La pelota no se mancha, pero los balances parecen estar salpicados de una opacidad sistémica. En las últimas horas, la justicia federal avanzó sobre una red de empresas fantasma que habrían servido de pantalla para el desvío de más de 50 millones de dólares provenientes de derechos de televisación y patrocinios de la Selección Argentina. Lo que comenzó como una auditoría de rutina se transformó en el "AFAgate", un escándalo que pone en jaque la conducción de la calle Viamonte.

El expediente detalla transferencias directas a sociedades integradas por personas que perciben planes sociales o que, en los papeles, se dedican a rubros tan disímiles como la venta de neumáticos y el asesoramiento financiero, sin estructura real ni empleados. La "ruta del dinero" no termina en oficinas de Puerto Madero, sino en una serie de quintas en el conurbano bonaerense donde, según testigos, se habrían llevado a cabo festejos privados en los que participaron magistrados que hoy deberían estar investigando la causa.

Esta promiscuidad entre el poder deportivo y el judicial no es nueva, pero la magnitud de las cifras y la desprolijidad de los prestanombres han dejado al descubierto un flanco débil. El oficialismo, rápido de reflejos, aprovecha el estrépito para volver a la carga con la implementación de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas), argumentando que la transparencia solo llegará con capitales privados. Sin embargo, la mirada crítica nos obliga a preguntar: ¿es la falta de transparencia un problema de formato jurídico o una matriz de corrupción enquistada que trasciende a los clubes?

Mientras los hinchas cuentan las monedas para pagar una entrada, los números de la AFA parecen escribirse con tinta invisible. La presión social crece y el silencio de las figuras de la Selección empieza a pesar. La pregunta que queda flotando es si esta vez la justicia irá hasta el hueso o si, como en tantas otras ocasiones, el poder del fútbol logrará tirar la pelota afuera.