El Salón de Actos del Poder Judicial de Mendoza fue escenario de una puesta en escena que, lejos de transmitir institucionalidad, respiró política partidaria. La apertura del año judicial 2026 no será recordada por anuncios de eficiencia, sino por ser el evento donde la "familia judicial" fue desplazada para dar lugar a la "familia política" del oficialismo.

Una platea a medida y el "asocio" con el poder

Llamó la atención la ausencia de jueces de cámara y magistrados de base. El malestar es total: no fueron invitados. En su lugar, la primera fila fue una extensión del gabinete. A la derecha de Dalmiro Garay se ubicó el gobernador Alfredo Cornejo. Lejos de disimular la cercanía, Garay fue explícito: destacó que la baja en la litigiosidad se logró gracias a acciones tomadas "en asocio con el Ejecutivo". Incluso le puso precio a esa sintonía, afirmando que generó un ahorro de 87,4 millones de dólares a la provincia. Para el presidente de la Corte, la Justicia parece ser una unidad de negocios del Estado.

El "exhorto" de Garay: ¿Justicia o mordaza?

El momento de mayor tensión llegó cuando Garay decidió "exhortar" a la prensa. En un tono irritado, pidió a los periodistas no hablar de la dependencia del Poder Judicial respecto al Ejecutivo. Para Garay, cuestionar la imparcialidad de los fallos es "hablar por hablar". Sin embargo, los datos matan el relato: la celeridad con la que la Corte y la Procuración —a cargo de Alejandro Gullé, habitual compañero de platea de Garay y Cornejo— convalidan cada medida oficialista, contrasta con la parsimonia en causas que afectan a ciudadanos comunes.

La interna que saltó el cerco

Si Garay pretendía mostrar unidad, el plan falló. Las sillas vacías de los ministros Mario Adaro y José Valerio fueron gritos silenciosos. La interna es feroz. Valerio, a pesar de su perfil duro, dejó trascender su descontento con el tono del discurso, mientras que Adaro marca una distancia cada vez más prudente de una conducción que percibe como una escribanía de lujo para el Barrio Cívico.

Mendoza asiste a la naturalización de una convivencia promiscua. Mientras la cúpula judicial y el procurador comparten tribunas y actos con el poder político, la sociedad mira con desconfianza un estrado que parece haber canjeado la venda de la justicia por una camiseta partidaria.