El fútbol argentino ha decidido pulsar el botón de pánico. Lo que comenzó como una disputa dialéctica y legislativa por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), ha escalado a un enfrentamiento judicial y gremial sin precedentes. Este lunes, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional detonó la bomba: no habrá fútbol en la fecha 9 —programada entre el 5 y el 8 de marzo— en ninguna de sus categorías.

La mecha se encendió el pasado viernes, cuando el juez Diego Amarante, a instancias de un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), citó a indagatoria a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino. La acusación apunta a una presunta retención indebida de aportes, una figura que en los pasillos de la calle Viamonte leen como una "operación política" dirigida directamente desde Balcarce 50 para asfixiar financieramente a la entidad.

El frente de batalla: ¿Evasión o persecución?

Desde la AFA, la respuesta fue tajante. A través de un comunicado oficial, el organismo aseguró que no existe deuda exigible y que los pagos se realizaron de forma voluntaria antes de su vencimiento. El argumento legal de la entidad madre es que ARCA está judicializando obligaciones que aún están en instancia de apelación, forzando una figura penal tributaria donde, según ellos, solo hay un proceso administrativo normal.

Sin embargo, el trasfondo no es meramente contable. Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, fue el encargado de ponerle voz al malestar de los dirigentes: "Se está declarando una guerra contra el fútbol. Quieren imponer las SAD a la fuerza cuando los socios ya dijeron que no". Sus palabras reflejan el sentir de una dirigencia que se ve acorralada entre la presión de los hinchas por mantener la identidad social de los clubes y la urgencia de un Gobierno que busca abrir el mercado al capital privado.

Un parate que mide fuerzas

La decisión de suspender la actividad no es solo un gesto de solidaridad con Tapia. Es una demostración de músculo social. En un contexto de ajuste económico, el fútbol sigue siendo el último refugio emocional de millones de argentinos. Al "apagar" los estadios, la AFA le devuelve la pelota al Gobierno, obligándolo a gestionar el costo político de un fin de semana sin goles.

Mientras el Gobierno insiste en que la transparencia fiscal no es negociable, los clubes denuncian una doble vara: se les exige como empresas, pero se les quitan beneficios como asociaciones civiles. La "guerra" está declarada y, por ahora, el único que pierde es el hincha que se quedará con las tribunas vacías.