Bajo la llovizna de un lunes atípico, varios periodistas acreditados en la Casa de Gobierno llegaron a Balcarce 50 como cualquier otro día y se encontraron con una escena que no habían visto antes. Una agente de la Policía Federal y un efectivo de Casa Militar preguntaban los nombres y chequeaban una lista en la pantalla de sus celulares. Así, varios cronistas acreditados se enteraron de que no podían pasar.

El periodista Javier Slucki, de El Destape, describió la situación al intentar ingresar como lo hace a diario: "Llegué a la Casa Rosada como hago casi todos los días para cubrir los acontecimientos, pero a diferencia de lo que ocurre siempre, el agente de ingresos me dijo que mi huella estaba inhabilitada". Agregó que la restricción "baja directamente de la Oficina de Comunicación" y remarcó que la acusación "no está judicializada ni comprobada en ningún punto".

La justificación y la contradicción

El Gobierno decidió restringir el acceso a periodistas de medios que publicaron artículos identificados con una campaña de espionaje ruso para desacreditar al gobierno de Javier Milei durante 2024. "Es una medida preventiva hasta esclarecer los hechos", dijeron voceros oficiales.

Hubo al menos seis casos — entre ellos El Destape, FM La Patriada, Tiempo Argentino, A24 y Ámbito Financiero — en los que periodistas acreditados no pudieron ingresar. Tampoco se les informó por cuánto tiempo se extendería la prohibición.

Pero la coherencia de la medida se desmoronó en el mismo momento en que se aplicó. En la lista del informe de openDemocracy también aparecían Infobae y El Cronista, pero en una contradicción que aún no tuvo una explicación oficial, esos dos medios no fueron censurados por el Gobierno y mantuvieron sus acreditaciones. El criterio de selección nunca fue explicado públicamente. A última hora del lunes, la prohibición sobre América 24 (A24) también fue levantada, dejando cuatro medios aún vetados. Por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se revocó el acceso por huella digital.

La medida fue replicada en la Cámara de Diputados bajo la conducción de Martín Menem, que extendió la restricción también al sitio Gritos del Sur. En el Senado, en cambio, respondieron que "no va a ocurrir", en una diferenciación pública de Victoria Villarruel, enfrentada políticamente con Milei.

La investigación que lo desató todo

El disparador fue un trabajo periodístico internacional publicado el viernes anterior. Una investigación basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio que incluye a openDemocracy, Dossier Center, iStories, Forbidden Stories y el argentino Filtraleaks — liderado por el periodista Santiago O'Donnell —, sostiene que una red rusa denominada "La Compañía" buscó influir en medios de Argentina para desacreditar al gobierno de Milei.

Los registros documentan al menos 250 noticias, análisis y artículos de opinión publicados en más de 20 medios digitales entre junio y octubre de 2024, presupuestados en 283.000 dólares. Las tarifas consignadas oscilaron entre 350 y 3.100 dólares por artículo.

La investigación, sin embargo, tiene limitaciones que sus propios autores reconocen. Los documentos no indican si el dinero fue a los medios, a los periodistas o a terceros. Los registros muestran inconsistencias, como artículos duplicados en planillas internas. La editora del consorcio, Diana Cariboni, fue explícita al respecto: "No tenemos pruebas si se pagó a un medio, un periodista o un intermediario".

Los editores de los medios señalados negaron cualquier implicación. Dos fuentes, sin embargo, admitieron ante openDemocracy haber recibido pagos, por montos inferiores a los documentados, a través de intermediarios que se presentaron como representantes de empresarios argentinos opositores al gobierno. La embajada rusa rechazó toda participación y calificó las acusaciones de "infundadas".

Lo que la "La Compañía" hacía

La campaña consistió en una serie de maniobras de "guerra híbrida" dirigidas a cuestionar al Gobierno con la difusión de noticias verdaderas y falsas, fomentar divisiones internas dentro del oficialismo, apoyar a la oposición y alentar conflictos con países vecinos.

Entre los medios con mayor volumen de artículos registrados en los documentos aparece Diario Con Vos con 37 notas, seguido por El Destape con 27, Diario Registrado con 26, C5N con 17, A24 con 10 y La Patriada Web con 9. También figuran Big Bang News y Ámbito Financiero, entre otros.

Una de las operaciones más llamativas que describen los documentos fue la colocación de una bandera durante un partido de la Copa Argentina en 2024 con la consigna "Sí al fútbol, no a la guerra", coordinada con la distribución de grafitis por Buenos Aires. También se registraron intentos de plantar noticias falsas sobre compras millonarias de collares de lujo para los perros del presidente.

La respuesta del periodismo y el timing sospechoso

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires calificó la medida como "un acto de censura directa contra el periodismo crítico" y exigió que los compañeros afectados pudieran trabajar con normalidad, encuadrando el episodio en lo que describió como una "política deliberada del Ejecutivo para dañar la libertad de expresión y disciplinar al periodismo en su rol de control de los actos de gobierno".

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación ante la presunta campaña extranjera, pero también pidió "evitar generalizaciones" que puedan derivar en cuestionamientos genéricos al ejercicio profesional.

El propio Santiago O'Donnell, el periodista argentino que participó de la investigación que desató todo, admitió sin rodeos que anticipó el uso político que haría el Gobierno de su trabajo: "Yo ya sabía que esto le iba a servir al gobierno, obviamente".

El timing de la medida tampoco es inocente. Los periodistas sancionados son, casualmente, algunos de los que en las semanas previas más presionaron a Manuel Adorni en conferencias de prensa por el crecimiento escandaloso de su patrimonio desde que asumió como funcionario. La censura llegó en el mismo momento en que la causa judicial contra el jefe de Gabinete se aceleraba con una batería de medidas de prueba.