca de la misma cuerda. El 6 de abril, el gobierno había prohibido el ingreso a periodistas de al menos seis medios —entre ellos El Destape, FM La Patriada, Tiempo Argentino, A24 y Ámbito Financiero— sin informarles por cuánto tiempo se extendería la restricción. El argumento esgrimido entonces fue la presunta “campaña de espionaje ruso”: un grupo de tareas denominado “La Compañía” habría desembolsado 283.000 dólares para financiar más de 250 notas en 23 medios digitales argentinos, con el fin de desgastar la gestión de La Libertad Avanza.
Lo revelador no fue tanto la denuncia en sí, sino su aplicación selectiva. El Ejecutivo no fue contra todos los medios que figuran en la investigación, sino sólo contra aquellos con una línea editorial crítica al gobierno. Infobae y El Cronista también aparecen en los documentos filtrados pero no fueron afectados. Esa asimetría ya era, en rigor, la primera firma del autoritarismo comunicacional que hoy se consumó sin matices.
Aquel episodio se resolvió el 17 de abril, cuando todos los periodistas fueron admitidos de nuevo en la Casa Rosada. La tregua duró menos de una semana.

La denuncia contra TN: ¿periodismo o espionaje?

El gobierno construyó su argumento jurídico sobre un pilar endeble pero jurídicamente amenazante. Casa Militar sugirió posibles infracciones a los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de uno a seis años de prisión por la obtención o revelación de secretos de seguridad nacional. En la denuncia, de nueve páginas, se alegó que la transmisión “exhibe ante los espectadores los sistemas de vigilancia, los equipos de comunicación y los dispositivos de control de acceso que deben mantenerse bajo estricta reserva”.
Independientemente de si hubo o no una infracción al reglamento interno de acreditados —cuestión que la Justicia deberá dilucidar—, lo que el gobierno hizo fue convertir esa denuncia en excusa para castigar a todos. La lógica es la del rehén colectivo: si uno filma, pierden el acceso todos. Es una extrapolación punitiva que ningún estado de derecho debería tolerar sin escándalo.
El propio Milei fue explícito al celebrarlo. A través de su cuenta en X, el presidente llamó “basuras repugnantes” y “delincuentes” a los periodistas acreditados, y expresó que esperaba que la causa “llegue hasta los máximos responsables”.

Una medida con pocos antecedentes, incluso en épocas oscuras

La sala de periodistas de la Casa Rosada se mantuvo abierta durante períodos democráticos, e incluso durante gobiernos de facto. Esa sola frase, confirmada por La Nación, encapsula la anomalía histórica de lo que ocurrió hoy. Argentina vivió dictaduras militares que desaparecieron personas, que censuraron medios, que intervinieron redacciones —y aun así, la sala de prensa de Balcarce 50 funcionó. Que un gobierno elegido en democracia, en 2026, haga lo que ninguna junta militar hizo en ese edificio no es un dato menor: es una medida de régimen.
La voz del sector periodístico y la oposición
ADEPA reclamó el libre acceso de los medios afectados y subrayó que el acceso de la prensa a las fuentes oficiales contribuye a hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a recibir información pública a través de canales diversos.
Legisladores de Unión por la Patria expresaron que en una democracia constitucional, el disenso, la crítica y la pluralidad de voces no sólo deben ser tolerados, sino activamente garantizados, y que la existencia de un periodismo independiente con acceso efectivo a las fuentes oficiales es condición necesaria para evitar la concentración del discurso público. El Frente de Izquierda, por su parte, repudió la medida calificándola de grave avance contra la libertad de prensa.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ya había advertido que los gobiernos suelen limitar la acreditación argumentando desorden o informalidad mediática, pero que detrás de esas argumentaciones se esconde la intención de rechazar el ingreso de periodistas críticos o que no sean del agrado del gobernante. Esa advertencia, formulada en abstracto, describe con precisión lo que hoy ocurrió en Buenos Aires.

El gobierno que más habla de libertad cierra la puerta

Hay una paradoja que ningún relato oficial puede disolver: el gobierno que llegó al poder con el discurso de la libertad individual, que cita a Hayek y Mises, que denuncia el “socialismo” como enemigo filosófico, es el mismo que hoy vedó el acceso de toda la prensa acreditada a la sede del Poder Ejecutivo. No hay libertad de mercado que compense la ausencia de libertad de información.
La medida de hoy no es un accidente de gestión ni una reacción impulsiva. Es el punto de llegada de una estrategia comunicacional que comenzó con insultos en redes, continuó con la quita selectiva de huellas dactilares y culminó en un cierre total. Cada paso fue normalizado por el anterior. Y lo más grave no es que el gobierno lo haga: lo más grave es que cada vez sorprende menos.