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POLÍTICA

22 de abril de 2026

Milei lanza su reforma electoral con las PASO en la mira, Ficha Limpia como anzuelo y presión a los gobernadores

Desde Israel, el presidente anunció que este miércoles ingresará el proyecto al Senado. Busca eliminar las primarias abiertas, remodelar el financiamiento de los partidos y reinstalar el debate por Ficha Limpia — que en 2024 y 2025 cayó dos veces con el sospechoso accionar del propio oficialismo. En paralelo, la Casa Rosada negocia con gobernadores aliados para encadenar triunfos provinciales antes de las presidenciales de 2027 y presiona para que no desdoblen sus elecciones.

El anuncio llegó desde Tel Aviv, donde Milei todavía participaba de los actos por el Día de la Independencia israelí. A través de sus redes sociales, el mandatario señaló que el miércoles 22 enviaría la reforma electoral al Congreso con tres ejes centrales: la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento político y la aplicación de la Ficha Limpia. “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo”, completó el posteo. 
 



El proyecto ingresará por la Cámara de Senadores, donde el bloque de La Libertad Avanza buscará alianzas con los gobernadores. Luego, en caso de aprobarse, la disputa legislativa pasará a Diputados, donde los números son más ajustados. 


Los tres ejes del proyecto


El primero y más conflictivo es la eliminación definitiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El Gobierno sostiene que las PASO representan un costo innecesario para el Estado y que sus recursos deberían ser los propios partidos y no el erario público quienes financien sus internas. En el oficialismo reconocen que conseguir su eliminación total es difícil, dado el rechazo de gobernadores aliados, sectores del PRO y de la UCR. Sin los 129 votos necesarios para reformas electorales, el plan B es insistir con una nueva “suspensión” — como ocurrió en 2025 — en lugar de la derogación definitiva. 
El segundo eje es la reforma del financiamiento. La intención del oficialismo es eliminar el financiamiento público a partidos y campañas, y reemplazarlo por aportes voluntarios, donaciones de personas humanas o jurídicas y cuotas de afiliados.  En 2025 se había intentado avanzar en ese sentido con un esquema similar a los Super PACs de Estados Unidos, donde no existen límites al aporte privado. 
El tercer pilar es la Ficha Limpia, una norma que busca inhabilitar candidaturas de personas con condenas firmes en segunda instancia por delitos de corrupción. La Casa Rosada la incluyó como señuelo para captar a bloques de la oposición que reclaman su puesta en marcha y que de otra manera podrían negarse a tratar la reforma. 


La historia de la Ficha Limpia que el Gobierno prefiere olvidar


Incluir la Ficha Limpia en el paquete es un gesto de audacia que obliga a recordar que el propio Gobierno fue el principal responsable de sus dos fracasos anteriores.
En 2024, el oficialismo postergó en dos oportunidades el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados. En ambos casos, la causa fue la ausencia de legisladores del bloque libertario, lo que le valió la crítica del PRO. En 2024, una versión del proyecto impulsada por el PRO obtuvo dictamen de comisión, pero naufragó en dos oportunidades por falta de quórum. 
Luego, en mayo de 2025, el proyecto llegó al Senado con los votos aparentemente asegurados. Los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del bloque del ex gobernador Carlos Rovira, se sumaron a último momento al rechazo de la Ficha Limpia. La votación terminó con 36 votos a favor y 35 en contra, pero al tratarse de una reforma electoral necesitaba mayoría absoluta — 37 votos. El proyecto perdió estado parlamentario. 
En medio del escándalo posterior, Rovira adujo que respondía a un llamado del propio presidente Javier Milei.  El oficialismo lo desmintió, pero la sospecha de un pacto subterráneo entre la Casa Rosada y el kirchnerismo para dejar habilitada a Cristina Kirchner como candidata — y así garantizar la polarización útil que más le conviene a Milei — quedó instalada y nunca fue del todo desactivada.
Ahora, con el caso Adorni como telón de fondo y la Ficha Limpia reflotada también desde bloques de la oposición, el Gobierno la adopta como propia dentro de un paquete que estratégicamente mezcla una norma con respaldo ciudadano con una propuesta de eliminación de las PASO que enfrenta mucha resistencia legislativa.


La negociación con los gobernadores


En paralelo a la reforma electoral, la Casa Rosada activó a fines de la semana pasada su mesa de trabajo electoral 2027. Karina Milei habilitó esa mesa junto al ministro del Interior Diego Santilli y Eduardo “Lule” Menem, armador nacional y subsecretario de Gestión Institucional. El primer encuentro fue con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza). 
La estrategia tiene una lógica clara: llegar a octubre de 2027 con la mayor cantidad posible de triunfos en provincias gobernadas por aliados. Cornejo y Frigerio se comprometieron a adelantar los comicios y competir bajo el sello libertario. 
El razonamiento detrás de la maniobra fue explicado por fuentes del propio Gobierno. La idea es generar una corriente ganadora previa para la reelección de Milei y, al mismo tiempo, evitar que eventuales derrotas provinciales disparen la volatilidad del dólar y el riesgo país — como ocurrió en 2025 antes del rescate financiero que gestionó la administración Trump. 
La presión sobre los gobernadores tiene una cara amable y una amenaza explícita. Desde el entorno de Karina Milei fue categórica la advertencia: “Si adelantan, los vamos a enfrentar.” El desdoblamiento de los comicios provinciales respecto de las presidenciales se interpreta en Casa Rosada como un gesto de distanciamiento político.  La frase que circula en los pasillos oficiales es aún más directa: “Si adelantan, son traidores.”


El adelantamiento presidencial: debate abierto y obstáculos legales


Un nivel más arriba del tablero, el Gobierno también discute puertas adentro la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales de octubre de 2027 a mayo de ese año. Esa hipótesis fue confirmada como un debate abierto por dos importantes funcionarios del Gobierno y un gobernador dialoguista. El equipo económico imagina un 2027 financieramente complejo por la incertidumbre sobre la reelección de Milei y cree que despejar esa duda anticipadamente permitiría comprimir el riesgo país. 
Sin embargo, la jugada tiene obstáculos legales y políticos. El artículo 95 de la Constitución Nacional establece que las elecciones presidenciales deben realizarse dentro de los 60 días previos a la conclusión del mandato en curso, lo que limita el margen de adelantamiento.  Y el antecedente histórico no es alentador: Raúl Alfonsín adelantó los comicios presidenciales a mayo de 1989, fue derrotado por Carlos Menem y debió acordar una entrega anticipada del poder en julio, en medio de la crisis hiperinflacionaria.  En los propios pasillos libertarios circula esa comparación: “Adelantar elecciones es de loser”, dijo un dirigente con trayectoria.


Lo que el Gobierno busca realmente


Leída en conjunto, la reforma electoral no es solo una propuesta de modernización del sistema de partidos. Es la pieza legislativa central de una estrategia de supervivencia política. Para La Libertad Avanza, las chances de reelección de Milei crecen en la polarización con el kirchnerismo o con figuras que se puedan identificar con ese espacio. Las PASO podrían consolidar una alternativa opositora de centro que capture votantes desencantados — el escenario que más temen en la Casa Rosada. 
Eliminarlas — o al menos suspenderlas — achica ese riesgo. La Ficha Limpia, paradójicamente, también forma parte de la misma ecuación: si aplica y deja a Cristina Kirchner fuera de la cancha, el peronismo queda sin su figura más movilizadora. Si no aplica y Cristina entra, la polarización que favorece a Milei se garantiza. En ambos casos, el oficialismo calcula que gana.

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