Mendoza atraviesa la crisis hídrica más severa de su historia reciente, pero las reglas no parecen ser iguales para todos. Mientras el ciudadano común y el pequeño productor lidian con turnos de riego cada vez más acotados y una vigilancia técnica implacable, el Departamento General de Irrigación (DGI), comandado por Sergio Marinelli, acaba de cerrar un capítulo de "seguridad jurídica" para los grandes jugadores del agronegocio.
Mediante la reciente disposición del Honorable Tribunal Administrativo, el organismo oficializó la entrega de títulos de concesión para el uso de agua subterránea por un plazo de 50 años a la empresa Simplot Argentina S.R.L. Se trata de perforaciones estratégicas ubicadas en Cacheuta, sobre la margen derecha del río Mendoza, una zona donde la veda para nuevos pozos es la norma y no la excepción.
El peso de los apellidos
Simplot no es un nombre más en el esquema productivo local. La firma, un gigante global de la papa congelada, opera en el país asociada a Fabio Calcaterra, primo hermano del ex presidente Mauricio Macri. La planta, que desde su inauguración se erigió como un emblema de la gestión de Alfredo Cornejo, funciona en gran medida gracias al agua de los acuíferos mendocinos.
Lo que llama la atención de esta resolución no es solo el plazo —medio siglo de derecho garantizado sobre un recurso que escasea— sino el reconocimiento de que no son perforaciones nuevas, sino el blanqueo de una situación irregular. La empresa venía utilizando el agua bajo una cuestionable "tolerancia administrativa", una figura que suena más a un traje a medida para evitar sanciones que a un procedimiento estándar para cualquier regante de la provincia. Mientras a un productor mediano se le exige el cegado inmediato de pozos sin papeles, para el socio de los Calcaterra hubo una firma de regularización.
¿Beneficio social o privilegio privado?
Para justificar la entrega en una zona restringida, Marinelli se amparó en el argumento de que el proyecto representa un "beneficio económico y social" por la generación de empleo y exportaciones. Sin embargo, la mirada crítica se impone: ¿es el beneficio social mayor que el riesgo ambiental de sobreexplotar una cuenca en crisis?
Aunque la resolución impone la instalación de caudalímetros para la telemedición en tiempo real —una bandera que Marinelli ha levantado para mostrar transparencia—, el fondo de la cuestión es la discrecionalidad. La entrega formal por 50 años a una firma vinculada al poder político refuerza la percepción de una Mendoza que gestiona el desierto con criterios selectivos.
Un modelo de gestión bajo la lupa
Sergio Marinelli, funcionario del riñón más puro de Cornejo, insiste en que "lo que no se mide no se puede administrar". Sin embargo, el problema en Mendoza no parece ser solo la medición, sino la distribución de las prioridades. Entregar el manejo del agua subterránea a largo plazo a capitales vinculados a círculos de poder, mientras se debate un nuevo Código de Aguas que promete ser más restrictivo para el resto, marca un diferencial difícil de digerir.
La "seguridad jurídica" para Simplot es hoy la incertidumbre hídrica para los regantes aguas abajo. En el desierto, el agua es poder, y en esta entrega, el poder parece haber quedado, una vez más, en familia.
