Bettina Julieta Angeletti es licenciada en Psicología y coach ontológica certificada. Hasta diciembre de 2023, cuando su marido Manuel Adorni asumió como vocero presidencial de Javier Milei, su actividad profesional era de bajo perfil. En 2024, un año después de la llegada del gobierno libertario, constituyó formalmente +BE, su consultora de coaching ontológico y liderazgo. Lo que siguió en los meses posteriores es lo que la Justicia federal, a cargo del juez Ariel Lijo en el Juzgado N°11 de Comodoro Py, investiga desde que la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal detallada con nombres, fechas y montos.

El punto central de la denuncia apunta a un presunto "circuito triangular de flujos económicos". El escrito establece un vínculo entre la petrolera estatal YPF, la naviera National Shipping SA y la consultora +BE, propiedad de Angeletti. Según la denuncia, la petrolera estatal mantiene desde hace décadas contratos con National Shipping, una compañía controlada por la familia Virasoro, dedicada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos livianos. Y fue esa naviera la que contrató a +BE para capacitar a sus gerentes y jefes. Las capacitaciones se realizaron en tres fechas concretas: 6 y 23 de noviembre de 2024 y 3 de octubre de 2025. El costo total: $6.370.000. El propio Adorni fue designado director titular Clase A de YPF el 30 de enero de 2026, con posterioridad a las capacitaciones — dato que National Shipping usó para defenderse públicamente. Lo que la defensa no responde es que Adorni ya era funcionario de alto rango cuando los contratos se firmaron: primero como secretario de Comunicaciones y luego como jefe de Gabinete desde noviembre de 2025. La jerarquía cambió. El poder sobre los organismos que contratan con National Shipping, no.

El segundo brazo del esquema es el Grupo Datco. El denominado Grupo Datco, que tiene contratos con ARCA, AySA, el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos y Lotería Nacional, subcontrató a su vez a la firma +BE de la mujer de Adorni. La denuncia lo describe con precisión quirúrgica: "Las empresas que mantienen vínculos comerciales con el entorno empresarial directo de un funcionario público que posee capacidad de decisión o influencia sobre organismos estatales podrían encontrarse en una situación susceptible de generar conflictos de interés." Datco le factura a siete organismos que dependen directa o indirectamente de la Jefatura de Gabinete. La Jefatura de Gabinete controla el presupuesto y la supervisión de esos organismos. Y Datco subcontrata a la esposa del jefe de Gabinete. El círculo no podría ser más cerrado.

El tercer brazo involucra a una figura que conecta los Adorni con el entorno más íntimo del poder: el Grupo Foggia, que pertenece a Mora Gorini, considerada la mano derecha de Karina Milei, contrató a la consultora de Angeletti. El Grupo Foggia no es un cliente cualquiera. Es una de las empresas preseleccionadas para quedarse con la concesión del predio de Tecnópolis, una licitación estimada en $183.000 millones para una explotación de 25 años que está a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo que depende del Poder Ejecutivo y cuya actividad Adorni supervisa como jefe de Gabinete. La empresa vinculada a la mano derecha de Karina Milei compite por una concesión millonaria que depende del gobierno, y mientras tanto contrata a la esposa del jefe de Gabinete para darle cursos de coaching a su equipo. Si el contrato con Tecnópolis prospera, la ecuación se completa sola.

La denuncia judicial solicita además que se investigue la evolución patrimonial de Adorni, ya que su salario como funcionario se mantendría en valores de 2023 mientras su patrimonio habría registrado un incremento notable. El expediente complementa así lo que ya investiga el juez Ariel Lijo en la causa del vuelo privado: un funcionario cuyos ingresos declarados no alcanzan para explicar sus adquisiciones patrimoniales, cuya esposa cobra del Estado de manera indirecta a través de empresas que él mismo supervisa, y cuya red de clientes se consolidó exactamente durante el período en que él ejercía el poder de influir sobre esos organismos.

La comparación que establece Pagano en su denuncia no es casual ni caprichosa. La legisladora cita expresamente las causas Hotesur y Los Sauces, en las que la Justicia federal investigó el uso de estructuras empresariales familiares para canalizar pagos de empresas contratistas del Estado hacia el entorno de Cristina Kirchner. La operatoria denunciada —creación de una estructura empresarial vinculada al entorno familiar de un funcionario público, a través de la cual empresas que contratan con el Estado canalizan pagos bajo la apariencia de prestación de servicios— es el mismo patrón que fundamentó aquellas investigaciones.  No es una acusación política. Es un marco jurídico que la Justicia argentina ya validó en otro caso.

Lo que +BE ofrece, según su descripción pública, son servicios de coaching ontológico: una disciplina de desarrollo personal y organizacional orientada al liderazgo, la comunicación y el cambio de paradigmas. Es una actividad legítima y reconocida en el mundo corporativo. El problema no es el coaching. El problema es quién contrata el coaching, por qué lo contrata en ese momento específico y quién es el marido de la coach. La denuncia no aporta cifras concretas sobre todos los contratos con Datco y Foggia, pero los menciona como parte del esquema general de vínculos entre la consultora y empresas que facturan al sector público. Lo que la Justicia deberá determinar es si esos vínculos son coincidencias de mercado o si hay detrás una estructura deliberada para hacer llegar dinero del Estado al entorno familiar de quien lo supervisa.

La Justicia federal deberá ahora determinar si los vínculos comerciales señalados constituyen actividades privadas legítimas o si configuran conflictos de interés o irregularidades en la relación entre empresas y el Estado. El juzgado N°11 ya tiene el expediente. El expediente ya tiene nombres, fechas y montos. Y el gobierno que llegó prometiendo el fin de la casta tiene en su jefe de Gabinete un caso que se parece — con nombre del organismo investigador, marco jurídico y todo — exactamente a lo que vino a reemplazar.